Atentado contra las Madres en Neuquén

“Queremos decirles que si buscan que nosotras dejemos la lucha pueden esperar sentados porque parados se van a cansar. ¡No les tenemos miedo!”, dijo enfáticamente la madre de Plaza de Mayo neuquina Inés Ragni durante el acto de apoyo a esa entidad que ayer se desarrolló en la puerta de su casa, baleada el pasado lunes a la madrugada. El ataque se produjo la misma semana que en Neuquén comenzó un nuevo juicio a militares y policías represores que actuaron en el centro clandestino de detención “La Escuelita” de Neuquén y en comisarías y otros centros que desde 1976 funcionaron en la rionegrina Cipolletti. El atentado al lugar donde también funciona desde hace dos años la Casa de las Madres neuquina provocó una reacción de repudio de amplios sectores políticos, sindicales y estudiantiles.

“Nos pueden tirar todos los tiros que quieran en la puerta que vamos a seguir saliendo a la calle y vamos a ir a todas partes como lo hemos hecho hasta ahora desde hace más de 36 años”, dijo Ragni, quien tampoco dudó en afirmar que “sabemos que son ellos, que están escondidos y esperando para dar el zarpazo. Pero no los tenemos que dejar avanzar”.

“No les tenemos miedo... ¿treinta y cinco años en la calle y les vamos a tener miedo ahora?”, se preguntó Ragni, contestándose ella misma, en medio de los aplausos de la gente y los medios que acudieron a la conferencia de prensa, con una contundente respuesta: “¡Ni un paso atrás!”.

Fue Dolores Rigoni, otra de las madres históricas de Neuquén, conocida como Lolín, quien expresó: “Estos actos tienen una contradicción: nos reúne el horror y la agresión brutal de estos genocidas asesinos pero también nos junta con los que queremos y nos acompañan. Con este pueblo que como dice el canto ‘lucha y pelea. No quiere el olvido ni la impunidad’”. Fue ella quien agradeció “llamados solidarios y de apoyo de muchas partes del país” y también recordó la figura entrañable del ex obispo Jaime Francisco De Nevares. “Don Jaime nos está haciendo un guiño desde el cielo, diciéndonos ‘adelante Madres. No aflojen’”, dijo, emocionada, Ragni.

Al mismo tiempo que se realizaba el acto de apoyo frente a la Casa baleada de las Madres neuquinas, en la sala principal del Tribunal Oral Federal de Neuquén culminaba la tercera jornada de audiencias del juicio conocido como “La Escuelita II”.

 Agrupaciones sociales, políticas, sindicales y de derechos humanos dieron su apoyo ayer a las Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle tras el ataque que sufrió la vivienda de una de las integrantes de esta asociación en la madrugada del lunes.
El frente del domicilio de Inés Ragni, integrante de Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle, en donde funciona esta organización de derechos humanos, recibió al menos cuatro disparos.
Inés y Oscar Ragni viven en la calle Mascardi 55 donde en el frente funciona la sede de la Casa de las Madres donde ayer se podían observar los orificios de al menos cuatro disparos.
Alrededor de las 3 del lunes, el matrimonio escuchó disparos pero no lo vincularon con ningún ataque personal. Recién el miércoles por la tarde, la profesora de canto que les alquila un salón notó los rastros de por lo menos cuatro balazos en la puerta.
El jueves a la mañana, Oscar Ragni realizó la denuncia en la Comisaría Tercera y a los pocos minutos personal policial visitó la vivienda para realizar las pericias correspondientes y aclararon que los disparos provinieron "de un revólver con un calibre menor a 9 milímetros".
Oscar Ragni, representante de la Corriente por los Derechos Humanos, atribuyó el ataque "a un mensaje". "Una semana antes del 24 de marzo estuvimos hablando sobre la iniciación del segundo juicio contra los represores acusados de delitos de lesa humanidad en la región, que comenzó el miércoles, por lo que está claro de donde viene el ataque”, explicó.
Los Ragni recibieron ayer el acompañamiento de todas las organizaciones de la ciudad que reclamaron a viva voz el esclarecimiento de este lamentable hecho. "Durante los años de dictadura nunca habíamos recibido una 'amenaza' como esta. Sí tuvimos llamados, alguna vez nos siguieron en auto pero nunca dispararon sobre nuestra casa", precisó.
"No les tenemos miedo. Sabemos que son ellos. Están escondidos esperando avanzar y no los tenemos que dejar. Treinta y cinco años en la calle ¿y les vamos a tener miedo ahora? Entre todos vamos a triunfar, ni un paso atrás", subrayó la integrante de Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle.

Genocidas mudos

La gran mayoría de los imputados se abstuvo de declarar y respondieron una vez más al pacto de silencio para no revelar nombres, hechos o circunstancias de los secuestros, torturas y desaparición de personas por los que están en el banquillo de los acusados en el juicio de "La Escuelita" II. No obstante se abre la expectativa de que algunos de los cinco que resta cumplir la formalidad antes de las testimoniales, pueda hacerlo cuando se reanuden las audiencias el 11 de abril.

Ayer quien se destacó fue el agente de inteligencia del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti, con una actitud soltura y por momentos de dominio de la situación, no declaró pero, casi en tono desafiante, anticipó que "lo haré en otras circunstancias, después de los alegatos"

Pero la audiencia se abrió con el rechazo por unanimidad del Tribunal integrado por Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano, a todos los planteos realizados por las defensas el jueves.

No prosperaron el pedido de dividir el juicio entre militares y policías provinciales y careos.

"No ha lugar", respondió el Tribunal a la requisitoria de la defensora Paola Rubianes, que insistió en reclamar que antes de que se iniciaran los testimonios las víctimas que habían denunciado haber sido picaneados con electricidad, se prestaran a pericias de médicos de la Corte Suprema. "La prueba médica autorizada está en curso y en cuanto se reciba será puesta a disposición de las partes", se reafirmó.

Se rechazó la pretensión de que los policías rionegrinos fueran juzgados en otro ámbito, y en cuanto a anular la acusación de la fiscalía, se resolvió que "la prueba es compleja, eficiente y fundamentada", y que "no está afectado el derecho de defensa en juicio" de los acusados.

En tanto aceptaron el pedido de que se ingrese por lectura las declaraciones de los testigos que fallecieron en los últimos meses.

Ayer ante planteos los jueces resolvieron que luego de las indagatorias los acusados que lo prefieran durante las audiencias puedan permanecer en la U-9; que los imputados excarcelados puedan volver a sus domicilios hasta la reanudación de las audiencias.

Los querellantes dieron a conocer el atentado contra la casa de los Ragni y la casa de las Madres, calificándolo de "brutal y cobarde".

"El Ejército me puso un nombre de fantasía: Rogelio Ángel Guastavino", dijo ayer Guglielminetti, el agente civil que trabajó, precisamente, bajo el alias de "mayor Guastavino", en tareas de inteligencia y se desempeñó en varios centros clandestinos del país, en similares tareas a las que cumplió en esta zona.

El ex agente de inteligencia se explayó largamente ante los jueces cuando le solicitaron sus datos personales antes de que se le consultara si quería declarar en su defensa por las denuncias que está acusado.

Reveló que tuvo otra identidad hasta los 18 años, Raúl Antonio Beleni, cuando su padre de crianza, Amleto Guglielminetti, le dio su apellido.

Explicó además que ya fue condenado a 25 años de prisión por el TOF 2 de Capital Federal por "delitos similares a los de esta causa", en la ESMA; mientras que también cuenta con otra condena de 20 años dictada por el TOF 1 por la causa "Automotores Orletti".

Al hablar de su vida dijo que también estuvo preso, seis meses, en Perú; otros tantos en España; y que llegó a Neuquén en 1965, donde permaneció hasta después del 76.

Guglielminetti ya tiene 70 años y en este proceso tiene negado el beneficio excarcelatorio.

“Digan qué hicieron con nuestros hijos”

Por Elio Brat
Desde Neuquén

Neuquén, la ciudad más poblada de la Patagonia, es escenario desde ayer del juicio oral y público con mayor cantidad de militares y policías acusados de cometer delitos de lesa humanidad en tiempos de la dictadura militar. Como estaba previsto, 21 de los 24 represores imputados se sentaron en el banquillo de los acusados frente al Tribunal Oral Federal de Neuquén que comenzó a juzgar la causa denominada “La Escuelita II”, tomando como nombre al campo de concentración más terrible que funcionó en el sur argentino entre los años 1976 y 1979. Con la lectura de las acusaciones sobre 39 casos elevados a juicio terminó la primera jornada.

Se detallaron delitos cometidos en la propia Neuquén Capital, pero también en la petrolera Cutral-Có y las ciudades rionegrinas de Cipolletti y Cinco Saltos. Seis de las 39 víctimas se encuentran aún desaparecidas. La próxima audiencia será el 11 de abril, pero se estima que recién el miércoles 18 comenzarán a declarar los 200 testigos previstos. El primero será el maestro Orlando “Nano” Balbo, quien reconoce a Raúl Guglielminetti como uno de sus torturadores.

Cuando el presidente del tribunal, Orlando Coscia, pidió el primer cuarto intermedio se produjo el primer cruce entre familiares de las víctimas y militantes de organismos de derechos humanos con los represores que estaban en la sala muy cerca de ellos, separados por un vidrio blindex.

“Ustedes son unos cobardes, basuras, que están ahí apretados porque torturaron y mataron a nuestros pibes”, gritó Oscar Ragni, uno de los fundadores de la APDH en Neuquén y padre de un joven neuquino desaparecido que lleva su mismo nombre. Su esposa, Inés Ragni –la misma que en el primer juicio del 2008 se paró ante los militares acusados y les dijo “ya tengo 78 años de edad y antes de morir quiero saber ¿qué hicieron con nuestros hijos, quién dio la orden, porqué no dan la cara?”–, junto a Lolín Rigoni, ambas Madres de Plaza de Mayo Filial Neuquén –la primera que se conformó en el país bajo el acompañamiento del recordado obispo Jaime De Nevares–, destinaron la mayor parte de sus gritos a Raúl Guglielminetti, quien estaba sentado en el lugar más cercano al público. “Asesino, decí qué le hiciste a Susana Mujica”, gritó Inés al momento que el propio Guglielminetti la miró sorprendido sin realizar ni una mueca. Susana, hija de Beba Mujica, fallecida hace algunos años en Neuquén, fue secuestrada en junio de 1976 en esta ciudad junto a Cecilia Vechi, Alicia Pifarré, Mirta Tronelli, Graciela Romero de Metz y Arlene Seguel. A 35 años de ese secuestro masivo, las seis jóvenes aún están desaparecidas. Mientras en la sala se producían esos hechos, afuera en la calle Carlos H. Rodríguez decenas de estudiantes, trabajadores docentes, judiciales y estatales enrolados en la CTA –que llamó a un paro de 24 horas para asistir al comienzo del juicio–, obreros de Zanon, militantes de distintos organismos, partidos de izquierda y público en general que se acercó al tribunal no dejaron de redoblar sus bombos y cantar. Algunos llegaron muy temprano, poco después de las 7, con el objetivo de estar al momento en que dos combis del Servicio Penitenciario Federal trasladaron a los militares y policías enjuiciados. Uno de ellos, Gervasio Díaz, de HIJOS Alto Valle, dijo a Página/12 que “como hicimos en el primer juicio, cuatro años atrás, vinimos temprano para escrachar a estos genocidas, para quienes exigimos la cárcel común y no como muchos de ellos, que aún condenados están libres en sus casas”.

Díaz subrayó que para ellos en este juicio no hay 39 víctimas, sino 38: “José Luis Cáceres, quien para este tribunal es una víctima, fue integrante del grupo de tareas de Remus Tetu, interventor desde el ’75 en la Universidad Nacional del Comahue. Es un genocida más”, afirmó. Una de las abogadas de la querella, Ivana Dal Bianco, apoyó esta versión. “Cáceres era miembro de la Triple A, pero por una interna en ese grupo terminó detenido. Por eso nosotros en este juicio reconocemos y defendemos a 38 víctimas de genocidio en Neuquén y Río Negro”, subrayó.

Juzgan en Neuquén a 24 represores por la causa "La Escuelita II"

Comenzó esta mañana en el Tribunal Oral Federal de Neuquén, el juicio oral y público a 24 represores acusados de delitos de lesa humanidad cometidos en las provincias de Rio Negro y Neuquén, durante la última dictadura militar.
La audiencia es presidida por el Juez Orlando Coscia junto a los vocales, Eugenio Krom y Mariano Lozano en la causa que se conoce como "La Escuelita II", en alusión al Centro Clandestino de Detención que funcionó en el batallón militar de Neuquén en ese entonces.

En 2008 se realizó en Neuquén el primer juicio por las consecuencias del terrorismo de Estado implementado por la dictadura, en el que fueron condenados ocho ex militares que también están imputados en este nuevo proceso.

El ex agente civil de inteligencia, Raúl Guglielminetti, es otro de los procesados junto a ex miembros del Ejército, Gendarmería y también de la policía provincial de Río Negro.

Por video conferencia, el juicio es seguido en la Cámara Federal de Bahía Blanca por los imputados Oscar Lorenzo Reinhold y José Ricardo Luera, y en el Consejo de la Magistratura de Buenos Aires, por el militar retirado Osvaldo Antonio Laurella Crippa.

El único imputado que no se presentó al debate -por razones de salud- es el ex jefe de inteligencia del Comando de la Sexta Brigada de Neuquén, Mario Alberto Gómez Arenas.

Durante esta primera jornada se inició la lectura de la requisitoria fiscal por los casos de 39 víctimas de la región, seis de las cuales permanecen detenidas-desaparecidas.

La delegada en Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Beatriz Gentile, asistió al juicio en su calidad de querellante en la causa.

En declaraciones a Télam, Gentile dijo que "se concreta algo que tendría que haber sido hace dos años y por lo tanto este inicio es central. También es importante la presencia de todos los imputados escuchando la acusación que me parece fundamental".

"Cada vez que uno escucha el relato de lo sucedido confirma aún más la necesidad de hacer justicia en la Argentina, de modo que estoy conforme y con la expectativa de lograr condenas para los represores", agregó.

La dirigente de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén -APDH-, Noemí Labrune, manifestó que "estamos gozando de este momento que no se hubiera dado si alguien hubiera aflojado y suponemos que el juicio va a ser muy interesante para toda la comunidad".

Precisó que "se van a ver aspectos de la represión, la organización de inteligencia y la participación de otras fuerzas que no fueron conocidas durante el primer juicio realizado en 2008".

Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo, expresó que "ninguno de nuestros hijos está para decir la verdad, pero ahora ellos (por los acusados) tienen la oportunidad de hacerlo".

"Nosotros les seguimos exigiendo cara a cara que digan qué es lo que han hecho, quien se llevó a nuestros hijos, quien los torturó y que pasó con ellos. Mientras no digan la verdad vamos a seguir en la calle", enfatizó Ragni.

Un momento de tensión se vivió dentro de la sala cuando las Madres, junto con familiares de una de las víctimas, repudiaron a los represores, que permanecían sentados en sus sillas separados del público y de la prensa por un vidrio.

La sala fue desalojada algunos minutos, hubo un cuarto intermedio y poco después se reanudó la audiencia.

Frente al Tribunal, se concentró desde la mañana temprano un nutrido grupo de manifestantes, quienes arrojaron huevos a los represores cuando eran introducidos al edificio por los uniformados que los custodiaban.

Un maestro torturado en La Escuelita

Neuquén : Juicio contra 24 represores de la dictadura
Un maestro torturado en La Escuelita

El dirigente docente Orlando “Nano” Balbo será el primer testigo del juicio en el que se juzgará al ex agente de inteligencia Raúl Guglielminetti, entre otros represores. El proceso abarca delitos cometidos contra 39 víctimas.

 Por Elio Brat. Desde Neuquén

El segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura en la llamada Subzona 52 comenzará hoy en Neuquén. El Tribunal Oral Federal de esta provincia, compuesto por los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom y Norberto Ferrando, tendrá delante suyo a 24 represores imputados, entre ellos al ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti y al ex coronel Oscar Lorenzo Reinhold. El primer testigo identificará a Guglielminetti como cabeza principal del grupo que lo secuestró el 24 de marzo de 1976 y luego lo torturó en el edificio que fue y sigue siendo el lugar de la Policía Federal en esta capital patagónica. Se trata del maestro y dirigente de los docentes neuquinos Orlando “Nano” Balbo, quien en 1976 estudiaba y trabajaba en la Universidad Nacional del Comahue, lugar donde el propio Guglielminetti tenía un puesto laboral a instancias de quien fuera rector de esa universidad, Remus Tetu. Balbo relató a Página/12 qué siente ante la posibilidad de contar ante un tribunal lo que él y sus compañeros sufrieron.

“Cuando Guglielminetti me detiene, la mañana del 24, en Neuquén, pensaba que Nano era mi nombre de guerra, pero yo soy Nano porque mi hermana no podía pronunciar mi nombre, Orlando. Así me conocen hasta hoy mis familiares y mis amigos. Yo había llegado la noche anterior muy tarde desde Buenos Aires y me levanté para avisar a mis amigos que el golpe era un hecho. Cuando tiraron abajo la puerta de la casa donde estaba, el primero que apareció con una Itaka fue Guglielminetti. Rompieron todo e hicieron un despliegue impresionante en la calle. Pensé: ‘¿Todo esto por un gil como yo?’. Pero después me di cuenta de que era por muchos.”

–¿Cuántos años tenía? ¿Militaba?

–Tengo 63, así que en ese momento tenía 27. Cuando Remus Tetu llegó a la universidad, yo estudiaba Ciencias Agrarias. Fue él quien nos cesanteó a muchos que trabajábamos allí en ese tiempo. Yo siempre fui docente y desde 1973 fui nombrado coordinador de la campaña de alfabetización en todo Neuquén del gobierno de (Héctor) Cámpora. Militaba en la Juventud Peronista. Primero en el Peronismo de Base, donde pensábamos que el peronismo era una gran bolsa de gatos, pero donde los trabajadores habían logrado organización e identidad, sin una dirección consciente que les permitiera dar una pelea contra los grupos de poder... Hoy miro nuestra realidad y siento que eso sigue vigente (risas).

–Cuando declare, va a estar muy cerca de Guglielminetti. ¿Es como una revancha después de 36 años?

–No... (piensa). Por momentos tengo una sensación contradictoria, porque uno estuvo 36 años guardando información y lo más suave era olvidarlo, ya que revivirlo era como ser torturado otra vez. Sin embargo, creo que es una estrategia de todos los sobrevivientes. La historia de la humanidad es que “alguien tiene que sobrevivir para contarlo”. Alguien tiene que contar lo que pasó. Y eso nos mantuvo vivos a muchos.

–¿Cómo vivió los días previos a su declaración?

–Estoy muy contento de poder declarar, más allá de que no va a ser fácil. Llego por el apoyo de las organizaciones de derechos humanos, fundamentalmente de Noemí Labrune (de la APDH de Neuquén) y en su momento de (el obispo de Neuquén) Jaime De Nevares. Varias veces le dije a Don Jaime que nunca podríamos poner presos a quienes fueron represores en la dictadura y él me contestaba que era un hombre de poca fe. Lo otro es que todos nosotros, los que sobrevivimos a aquello, tenemos una obligación.

–¿Cuál?

–Yo no me considero una víctima, sino un testigo de cosas terribles. Siento que tengo la obligación de dar testimonio para que el Nunca Más sea una posibilidad. Además, es muy difícil y remota la esperanza de que (los represores) nos digan qué hicieron con nuestros desaparecidos, que les den los cuerpos a sus familiares y que digan dónde están o qué hicieron con ellos, pero eso no va a hacer que no lo sigamos intentando.

–¿Tiene alguna esperanza en éste y otros juicios a los represores?

–Veo al tribunal como una posibilidad de hablarle a la sociedad. Después, el tribunal sabrá qué tiene que hacer con esto. Siempre me acuerdo de lo que escribió Primo Levi como sobreviviente de Auschwitz, cuando dice que “si bien comprender resulta imposible, conocer es impostergable, porque las conciencias pueden volver a oscurecerse. Incluso la nuestra”. Creo que esa frase me mantuvo para llegar a dar testimonio y decir lo que viví.

–¿Hace cuánto que no ve a Guglielminetti?

–Lo vi hace un par de años, cuando lo trajeron a declarar a Neuquén, cosa a la que se negó por supuesto. Pero antes, cuando volví al país de mi exilio en Italia, lo vi como guardaespaldas de Alfonsín... Entonces preparé la valija y me dije “yo me vuelvo a Europa”. Fue Jaime De Nevares quien me hizo quedar y aquí estoy.


EL PAIS
La Escuelita II: 39 víctimas y 24 imputados

 Por Elio Brat

En el segundo juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura militar en la llamada Subzona 52 se juzgará a 24 represores, entre ellos al ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti y al ex coronel Oscar Lorenzo Reinhold. De los imputados, nueve ya fueron condenados en el primer proceso, en 2008, por torturas en el centro clandestino de detención La Escuelita, de Neuquén.

En el banquillo de los acusados se sentarán jefes militares, suboficiales, civiles que trabajaban en inteligencia del Ejército, personal de Gendarmería y comisarios rionegrinos retirados, que al momento de los hechos integraban el área de inteligencia de la policía o la jefatura de comisarías de Cinco Saltos y Cipolletti. Así, comparecerán ante el Tribunal los militares retirados que actuaron en el campo de concentración conocido como La Escuelita, de Neuquén: José Ricardo Luera, Enrique Braulio Olea, Hilarión Sosa, Luis Alberto Farías Barrera, Oscar Lorenzo Reinhold, Mario Alberto Gómez Arenas, Enrique Charles Casagrande, Máximo Ubaldo Maldonado, Osvaldo Antonio Laurella Crippa, Gustavo Vitón, Jorge Osvaldo Gaetani, Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Sergio Adolfo San Martín y Francisco Julio Oviedo. También serán juzgados el gendarme retirado Emilio Jorge Sacchitella; los civiles de inteligencia Raúl Guglielminetti y Serapio del Carmen Barros y los ex comisarios rionegrinos Antonio Camarelli, Julio Héctor Villalobo, Saturnino Martínez, Miguel Angel Quiñones, Gerónimo Huircaín, Oscar Ignacio Del Magro y Desiderio Penchulef. Además de las 24 defensas, participarán del proceso gran cantidad de querellantes por las 39 víctimas. La acusación estará ejercida por el fiscal José María Darquier y Marcelo Grosso. Fuentes judiciales adelantaron que por la cantidad de testigos el juicio podría extenderse por más de ocho meses.

Se posterga el inicio del juicio: una ayudita desde la Cámara de Casación

 Pedirán condenas por genocidio

Así se expresaron desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), que es parte querellante en el proceso judicial contra ex jefes militares e integrantes de otras fuerzas represivas. Esperan que los acusados reciban "prisión perpetua en cárcel común".   Neuquén > “Este juicio tiene que ver con el pasado pero también con el presente, no sólo por las consecuencias económicas que significó el genocidio, el ataque a los trabajadores y al pueblo, y la imposición del plan económico que vivimos hoy, sino también la relación con la impunidad”. Con estas palabras resumió Ivana Dal Bianco, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), las expectativas del organismo que actuará como querellante en el juicio que se inicia el miércoles 7 de marzo  que juzgará a ex jefes militares e integrantes de otras fuerzas de seguridad que actuaron en la región durante la última dictadura militar.La abogada, junto a su colega Natalia Hormazabal, advirtió que la mayoría “de los genocidas están impunes” y que los que van a juicio “son pocos, por algunos casos y no por todos”. 

“Esto tiene que ver con que una de las piezas claves del genocidio es haber garantizado la impunidad de los represores”, aseguraron. Por eso, las profesionales del Ceprodh esperan que los acusados reciban como condena “prisión perpetua en cárcel común”.Destacaron la importancia de que en este segundo tramo del juicio no sólo se juzgará a los ocho ex represores condenados en 2008 por delitos de lesa humanidad sino también a los integrantes de otras fuerzas represivas que secuestraron, torturaron y desaparecieron a militantes políticos, estudiantes y trabajadores y que hasta el momento “no se los había tocado", como por ejemplo la Policía de Río Negro, "que en su mayoría actuaba en los grupos de tareas o quienes estaban en las comisarías de Cipolletti y en el Destacamento de Inteligencia 182”.También destacaron que estará sentado "en el banquillo de los acusados" Raúl Guglielminetti, "quien fue parte de la Triple A, que operaba desde la Universidad del Comahue junto con Remus Tetu, y que después formó parte de los grupos de tareas de la dictadura", precisó Dal Bianco. 

Para Hormazabal, este histórico proceso judicial presenta una particularidad: "empieza a mostrar el circuito represivo en el que actuaron Policía Federal, las policías de Neuquén y Río Negro, Gendarmería y Ejército”. "Sigue la impunidad"Las abogadas del Ceprodh cuestionaron la forma de juzgamiento que se llevará adelante ya que consideran que se deben juzgar a todos los imputados "por circuitos represivos y no por casos individuales como en este caso"."Por ejemplo, en el juicio anterior hubo una condena a siete años a Francisco Julio Oviedo, quien participaba como ex suboficial de Inteligencia”, explicaron.El pasado 17 de febrero, los jueces del Tribunal Oral Federal decidieron que, de los 24 procesados, los que tienen prisión domicliaria la mantengan y los que están en condición de excarcelados también, con la condición de que se presenten los días de las audiencias en la Unidad Penal 9 de Neuquén y así ser trasladados al juicio. En caso de no hacerlo, se les terminará el beneficio procesal y deberán esperar la sentencia en la cárcel mientras duren las audiencias.“Los ex militares que están con prisión domiciliaria o excarcelados siguen demostrando la impunidad. Que estén excarcelados o con prisión domiciliaria es un peligro para las víctimas. 

En Argentina, Jorge Julio López está desaparecido desde 2006, asesinaron a puñaldas a fines de 2010 en Rafaela a Silvia Suppo, quien fuera testigo en los juicios en los que se condenaron a represores”, dijo Hormazabal.“No es menor el peligro de presión y amedrentamiento que los acusados pueden realizar sobre los testigos y víctimas. Recordemos que en 2007 Luis Farías Barrera, quien está cumpliendo prisión domiciliaria en su casa de Alta Barda, amenazó a uno de sus denunciantes en este juicio”, precisó Dal Bianco.Dal Bianco destacó la “pelea” que desde hace más de treinta años siguen dando los organismos de derechos humanos y Madres de Plaza de Mayo “para que se conozca la verdad histórica de lo que ocurrió y se condene a los responsables del genocidio”.“Acá no debemos contentarnos con condenar a los jefes, a los ex militares emblemáticos, lo que la sociedad quiere es que vaya preso el que torturaba y todos aquellos militares, policías y civiles que formaron parte del plan genocida”, expresaron. 

 
El viernes, el Tribunal Oral Federal de Neuquén decidió suspender el comienzo del juicio tras conocer la resolucóhn de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca que resolvió dejar sin efecto la designación del juez Mariano Lozano para integrar el tribunal y mencionar en su reemplazo al Juez Norberto Ferrando y, como jueza sustituta, a María del Carmen de la Barrera de Inglemo.
La resolución emitida por la Cámara Federal de General Roca de dejar sin efecto la designación del juez Lozano para atender en esta causa y designar en su reemplazo a jueces jubilados “que no están en condiciones de hacerse cargo de dicho proceso”, a sólo dos días del comienzo del juicio “no puede ser interpretado sino en clave  de obstaculización a la búsqueda de la verdad  e impedimento al ejercicio de la justicia”.

Noemí Labrune cree que los imputados no romperán el pacto de silencio

Para Noemí Labrune, integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos de Neuquén, ésta será la diferencia con lo ocurrido en 2008 durante el primer tramo que condenó a ocho ex jefes militares

Comentó que las postergaciones que sufrió este proceso sirvieron para "acercar a la parte jurídica lo que ya sabía la conciencia de la sociedad".

“Queremos que los oficiales tengan una pena de 25 años que es lo más parecido a cadena perpetua. De ahí para abajo, lo que determinen las pruebas porque para condenar a los otros miembros de las fuerzas que actuaron durante el terrorismo de Estado se necesitan pruebas directas y en muchos casos no las hay”, expresó Noemí Labrune, integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquén, organización que se presenta como querellante en el segundo tramo del juicio por violaciones de los derechos humanos que se inicia el miércoles 7 de marzo en esta ciudad.

 
Esta organización creada por el obispo Jaime de Nevares y que Labrune junto a otros compañeros y compañeras ayudaron a formar en medio del terror, el miedo, las amenazas y las muertes en 1975, se constituyó como querellante en la causa que instruye desde el año 2005 el Juzgado Federal de Neuquén, y en ese rol participó del primer juicio desarrollado en 2008, y también en este segundo tramo.
Labrune puntualizó que la diferencia entre el primer juicio y éste que se inicia el próximo miércoles tiene la particularidad de que en 2008 "se pudo demostrar la acción del Ejército en la zona y las responsabilidades que tuvieron en cada uno de los secuestros y torturas. En tanto, en este segundo tramo se podrá observar el plan criminal que aplicaron en forma conjunta desde el 24 de marzo de 1976 todas las fuerzas: ejército, aeronáutica, marina, Policía Federal y las policías de Neuquén y Río Negro". "Todos ellos eran la cara visible de la violencia", manifestó.
A una semana del comienzo del juicio en el que están imputados 24 ex militares y de otras fuerzas de seguridad de las provincias de Neuquén y Río Negro, Labrune comentó que “las fuerzas armadas terminaron absorbiendo a las demás fuerzas de seguridad, las coptó en ese plan sistemático de aberraciones”.
Sin embargo, advirtió que, a diferencia de lo que ocurrió en el primer juicio, en este caso habrá “seguramente algunas condenas bajas y algunas absoluciones”. Explicó que los jueces y abogados actúan según "los principios jurídicos". "Pensamos que tendrían que tener una condena mayor pero si no existen pruebas no podemos exigir una condena. Esto generará algunas protestas pero lo cierto es que de todas maneras se hará justicia con un código que respetamos", agregó Labrune.
 
Largo camino
Para Labrune los juicios por violaciones a los derechos humanos en Neuquén son el producto de un camino "innecesariamente largo”, porque "removidos los obstáculos de las leyes de impunidad estos juicios deberían haber caminado más rápido”.
Más allá de estos obstáculos y dilataciones, la dirigente de la APDH manifestó que “todo este período sirvió de alguna manera para arrimar a la parte jurídica lo que ya sabía la conciencia de la comunidad, y ahora tiene forma de jurisprudencia”.
 
Pacto de silencio
Labrune no cree que los imputados rompan "ese pacto de silencio" que tuvieron durante el desarrollo del primer juicio.
“Ese pacto de silencio forma parte del plan criminal que llevaron adelante en los años de terror. El plan criminal comprendía el secreto y el ocultamiento del cuerpo de las víctimas como un castigo hacia las mismas víctimas pero también estaba destinado a la sociedad. No creo que los ex militares vayan a decir ni una palabra durante el desarrollo del juicio porque todavía siguen reivindicando el plan de barbarie que ejecutaron durante esos años", concluyó.