domingo, 26 de agosto de 2012

Los juicios construyen una "memoria pública"

Entrevista a Elizabeth Jelin, socióloga e investigadora.

NEUQUÉN/CENTENARIO (AN/ACE).- La socióloga, investigadora del Conicet y especialista en el abordaje de las memorias de la represión política, Elizabeth Jelin, sostuvo que los juicios por delitos de lesa humanidad que se sustancian en la Argentina por los crímenes de la dictadura "dan pie a memorias o son soportes de memoria".

Jelin fue invitada a la región por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en el marco del desarrollo del segundo juicio por "La Escuelita"

En un encuentro con periodistas que trabajan en la cobertura de las audiencias por el juicio contra los 22 acusados de secuestros, torturas y desapariciones en la región durante la última dictadura, recordó que en estos procesos "todos los testimonios de las víctimas, de los sobrevivientes están basados en memorias".

Estimó que el resultado del proceso penal y de la sentencia del juicio "son elementos para una política de memoria pública".

Ejemplificó que independientemente de la polémica posterior del informe Conadep (sobre el prólogo o el eje de la teoría de los dos demonios) "fue la constatación oficial del Estado Argentino de que existieron los centros clandestinos, existieron los listados, las denuncias fueron tomadas y hasta testimonios de violencia sexual están allí, que en ese momento no fueron interpretados como un crimen específico diferente a la tortura, como ahora los estamos separando", describió.

Esbozó su hipótesis de que tanto los informes de las comisiones como los juicios "tienen un nivel de legitimidad que superan cualquier otro de los instrumentos de transmisión de la memoria social (como puede ser una marca simbólica, conmemoración de fechas y lugares); con una idea de verdad, de que es una verdad probada y que está reconocida; ese el lugar del juicio en esta historia de memoria", sostuvo. Aclaró que independientemente de que los juicios en los que se conocen los crímenes de la dictadura sean un "legado para la memoria", en primer término "es un acto de justicia. Cuáles son las consecuencias, las tendremos que estudiar después; estamos en contra de la impunidad, es importante hacer los juicios con todos los elementos de la justicia para dirimir las responsabilidades. Estos crímenes que se están juzgando son de lesa humanidad, horrendos, dejan marcas sociales tan profundas que en el derecho internacional se han decidido que no prescriben: en muchos casos el crimen continua, como los chicos secuestrados que siguen viviendo el secuestro hasta que se aclara su situación, pero aún en aquellos casos en que el asesinato o la desaparición ocurrió hace 35 años, fueron parte de planes de exterminio que es bueno que se puedan juzgar", determinó.

miércoles, 22 de agosto de 2012

Causa "La Escuelita" II: Fallido testimonio de dos expolicías neuquinos

Se desempeñaban en Cutral Co y Huincul en los 70.
Pero uno dijo que no recordaba y el otro no declaró.

NEUQUÉN (AN).- "No recuerdo ningún operativo militar, excepto los controles de ruta", dijo ayer el comisario retirado Miguel Ángel Balmaceda, que entre 1976 y 1978 era oficial de guardia en la comisaría de Huincul y que fue citado como testigo en el juicio en el que se busca establecer las responsabilidades de los imputados durante el operativo que en junio de 1976 marcó a la comarca petrolera.

Juan Domingo Vizcarra, otro comisario retirado de Neuquén, del que se tenían expectativas sobre lo que podía decir ante los jueces porque estaba en la comisaría de Cutral Co durante el operativo militar a la comarca petrolera, no declaró.

Balmaceda sólo recordó un episodio, supuestamente a mediados de 1976, cuando un jefe policial -del que no recordó el nombre- le ordenó por teléfono a la comisaría sexta de Huincul (donde cumplía guardia) que "no intervinieran" porque esa noche iba a haber un "operativo importante del Ejército en el campamento a YPF".

Aseguró que luego hubo denuncia de un familiar en la comisaría porque se habrían llevado a una persona y que "todo quedó asentado en el parte diario". No recordó tampoco a la familia denunciante.

El policía retirado no dio mayores precisiones, dijo desconocer el operativo militar en Cutral Co y tampoco recordó haberse enterado después por versiones de lo que había ocurrido en la comunidad contigua.

Cuando la fiscalía le preguntó por esos operativos que recordaba sobre la ruta, durante la dictadura militar, dijo que "eran idénticos a los de ahora, se pedía la documentación personal y no era tan preventivos; eran más extensivos a las personas".

Según revelaron abundantemente los testigos durante el juicio, fue notoria la presencia militar en los días en los que se le pedía precisión, con soldados en las calles, allanamientos, móviles militares y hasta hubo agentes policiales que hablaron de partícipes de otras fuerzas, que en un accionar conjunto recalaron en la comarca al menos por tres días de junio de 1976 cuando se llevaron a la capital neuquina a una decena de militantes y adolescentes de la comarca, con secuestros que incluyeron la inmovilización de estudiantes en tres escuelas diferentes, tanto de Cutral Co como de Huincul.

Las audiencias del juicio por los delitos cometidos durante la dictadura se reanudaron con una gran cantidad de testigos que fueron desestimados -más de una docena- supuestamente porque no aportarían más pruebas a los hechos que ya se conocen.

Sólo el imputado Osvaldo Laurella Crippa -interventor militar de la policía neuquina en 1976- siguió la continuidad del juicio desde Bahía Blanca, por videoteleconferencia.

Para el cronograma de los próximos días sólo quedaron habilitados para declarar cinco personas, por lo que se analizaba una nueva reestructuración del orden de citación.

Antes de Balmaceda, el militar Miguel Ángel Acuña y el policía Vizcarra se vieron sorprendidos con la novedad de que no declararían ante los jueces. Con evidente alivio, los testigos se retiraron de la sala sin hablar.

Vizcarra había sido solicitado por el defensor Hernán Corigliano. En las audiencias de mayo, el policía neuquino fue señalado por Octavio Méndez, estudiante en 1976, como el que lideraba la comisión que lo retiró por la fuerza de la escuela para llevarlo a la comisaría de Cutral Co, donde fue golpeado al igual que todos los que iban llegando detenidos.

Recordó que afuera, en el perímetro de la escuela y en los patios inclusive del establecimiento, habían soldados armados para evitar que los alumnos que se buscaban, pudieran escaparse del procedimiento.

lunes, 20 de agosto de 2012

Guglielminetti era buscado por narcotráfico en el 70

Se lo consideraba un delincuente peligroso y tenía pedida captura.
Testimonió un excorresponsal de "Río Negro" en Neuquén. 

El jefe de la corresponsalía Neuquén del diario Río Negro en 1976, Carlos Galván, aseguró que lo primero que supo de Raúl Guglielminetti fue que era un "peligroso delincuente" y que así se publicó en 1970. Después del golpe militar, el agente civil de inteligencia -uno de los imputados en este juicio- se jactaba de ser parte de la "comunidad informativa", una reunión de "espías" que planificaba la captura de quienes estuvieran en contra de la dictadura.

Galván declaró en el juicio por delitos de lesa humanidad porque el 17 de agosto de 1976, en la madrugada, fue testigo directo de cómo el dirigente de Agua y Energía de Roca, Rubén Ríos, escapó del grupo de tareas que lo había secuestrado en su casa. Ríos logró salir del baúl del auto en el que era llevado a "La Escuelita" y fue visto por Galván cuando corría en ropa interior por el puente carretero Neuquén-Cipolletti.

Luego el sindicalista volvió a ser atrapado por quienes después lo torturaron.

El periodista se exilió en Brasil luego de que, por su actividad y la exposición de su esposa, María Cristina De Cano, en la búsqueda de tres cipoleños desaparecidos (Luis Genga y las hermanas María Cristina y Silvia Botinelli) sus hijos fueron amenazados de muerte. Tras el ultimátum Galván consultó al segundo jefe de la regional neuquina, Antonio Casal, por la entidad de esa advertencia, quien le advirtió que el matrimonio se tenía que ir "ese mismo día". Consultado sobre Guglielminetti dijo que "en 1970 el subcomisario de la federal Gustavo Sommer me dijo que habían capturado a un peligroso delincuente que tenía pedido de captura nacional e internacional, por contrabando de armas, estupefacientes y de un incendio en Iquitos (Brasil), y que se llamaba Raúl Guglielminetti".

Dos años después de aparecer en las páginas policiales Guglielminetti volvió a la zona, se empleó en 1972 en el diario Sur Argentino de la familia Sapag; estuvo en el informativo de LU5 y en 1976 se jactaba, entre otras cosas, de integrar la "comunidad informativa", una organización secreta de "espías". "Todos los espías formaban parte de la comunidad informativa, él decía que participaba y lo había hecho en dos oportunidades; nosotros no sabíamos quiénes la integraban porque era secreto, el único bocón era él" describió.

Casal, en su turno como testigo de este juicio, describió cómo Guglielminetti formó parte del grupo que iba a actuar en la región como integrante de la "triple A" (Alianza Anticomunista Argentina) que el ex interventor de la Universidad del Comahue, Dionisio Remus Tetu, intentó comandar a fines de 1975. Los vinculó -a Tetu y a Guglielminetti- con los tres atentados que hubo ese año: en el juzgado Federal, la librería Libracos y la agencia del diario Río Negro.

Galván aseguró que cuando se produjo el golpe militar y los dueños de los diarios fueron citados en el Comando, el general Horacio Tomás Liendo les presentó al mayor Oscar Reinhold, de Inteligencia, como el "nexo" entre los periodistas y el comandante.

En su labor, recurrió a Reinhold para chequear situaciones de desaparecidos, como el caso de Ríos o el de Cecilia Vecchi, y siempre tuvo respuestas como "si quería publicar, lo publicara y que me atuviera a las consecuencias", recordó. Cuando decidió irse de la región tras la advertencia telefónica de que iban a "estampar" a sus hijos contra la pared como mariposas, Galván conocía la desaparición de "Luis Genga, las hermanas Bottinelli, Ramón Jure, Carlos Kristensen, el grupo de teatro Génesis, Alicia Villaverde y Darío Altomaro que fueron secuestrados, llevados a Bahía Blanca y abandonados con señales de tortura".

Galván señaló a Miguel Ángel Quiñones -policía rionegrino imputado en esta causa- como quien dio el dato a una tercera persona de la liberación de Genga "en un espacio entre Centenario y Arroyito", y ante una consulta puntual, aclaró haber conocido a Quiñones cuando ambos vivían y trabajaban -cada uno en su labor- en Cinco Saltos, en 1968. Recordó que el 24 de marzo de 1976 el general Liendo le exigió a los directores de los diarios regionales la censura y "autocensura" para que se abstuvieran de publicar "nada que afecte el proceso en marcha".

martes, 7 de agosto de 2012

Ex enfermero complicó a Guglielminetti y dos represores a otro juicio

NEUQUÉN (AN).- Un enfermero que se desempeñó en la U9 los meses posteriores al 24 de marzo de 1976, aseguró que Raúl Guglielminetti sacaba a "presos políticos" de la cárcel durante la noche y los regresaba con evidentes signos de tortura.

Federico Blonski (76 años) llegó a la zona como sargento primero en la década del '60 y fue dado de baja por inconducta militar. Para 1976 ejercía como enfermero en el Castro Rendón y de allí fue declarado "prescindible"; con posterioridad continuó con la labor profesional en la U9 hasta que lo obligaron a renunciar, y se fue a Sierra Grande porque en Neuquén no conseguía trabajo y "tenía miedo".

El enfermero sostuvo haber estado el 25 de marzo en la U9 durante la noche, y que en el sector de calabozos, "estaba lleno de jóvenes (hombres y mujeres) que habían sido detenidos" por razones políticas, entre los que recordó a Jorge Jure.

Aseguró que Guglielminetti, a quien dijo haber conocido antes cuando se presentaba como periodista del Diario "Sur Argentino", se hacía llamar "mayor Guastavino, venía con un oficial del Ejército y con soldados; traía prisioneros y se los llevaba; los traía luego en muy malas condiciones".

Describió que cuando regresaban esos detenidos "venían con los oídos reventados, y a otros se les notaba que les habían aplicado la picana eléctrica". Aseguró que no los trató él sino que lo supo en el penal, porque fueron colocados "en un ala de la unidad donde no los veía", y que tampoco se le ordenó asistirlos médicamente.

Los defensores cuestionaron al testigo porque se enteró de los hechos a través de otros penitenciarios, a quienes no identificó.

Dos para el otro juicio

NEUQUÉN (AN).- El jefe del destacamento de Inteligencia 182 en Neuquén, Mario Gómez Arenas, y el encargado de atender a los familiares y responsable del traslado de las víctimas, Luis Farías Barrera, irán a juicio junto con el excomisario de Cutral Co en 1976, Héctor Mendoza.

Así lo dieron a conocer los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano. Su situación "se acumula" a la causa 808/12, de Mendoza, para lo cual ya se designó el mismo tribunal de enjuiciamiento, se indicó ayer extraoficialmente.

Mendoza fue elevado a juicio y esta acusado por todos los casos de víctimas del operativo Cutral Co, que fueron ventilados los primeros meses de este juicio. El comisario neuquino no integró la actual lista de imputados en este proceso porque permaneció prófugo en Paraguay, de donde fue extraditado en 2010.

Gómez Arenas y Farías Barrera presentaron problemas de salud en la apertura de las audiencias, y el juicio estaba suspendido para ellos. Los militares están acusados de la mayoría de los casos de secuestros y torturas por su rol protagónico en las definiciones de quiénes debían ser detenidos y cuál era su destino final.

Farías Barrera tiene detención domiciliaria en Alta Barda. Trasladó a cuatro de los seis desaparecidos de este juicio y nunca más se los vio.

Reconstruyeron el secuestro de Chávez en Cutral Co

Los autores destruyeron la casa de sus padres.

Su esposa nunca supo por qué, ni lo volvió a ver.

NEUQUÉN (AN).- "Nunca se pudo saber nada, para nosotros se lo tragó la tierra", graficó ayer la esposa de Carlos Chávez, desaparecido de Cutral Co en junio de 1976 sin que aún se conozca su destino.

Testimonios de sobrevivientes dieron cuenta de que luego de que fue secuestrado de su casa en Cutral Co, se lo escuchó en el centro clandestino de Bahía Blanca, donde está radicada la investigación de su caso.

La reapertura del juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén se llevó a cabo ayer en el salón de audiencias de Amuc.

Gladis Durán de Chávez fue la testigo propuesta por la fiscalía para "complementar todo el operativo Cutral Co", especificó ayer el fiscal José María Darquier.

La mujer dijo ante los jueces que Chávez fue secuestrado violentamente de la vivienda de sus padres por un grupo de personas "que destruyeron la casa", "no dieron explicaciones" y "entraron como si fueran ladrones" la madrugada del 14 de junio de 1976.

Describió que el grupo actuó con los rostros tapados "pero llevaban armas largas, y borceguíes, botas como de policía y el pantalón y bombachas verdes", describió.

Detalló que llegaron al domicilio amenazando a un conocido para que les indicara dónde vivía Carlos Chávez, agregó que una vez que lo apresaron, lo envolvieron en una frazada, y en el mantel de la cocina se llevaron "todo lo que pudieron" de la heladera.

Nunca más lo volvió a ver ni supo de él. Indicó que cuando algunos de los secuestrados "comenzaron a aparecer, surgió que alguno lo vio". Le indicaron que lo habían observado en un auto de la policía el día de la detención masiva en Cutral Co y Huincul, pero "cuando fuimos a la comisaría, el comisario (por Héctor Mendoza) le dijo que "ahí no había pasado nada". Sostuvo que tampoco logró respuestas en el Comando, por parte del mayor Oscar Reinhold.

Carlos Chávez trabajaba en YPF, y la defensa de los militares insistió en conocer si tenía alguna militancia. "Si mi marido tuvo alguna vinculación con los grupos de ese momento, se ocupó mucho de que nosotros no lo supiéramos; no lo pude saber posteriormente, nunca nadie me dijo que estaba en otro lugar que no fuera en las cosas de la Iglesia, o del gremio. Nunca se me hubiera pasado por la cabeza semejante tragedia", dijo la mujer luego en rueda de prensa, en tanto ante los jueces exigió Justicia "por el terrible daño" que acarreó la dictadura. "Nunca entendí qué fue lo que pasó, fue tan terrible y desagradable, que aguardo que alguna vez se haga justicia", finalizó.

Durán se posicionó a favor de peticionar la figura de homicidio para los desaparecidos.

domingo, 5 de agosto de 2012

Se reanudan las audiencias por "La Escuelita" II

A partir de las 14 declararán testigos del operativo Cutral Co.
Falta el testimonio de más de 80 personas de aquí a septiembre.

NEUQUÉN (AN).- Con un cronograma que prevé la presentación de casi 80 testigos de prueba hasta septiembre próximo, comenzará hoy la última etapa del juicio por los delitos cometidos durante la dictadura militar en el Alto Valle.

El debate se reabrirá a partir de las 14 en el salón Verde de Amuc, con los testimonios de familiares de detenidos - desaparecidos durante el operativo "Cutral Co", y de agentes penitenciarios y policías federales solicitados por las defensas.

El cronograma de audiencias fijó la continuidad del proceso de prueba hasta la primera semana de septiembre con más de 72 personas que deberán comparecer ante los jueces, aunque a este listado se sumarían al menos una decena de citaciones. Los jueces deben aún decidir sobre más de 15 testigos que en la etapa anterior fueron postergados porque en el momento de la convocatoria no se los halló, o pidieron un aplazamiento de la fecha.

Entre ellos se encuentra el caso de los tres hermanos Pailos, que fueron propuestos como testigos por las víctimas que acusan a los policías rionegrinos imputados en esta causa por las detenciones ilegales y las torturas en la comisaría de Cipolletti.

Como se recordará, los jueces Orlando Coscia, Mariano Lozano y Eugenio Krom consideraron que los Pailos no estaban en condiciones de atestiguar porque se sentían amenazados, y acordaron analizar su posible presentación en una etapa posterior.

En estas semanas se espera conocer la resolución de los jueces sobre la salud de los imputados Mario Alberto Gómez Arenas (jefe del destacamento de Inteligencia 182) y Luis Alberto Farías Barrera (Jefe de Personal del Comando, encargado de atender a los familiares y responsable del traslado de los detenidos) y si el juicio continuará suspendido para ellos.

Tras el receso judicial, el listado de testigos contiene en su mayoría a retirados de las fuerzas policiales, militares y federales que fueron propuestos por las defensas. También incluye en los últimos días, a los testigos de concepto solicitados por querellantes y defensores.

La primera audiencia comenzará a las 14, y habrá continuidad de testimonios mañana y el miércoles durante toda la jornada. "Arrancan en esta etapa las testimoniales de diferentes fuerzas represivas que fueron convocados por las defensas, incluidos los del servicio penitenciario, y que nosotros planteamos que van a aportar la participación de estas fuerzas en el plan sistemático porque desde la U5, o la U9 o la U6 se llevaban a la gente para torturar: si bien no están imputados, reflejará el rol que esta fuerza aportó a lo que fue la dictadura"; dijo la querellante Ivana Dal Bianco.

Aseguró que varios de los comparecientes de este mes "más que testigos, deberían ser imputados porque tuvieron un rol activo en los operativos de secuestro".

jueves, 2 de agosto de 2012

“La Policía Federal fue una pieza clave de la represión en Neuquén”

 Así lo manifestaron los querellantes en el juicio por delitos de lesa humanidad.
Esa dependencia fue un centro ilegal de detención y torturas antes de ponerse en funcionamiento “La Escuelita”.
Por Georgina Gonzales y Pablo Montanaro
Ramón González, alias “Perro” (fallecido en octubre de 1988), y Raúl Guglielminetti eran quienes realizaban los interrogatorios. 
 
Neuquén- Algunos de los testimonios brindados por víctimas y testigos durante las audiencias de la primera parte del juicio contra 23 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura militar, que se está desarrollando en esta ciudad y que retomará el próximo lunes 6 de agosto, confirmaron el rol significativo que desempeñó la Policía Federal en Neuquén en el marco de la alegada lucha contra la subversión.

A esto se le ha sumado la detención a mediados de julio en la Unidad Nº9 del Servicio Penitenciario Federal de Jorge Alberto Soza, quien se desempeñara como segundo jefe de la Policía Federal de Neuquén desde septiembre de 1975 y enero de 1977, período en el que se registró la mayor cantidad de detenciones y secuestros en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

El texto del procesamiento con prisión preventiva dictado por el Juzgado Federal Nº2 contra Soza señala “el rol de la Policía Federal Argentina en la alegada lucha subversiva en cuyo marco fueron cometidos los hechos aquí investigados fue preponderante, no sólo en cuanto a la experiencia que el personal policial tenía para su formación en cuanto a la práctica de llevar a cabo allanamientos, detenciones, labrar actuaciones sumariales, etcétera, como a la vez por las tareas de inteligencia que desarrollaba personal de su repartición”.

En ese tiempo la delegación de la Policía Federal en Neuquén estaba a cargo del comisario Jorge Ramón González, alias “Perro” (fallecido en octubre de 1988), quien junto al agente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti, imputado en esta causa, realizaban los interrogatorios.

Según consta en la instancia de instrucción, esa dependencia “recibía en horario diurno detenidos provenientes de otras unidades de detención que eran interrogados bajo la aplicación de tormentos y luego devueltos por la noche a su lugar de origen.

En la ejecución de las actividades ilegales se encuentra acreditada la participación de personal de Policía Federal y personal civil de Inteligencia militar”. Cuando Soza fue indagado luego de su detención, el ex policía afirmó que nunca vio detenidos en la delegación de la Policía Federal y negó que el lugar haya sido utilizado para interrogatorios y aplicación de torturas a detenidos.

Para Ivana Dal Bianco, abogada querellante por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), la Policía Federal “fue una de las fuerzas fundamentales en el genocidio de Estado que se desató a partir del 24 de marzo de 1976”. Es que la delegación de la Policía Federal, ubicada en la calle Santiago del Estero 130 de esta ciudad, fue utilizada como centro de interrogatorios y torturas mucho antes de junio de 1976 cuando comenzó a funcionar “La Escuelita”.

Prueba
Para Dal Bianco, la prueba más clara del rol de la Policía Federal durante los años de la dictadura está en que allí “llevaban a los detenidos hasta que se puso en funcionamiento La Escuelita, era el lugar de secuestro y era una comunidad entre todas las fuerzas, decidían a quién secuestraban, había una conexión y un aporte fundamental, no sólo de la fuerza sino de las instalaciones”.

Por su parte, el abogado querellante por la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), Juan Cruz Goñi, señaló que en la sede de la Policía Federal “se instituyó un verdadero centro de detención, donde se mantuvieron detenidas a las víctimas ilegalmente en condiciones inhumanas y donde muchas de ellas fueron cruelmente interrogadas y torturadas, lo que quedó demostrado en los casos, entre otros, de Orlando Balbo y Carlos Kristensen pero también por una serie de casos que serán tratados en el tercer tramo del juicio contra los represores en el que muchas víctimas relatarán lo sucedido en ese lugar”.

Indicó que en el marco del esquema represivo la conexión de la delegación de la Policía Federal de Neuquén con Capital Federal era manifiesta “en razón de que es posible afirmar que nuestra región se comportó como una zona de recolección de víctimas que luego eran enviadas a Coordinación Federal.

Ello quedó comprobado en el caso Susana Mordasini e inclusive se verá reforzado en el tercer tramo del juicio”. Mordasini tenía 16 años cuando en 1977 fue secuestrada de la casa de sus abuelos en Neuquén donde vino a pasar sus vacaciones (el mismo día en que en Buenos Aires detenían a su hermana) y llevada al Batallón, luego a la U9 y de ahí a la Alcaidía y posteriormente trasladada a la Capital Federal donde fue alojada en el tercer piso de Superintendencia de Coordinación Federal, junto con otros presos políticos.

Cutral Co
La Policía Federal fue clave en el Operativo Cutral Co porque los interrogatorios a las personas detenidas durante los días 14 y 15 de junio en la Comarca se hicieron en la delegación de la calle Santiago del Estero.

Dal Bianco aportó que no sólo la Policía Federal participó de los secuestros de esos dos días sino antes, “el 9 de junio con la detención de Alicia Pifarré, Susana Mujica, Arlene Seguel y Argentina Seguel”. “Participaron de secuestros de personas que aún están desaparecidas”, agregó.