jueves, 26 de julio de 2012

Escuelita II: "Hay una clara intencionalidad de salvar a la policía de Rio Negro"

(AW) La abogada querellante del Ceprodh, Ivana Dal Bianco, expresó que quienes buscan desacreditar a los testigos, víctimas de torturas de una comisaría de Cipolletti, en realidad actúan para defender a la policía de esa provincia.
Lo dijo la abogada querellante del Ceprodh, Ivana Dal Bianco, en relación a quienes desacreditan a los testigos que fueron interrogados y torturados en la comisaría de Cipolletti. También hizo una evaluación del primer tramo del segundo juicio contra represores, que se reanudará el lunes 6 de agosto.

Dal Bianco consideró que durante el debate oral y público "hubo testimonios impresionantes, que no solamente contaron las cosas tremendas, terribles que les hicieron vivir, sino también que reivindicaron su militancia política, su militancia revolucionaria en algunos casos, su militancia estudiantil, su origen político".

A su entender quedó demostrado, en el trascurso de las audiencias, que funcionó en la zona un circuito represivo del que participaron todas las fuerzas.

La abogada hizo especial hincapié en que Dora Seguel, víctima del Operativo Cutral Co, cuya hermana, Arlene Seguel permanece desaparecida, no pudo explayarse en su declaración pues su caso quedó excluido de la causa. "No son casos aislados", destacó. Y agregó que cada testimonio es fundamental a la hora de reconstruir el plan sistemático de exterminio.

"Tienen un enorme y profundo sentido estos juicios si nosotros los usamos para discutir cuál fue la verdad histórica de lo que pasó en Argentina, cuales son las conclusiones que hay que sacar de los años `70 para que sirvan para el día de hoy, el rol de las fuerzas represivas, demostrar la impunidad de cada una de las fuerzas", aseguró.

Además señaló que aportan "en la subjetividad de cada uno de los compañeros que tuvo que declarar" para quienes resulta en muchas casos "liberador".

Afirmó que en comparación al primer debate que se desarrolló en la región en 2008, éste involucra a figuras como la del ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti "que representa en sí mismo la triple A".

En cuanto a las perspectivas para la segunda parte del debate, en que las defensas intentarán mellar el relato de las víctimas, especialmente las que apuntaron al personal que prestó servicios durante la última dictadura cívico militar en la comisaría de Cipolletti, Dal Bianco dijo que "va a ser discutida, muy discutida".

"Ahí vamos a tener que ser también muchos denunciando que hay una clara intencionalidad de salvar a la policía de Rio Negro, porque es la fuerza que hoy utiliza el gobierno de Rio Negro para sus intereses, es la policía que asesinó en Bariloche a Bonefoi, Cárdenas y Carrasco", manifestó.

Respecto a testigos como Alejandro Rojas, policía neuquino retirado que fue identificado por Nelly Curiman como "el terror de la militancia", la abogada explicó que los juicios alcanzan a "personajes emblemáticos" y a quienes "estaban en las primeras líneas de cada una de las fuerzas represivas y no llegar al fondo de la cuestión"

miércoles, 18 de julio de 2012

El ex policía federal Soza quedó detenido en la U9

El uniformado acusado de delitos de lesa humanidad fue extraditado en 2010 por España

El subcomisario federal Jorge Alberto Soza fue encarcelado el miércoles por el juzgado federal de Neuquén, luego que se certificó el fallo de la Cámara Nacional de Casación que confirmó su procesamiento por todos los hechos por los cuales fue extraditado desde España en 2.010.

Soza permanecía en Neuquén con un régimen de excarcelación y debía presentarse semanalmente ante Gendarmería a la espera del juicio, ya que si bien la Cámara de Roca había dictado la falta de mérito y el sobreseimiento de la mayoría de los casos por los que fue acusado inicialmente, una de las denuncias había quedado firme porque la víctima lo reconoció durante su detención ilegal en 1.976.

Tras la decisión de la sala IV de Casación Penal el 13 de julio pasado, Soza fue alojado en la U9 el martes. No hubo inconvenientes en su caso para el ingreso al penal, en tanto quedó alojado en el pabellón en el que están detenidos la mayoría de los imputados que están siendo sometidos a juicio por los delitos cometidos durante la dictadura militar.

Antes de lograr el régimen excarcelatorio, Soza había solicitado prisión domiciliaria debido a que tiene más de 70 años, sin embargo, hasta ayer la defensa oficial que lo asiste, no lo había planteado al juzgado.

El subcomisario federal retirado está acusado de 17 hechos de tortura, 10 secuestros ilegales y 8 hechos de privación ilegítima de la libertad por su participación durante la dictadura militar en los grupos de tarea. Específicamente fue acusado por el secuestro y las torturas a perseguidos políticos que fueron interrogados bajo tormentos en la delegación de la federal en 1976.

Según lo planteó el Ceprodh, que logró que Casación penal revocara los sobreseimientos por los nueve casos de las víctimas del "operativo Cutral Co", ya que la Sala IV evaluó que hubo prueba de que la policía federal participó del megaoperativo de secuestro que se llevó a cabo en la comarca petrolera entre el 9 y el 14 de junio de 1976; por lo que en su calidad de segundo jefe de la federal, ordenó su procesamiento como lo había hecho el juzgado de primera instancia en julio de 2.010 por su responsabilidad en este operativo.

lunes, 16 de julio de 2012

Una secretaria de la Cámara de Casación Penal ejercía como abogada de su padre ante ese Tribunal

Todo depende de los jueces y de Dios
La doble función de la hija del represor

Se trata de María Laura Olea, cuyo padre fue condenado por delitos de lesa humanidad. Los camaristas resolvieron “el cese inmediato” de su rol como defensora “por motivos de decoro”.

 Por Irina Hauser

María Laura Olea es secretaria de la Cámara de Casación Penal. No está de licencia, ni fuera de servicio, ni nada parecido; sin embargo, hasta esta semana ejercía simultáneamente la defensa de su padre, el general de brigada (R) Braulio Olea, y lo hacía ante el mismo tribunal donde trabaja. La situación había quedado en evidencia en diciembre del año pasado, cuando dejó lo que estaba haciendo en su despacho y apareció como si nada en una audiencia en la Sala IV para exponer la posición del represor, quien había apelado la condena a 25 años de prisión que recibió en 2008 por crímenes de lesa humanidad en Neuquén. A pesar de que se le abrió un sumario, ella siguió interviniendo como abogada: presentó pedidos de nulidad, pidió fotocopias y hasta recusó a los jueces que evaluaban el caso de su padre. La seguidilla derivó en un plenario de “superintendencia” entre los presidentes de cada sala donde el jueves último resolvieron “el cese inmediato” de su “actuación en calidad de defensora particular” ante la propia Casación “por motivos de decoro”.

Aunque en el tribunal hay quienes no descartan que Olea intente pelear la resolución de sus superiores, ya debería abandonar su papel de abogada. Lo que los camaristas todavía no resolvieron es la “prevención sumaria” que, según los resultados, podría llegar a costarle desde una sanción hasta el cargo. Por lo pronto, el debate entre los jueces que participaron del “acuerdo de superintendencia” derivó en que uno de ellos, Mariano Borinsky, llevara el tema más lejos y propusiera reformar el Reglamento para la Justicia Nacional para impedir que los funcionarios de la Justicia penal puedan actuar como abogados ante ese mismo fuero. Hoy por hoy, la norma lo permite, previa autorización, en caso de causas personales o en representación de familiares directos. Según Borinsky, esa regla podría considerarse viable en juicios sucesorios, por ejemplo, pero debería ser impensable en casos penales, más aún en el mismo tribunal donde la persona cumple funciones. Nadie se opuso, alguno asintió y el debate quedó en carpeta para el próximo acuerdo general.

En 2008, aferrándose al reglamento vigente, Olea pidió licencia para ir a ejercer la defensa de su padre militar ante un tribunal oral de Neuquén, donde se lo juzgaba junto con otros siete represores que estuvieron a cargo del centro clandestino de detención La Escuelita. Su jefe, el camarista Eduardo Riggi, de quien es estrecha colaboradora, le dio autorización. También tuvo aval de otros camaristas (Liliana Catucci, Angela Ledesma, Juan Fégoli y Juan Carlos Rodríguez Basabilvaso). Riggi no está en un buen momento de su carrera judicial, ya que se lo investiga en la causa sobre presuntos sobornos que habrían estado destinados a conseguir la libertad de los integrantes de la patota acusada de matar a Mariano Ferreyra y así favorecer al titular de la Unión Ferroviaria, José Pedraza. Dos ex secretarios suyos –Octavio Aráoz de Lamadrid y Luis Ameghino Escobar (h)– serán indagados por ese tema después de la feria.

Cuando volvió a su puesto en la Cámara de Casación, Olea no dejó de atender la causa de su padre. Así fue como se presentó en una audiencia en la Sala IV en diciembre, donde formó equipo con el abogado Gerardo Ibáñez. Nadie la cuestionó en el momento, pese a que fue una jornada de diez horas, coincidentes –además– con su horario laboral. Sin embargo, la situación no pasó inadvertida y era chocante en un momento en que el tribunal se esmeraba por demostrar ánimo de acelerar las causas de derechos humanos y eliminar trabas que entorpecen los juicios orales. Ledesma, quien por entonces presidía la Cámara, resolvió iniciar una investigación preliminar para determinar si debería ser sumariada. Un antecedente que complicaba el escenario para la secretaria era su presunta participación en un escrache al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, impulsado por un grupo de hijos de represores (autodenominado “Hijos y Nietos de Presos Políticos”) el día que presentó en la Facultad de Derecho su libro Derechos Humanos: Justicia y Reparación.

Aun con la investigación en su contra a cuestas, en los últimos meses, Olea se ocupó de presentar recursos varios en la propia Cámara de Casación, desde pedidos de nulidad hasta una recusación contra los integrantes de la Sala VI, a cargo de revisar la condena por el juicio de La Escuelita. La recusación, por supuesta falta de imparcialidad, fue rechazada por los propios jueces (Borinsky, Gustavo Hornos y Juan Gemignani) y ahora la analizan sus pares de la Sala II. Otros episodios profundizan el malestar hacia ella en el tribunal, aunque no han sido formalmente denunciados, como su presencia frecuente entre el público que va a ver las audiencias de las causas contra distintos represores. O su presunta irrupción –según narraron dos funcionarios del tribunal– en un despacho de la Sala IV, donde un empleado la habría sorprendido revisando el expediente de su padre, ante lo cual le advirtió que era secretaria de la vocalía de Riggi.

En la reunión de “superintendencia” que finalmente se hizo la semana pasada, los camaristas discutieron si la autorización a Olea como defensora había caducado, y en qué medida su desempeño en el tribunal donde se encuentra el expediente debió impulsarla a dar un paso al costado. La conclusión quedó reflejada en unas pocas líneas: “Como fruto de una amplia deliberación, por motivos de decoro, corresponde el cese inmediato de la actuación en calidad de defensora particular ante esta Cámara Federal de Casación Penal de la funcionaria María Laura Olea”. Hasta Riggi, quien evidentemente decidió despegarse, firmó el texto, junto con Borinsky, Raúl Madueño, Alejandro Slokar y Pedro David, quien preside el tribunal.

Está por verse qué pasará de aquí en adelante con la investigación sumaria –que conduce David–, que en estos siete meses no ha exhibido avances. Las resistencias al juzgamiento de los crímenes de la dictadura todavía se filtran por lugares y grietas asombrosos

viernes, 6 de julio de 2012

"Esto fue un terrorismo y un genocidio"

Jorge Alberto Ruiz
Ernesto Joubert
NEUQUÉN (AN).- "A mi no me llevaron de inmediato a 'La Escuelita' porque se les había muerto Albanesi"; dijo Jorge Ruiz, quien espera que se realice el tramo del juicio por delitos de lesa humanidad donde se debatirá su caso.

Ayer declaró para corroborar las versiones de otros secuestrados con los que compartió la cárcel. Antes que él también declaró Juan Ricardo Bialous, quien corroboró las circunstancias en las que fue detenido el productor cipoleño José Luis Albanesi y cómo debieron ir a reconocer el cuerpo menos de una semana después de que permanecía desaparecido bajo la órbita del Comando.
Ruiz fue detenido en la U9 por su militancia en la PJ en junio de 1.977. Detalló los tormentos y las circunstancias de las torturas que De Filippis le relató ni bien llegó del centro clandestino.

Le peticionó a los jueces Orlando Coscia, Mariano Ferrando y Eugenio Krom: "esto fue un terrorismo y un genocidio, no sólo contra los 30.000 desaparecidos, sino con los más de 500.000 argentinos que padecimos en las cárceles, comisarías y lugares de exterminio, los dos millones de argentinos que vivimos el exilio interior y el exterior y el robo de bebés; les pido que consideren esto como terrorismo y genocidio", sostuvo.

Ernesto Joubert padeció tormentos varios días en Gendarmería de Junín de los Andes antes de ser trasladado a "La Escuelita", donde se ensañaron con él por su militancia en la Juventud Peronista.

Ayer ante los jueces Identificó al gendarme Emilio Jorge Sacchitella como el interrogador en medio de los tormentos, que aseguró los supervisaba personalmente. Dio los nombres de Aguirre y Henríquez como otros de los gendarmes que participaban de las torturas y reconoció a Artemio Domínguez como uno de los carceleros en el centro ilegal de detención.

"Yo ya no militaba; había dejado de participar cuando subió Isabel (Perón), pero tenía en mi casa literatura peronista", dijo Joubert. Ante una denuncia, cuando pasó frente a Gendarmería en Junín le dijeron que estaba "detenido por subversivo". A los golpes lo llevaron primero al edificio y luego a su casa, donde además de libros le sacaron revistas como "el descamisado".

Joubert describió padecimientos terribles en mano de los gendarmes. Dijo que mientras uno lo pisaba otro le hacía un submarino seco (ahogamiento con una bolsa plástica) y le retorcían los genitales en medio de gritos y amenazas para que diera nombres de otros integrantes de la JP. "Siempre estaba Sacchitella, el era el que supervisaba", insistió.

Describió simulacros de fusilamiento y una salida al lago donde le aseguraban que lo dejarían ahogarse con el peso de cadenas en su cuerpo.

Su madre no pudo visitarlo durante la detención, tampoco su hermana, que vino desde Buenos Aires.

En el viaje de Junín al Batallón sufrió dos simulacros de fusilamiento; una vez en el centro clandestino "las palizas eran sin preguntar nada". Dijo que estuvo más de dos semanas bajo constantes golpes, aplicación de picana, colgado de las esposas y con prácticas de clavarle agujas bajo las uñas para que sangraran. Otros tormentos eran la ruleta rusa y los "platillos en los oídos".

En dos oportunidades dijo haber estado en presencia de un médico. Recordó que le sacaron una foto.

Pudo ver bajo la venda a algunos de los carceleros, y años después los reconoció en Junín. Identificó a uno como Domínguez (actualmente a la espera de juicio en Bahía Blanca). Fue sacado de la sala de torturas para ser encarcelado en la U-9. En su celda siempre hubo un cartelito que decía "a disposición de la subzona 52".

martes, 3 de julio de 2012

Últimos días del juicio por lesa humanidad en Neuquén

NEUQUEN (ACE).- Hoy se iniciará la última semana de audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad durante la dictadura militar, antes del receso judicial de julio. El debate oral y público se encuentra en su etapa final, ya que sólo restan 10 audiencias en agosto con pruebas y peritajes.

Para esta semana, se espera el desarrollo las últimas dos denuncias de los 39 casos por los cuales se inició este segundo tramo del juicio, que tiene por imputados a 22 militares retirados, policías rionegrinos, civiles de inteligencia y un gendarme.

Precisamente la responsabilidad del gendarme Emilio Jorge Sacchitella se ventilará el jueves, cuando se escuche la denuncia de Ernesto Joubert, quien fue secuestrado en la zona cordillerana y traído para ser torturado en "La Escuelita", en los fondos del Batallón neuquino.

Para hoy se espera conocer los detalles de los peritajes y los informes de la autopsia y otros certificados médicos que se realizaron al productor de Cipolletti, José Luis Albanesi, quien falleció en el centro clandestino de Neuquén en momentos en los que era interrogado bajo tormentos por los incendios ocurridos en los galpones "La Colmena", una sociedad cooperativa familiar.

El "blanqueo" de su muerte que ocurrió mientras permanecía desaparecido, se hizo en el Castro Rendón, en septiembre de 1977.

La responsabilidad del médico militar, coronel retirado Hilarión de la Pas Sosa en la producción de los certificados de defunción serán parte de la prueba que se ventile hoy en juicio.

El jueves y viernes se ventilarán los casos de Joubert -de Junín de los Andes- y de Roberto Mario Copollechia -de Bariloche-, también traído desde la zona cordillerana a la U9 y "La Escuelita", en 1977.

Las audiencias se inician a las 9 en el salón de Amuc, con una concurrencia a sala llena en las últimas semanas.

El tribunal, integrado por los jueces Orlando Coscia, Mariano Lozano y Eugenio Krom ya definieron el cronograma de próximas citaciones de testigos, que se retoma el lunes 6 de agosto, para finalizar el miércoles 5 de septiembre.

Después de esa fecha el Tibunal Oral Federal deberá definir si convoca nuevamente a los testigos que durante el desarrollo del juicio no asistieron en los días citados, o si se inicia la etapa de alegatos de las partes.

En su mayoría, los imputados han permanecido ausentes del debate oral y público, a excepción del general de brigada Osvaldo Laurella Crippa -teniente coronel en 1976 cuando fue interventor de la policía neuquina- que siguió todas los días las instancias judiciales desde Bahía Blanca y por videoteleconferencia, en tanto presenciaron algunos tramos del debate los comisarios rionegrinos retirados Alberto Camarelli, Miguel Angel Quiñones y Desiderio Penchulef; en los días en que hubo testimonios de casos que los involucraban.