Escuelita II : un fallo que premia la impunidad

Indignación entre familiares generó el veredicto que se conoció este martes (06/11/12) en el segundo tramo del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita. Seis de los 21 acusados recibieron condenas severas -de entre 19 y 23 años de prisión- mientras que siete recibieron penas más bajas de lo esperado por la querella. En tanto, ocho fueron absueltos, entre ellos los policías rionegrinos:

1. José Ricardo Luera: condenado a 23 años de prisión

2. Oscar Lorenzo Reinhold: condenado a 21 años de prisión

3. Enrique Braulio Olea: condenado a 22 años de prisión

4. Francisco Julio Oviedo: condenado a 4 años de prisión

5. Enrique Casagrnade: condenado a 8 años de prisión

6. Máximo Hubaldo Maldonado: condenado a 7 años de prisión

7. Osvaldo Antonio Laurella Crippa: condenado a 23 años de prisión

8. Sergio Adolfo San Martín: condenado a 19 años de prisión

9. Jorge Eduardo Molina Ezcurra: condenado a 19 años de prisión

10. Raúl Antonio Guglielminetti: condenado a 12 años de prisión

11. Antonio Alberto Camarelli: 10 años de prisión

12. Gustavo Vittón: condenado a 8 años de prisión

13. Miguel Ángel Quiñones: condenado a 6 años de prisión

14. Saturnino Martínez: absuelto

15. Jorge Osvaldo Gaetani: absuelto

16. Serapio del Carmen Barros: absuelto

17. Emilio Jorge Sacchitella: absuelto

18. Gerónimo Emilio Huircaín: absuelto

19. Oscar Ignacio del Magro: absuelto

20. Julio Héctor Villalobos: absuelto

21. Desiderio Penchulef: absuelto

El veredicto generó bronca entre las víctimas y los organismos de derechos humanos que llegaron hasta el lugar. Las querellas de la APDH, la secretaría de Derechos Humanos y el CEPRODH consideraron que hubo penas "muy bajas" y absoluciones no esperadas (ver nota).

Por su parte el fiscal Marcelo Grosso declaró a la prensa, en medio de los cuestionamientos de los allegados a las víctimas, que no le conformó el veredicto y que buscarán apelar. "Vamos a evaluar la posibilidad de ir en casación por algunas absoluciones", señaló el funcionario judicial quien dejó en claro que "no cubrió las expectativas de la fiscalía. Pretendíamos otras penas y otras condenas".

En tanto los abogados Rodolfo Ponce de León y Paola Rubianes, únicos representantes de la defensa que estuvieron presentantes, se mostraron conformes con el veredicto. "No hay que agarrárselas ni con los defensores ni con los jueces. Hay que agarrárselas con los que tenían el trabajo de acusar y no acusaron", lanzó Ponce de León (ver nota).

Tras la lectura del veredicto, militantes, organizaciones sociales, partidos y sindicatos se movilizaban desde el salón de Amuc hasta los tribunales federales ubicados en el centro de la ciudad de Neuquén para manifestar su descontento.

Los jueces Orlando Coscia, Mariano Lozano y Eugenio Krom leyeron el veredicto a los 21 acusados por delitos de lesa humanidad, por 39 denuncias de detenidos - desaparecidos en la última dictadura en Neuquén y Río Negro. Ninguno de los imputados estuvo presente durante la audiencia final.

La lectura comenzó a las 7:30 en el salón Verde de Amuc, el lugar donde se han desarrollado las audiencias desde abril, cuando comenzaron los testimonios de los sobrevivientes que padecieron tormentos durante el golpe de Estado. En la voz de Coscia el veredicto culminó antes de las 8.30 e hizo estallar el murmullo y las críticas de los presentes en la sala.

Además de las condenas y las absoluciones, en un veredicto de más de 30 puntos, también se estableció la separación de declaraciones por distintos pedidos. Entre lo concedido existe un planteo del defensor Ponce De León para revisar la Instrucción de la causa. También se resolvió por presuntos falsos testimonios.

De las 39 desapariciones que se trataron en las audiencias, seis corresponden a militantes barriales y políticos de los que nunca se supo su destino.

En el juicio la Apdh pidió que las desapariciones forzadas fueran contempladas como homicidio, y este planteo fue derivado por el tribunal a la instrucción, por lo que, a diferencia de lo que ocurrió en juicios como el de Bahía, la figura de homicidio no fue parte de las condenas.

Tras conocerse el veredicto varios de los referentes que siguieron las instancias, que investigaron a los responsables por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino la Escuelita, expresaron su bronca y el compromiso de continuar con la lucha por la verdad y la memoria.

"Vamos a seguir luchando", sintetizó Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo, quien agregó que "no nos sentimos derrotadas porque la sangre de nuestros hijos no tiene precio, no se vende a ningún gobierno a ningún fiscal ni abogados".

Para Sergio Méndez Saavedra, detenido de Cutral Co, cuestionó la actitud del abogado Rodolfo Ponce de León y la otra defensora presente, Paola Rubianes, al decir "la pena vergonzosa que dan estos abogados". Agregó que los jueces del TOF dictaron "un fallo de impunidad".

"No es una burla, es realmente un acto criminal que ha cometido por este tribunal y la justicia Federal", sintetizó Eduardo París, quien fue víctima de la última dictadura militar.

Otro de los referentes que se expresó fue Oscar Ragni quien dijo lo siguiente: "Es una actitud de venganza de él (por Olea) por lo que está padeciendo. Porque ellos saben que secuestraron, torturaron, mataron, robaron y desaparecieron, pero a los compañeros no les ganaron. Los compañeros donde estén están libres y ellos (por los imputados) están aquí y ahora y tendrán que cumplir, no importa que sea un año, cinco, diez o cincuenta, pero tendrán que avenirse a lo que diga la Justicia. Los compañeros y las compañeras desaparecidas les han ganado".

A poco de la sentencia en el juicio "Escuelita II"

LOS JUZGA UN TRIBUNAL…

Como lo hemos sostenido desde el principio, estos juicios tardíos no son una concesión graciosa de ningún poder político para saciar la sed de venganza de un sector particular, sino que constituyen el fruto de más de 36 años de lucha inclaudicable por el Juicio y Castigo a los Genocidas.
Lamentablemente, las secuelas de tantos años de impunidad se han plasmado en la manera en que se llevan a cabo, de forma parcializada y sin un criterio en común para dar respuesta a la elección discrecional de algunas “victimas” por sobre otras. No es necesario ser muy perspicaz para entender que el desguace de la causa tuvo entre sus objetivos, desvirtuar la verdad histórica de lo ocurrido en nuestra región y en el país en general. Además de garantizar la impunidad a muchos de los imputados que serán juzgados en varios tramos por uno o dos casos, buscando obtener penas menores que disminuyan su responsabilidad en el Plan Genocida.

Es así, que a 7 meses de iniciado el Juicio “Escuelita 2”, en que se juzga solo a 22 Genocidas de Rio Negro y Neuquén, es necesario reafirmar algunas denuncias y apreciaciones que hemos hecho públicas en el transcurso del mismo. Estas evidencian cual ha sido el rol asumido por la “Justicia”, representada por el Tribunal Oral Federal de Neuquén, conformado por Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano y por la Fiscalía Federal.
En principio, continua siendo una aberración moral que, quienes son juzgados por los crímenes más atroces que se pueden cometer contra la humanidad, cuenten con innumerables beneficios. Mediante ellos, se busca equiparar simbólicamente a las víctimas directas con los victimarios, y generar situaciones de peligro y vulnerabilidad para quienes tienen el peso de dar su testimonio como única prueba fehaciente de imputar responsabilidades a los acusados. Todos ellos, pertenecientes a las Fuerzas Represivas han mantenido y seguirán manteniendo, un “pacto de silencio”; además de haber eliminado y ocultado las pruebas materiales que los incriminan. Sirviéndose para ello de acuerdos espurios con el poder político de los sucesivos gobiernos constitucionales, y consolidando así, las garantías de impunidad brindadas por el Estado y que todo proceso genocida exige.

Ante esta realidad notoria, los jueces anteriormente mencionados, han optado por proteger y beneficiar sistemáticamente a los genocidas. Permitiendo abiertamente el maltrato y hostigamiento a las víctimas-testigos y sus familiares. Incluso reprimiéndonos como al comienzo del Juicio, cuando de una de las camionetas en que se transportaba a los imputados, se dispararon tres granadas de gas pimienta que lesionaron a una compañera en su rostro y ocasionaron problemas respiratorios a muchos de los presentes. Asimismo, este tribunal admitió como “testigos” a varios genocidas que reconocieron en sus declaraciones su participación activa en el plan y que han sido identificados por las propias víctimas, como el ex comisario de la Policía de la Provincia de Neuquén, Alejandro Rojas y el oficial de inteligencia de la Policía de la Provincia de Rio Negro Jorge Galera, entre muchos otros.

En contraposición a los numerosos beneficios que se brindó a los genocidas, como no asistir a la mayor parte de las audiencias, permisos de viajar a visitar a sus familias, excarcelaciones y prisiones domiciliarias para la mayoría de ellos, e incluso permitir que amedrenten e insulten en medio de su testimonio a una víctima; Este tribunal no dudo en amenazar con echar de la audiencia a las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle, y en expulsar de la misma a una hija de desaparecidos y a una víctima por romper el silencio ante tamañas injusticias sufridas en el proceso judicial.
Este mismo tribunal, que alegó ser el responsable principal de la seguridad y de garantizar los buenos modales en las audiencias, permitió en incontables oportunidades que los abogados defensores atacaran ferozmente a las víctimas, tildándolas de fabuladoras, mentirosas, delincuentes, entre otros adjetivos peyorativos.
Asimismo, censuró el reclamo mayoritario de la sociedad, expresada a través de organizaciones, victimas, sobrevivientes y familiares, de que se respete la verdad histórica de lo sucedido y se condene por genocidio a los responsables, al negarse a recibir el petitorio elaborado al respecto y rechazando exclusivamente a las testigos de concepto ofrecidas por el CeProDH, quienes debían exponer sobre el tema, después de haber aceptado la totalidad de testigos de concepto ofrecidos por el resto de las partes.

Por su parte, la Fiscalía solicitó penas irrisorias que van de 24 a 5 años de prisión. Alega que es un atenuante para la totalidad de los imputados gozar del concepto de ser “buenos vecinos”. PARA LA FISCALÍA LOS EJECUTORES DE ESTE PLAN GENOCIDA QUE SECUESTRARON, TORTURARON Y DESAPARECIERON A NUESTROS COMPAÑEROS DEBEN SER CONSIDERADOS COMO BUENOS VECINOS Y POR ENDE GOZAR DE PARTE DE LOS ATENUANTES QUE PERMITE UTILIZAR EL CODIGO PENAL.
LOS CONDENAMOS TODO@S!!

Desde el inicio en la Causa “Escuelita II”, decidimos participar activamente de todas las instancias del juicio para acompañar a los testigos-víctimas y a sus familias, para reivindicar la ideología y la militancia política de los compañeros/as desaparecidos/as y para denunciar las arbitrariedades del tribunal, de las defensas y de las querellas que representaron la versión oficial. Participamos de este momento histórico para ser testigos presenciales de la resolución de los juicios a los genocidas que intentó desde el inicio ponerle ”punto final” a más de 36 años de lucha del pueblo trabajador. Militamos contra la impunidad, para que no quede asentada en este tramo del juicio, ni en los venideros, la “historia oficial” que se ha construido desde el poder y se ha legitimado en este tribunal. En las calles esperamos el primer día de Audiencia a los Genocidas para manifestar nuestro repudio y condena social. Trabajamos junto a compañeros y familiares para realizar un homenaje al compañero desaparecido Celestino Aigo, vecino del barrio Villa Florencia y militante por los derechos de los pueblos originarios. Junto a su familia plantamos un árbol, pintamos un mural y fuimos parte de un conmovedor acto en su memoria. También, invitamos a Daniel Eduardo Feierstein, especialista en genocidio, para continuar con los debates y argumentos políticos y jurídicos que reafirman que se puede y debe juzgar bajo esta figura a los imputados de la Causa Escuelita II.
Nos nucleamos en la “Multisectorial contra el genocidio” para organizar acciones conjuntas con otros sectores sociales, sindicales, de derechos humanos, políticos, estudiantiles, victimas, testigos y familiares, para exigir: la condena por genocidio en cárcel común, perpetua y efectiva para todos los culpables, para que los policías que fueron llamados a declarar como testigos sean imputados por su participación indispensable en el plan genocida, para que no se desacreditara la declaración de los testigos-victimas, etc. La primera expresión conjunta de la multisectorial, fue un petitorio que expresaba con cientos de firmas, la exigencia del respeto a la verdad histórica y la condena por Genocidio a los 22 Imputados.

Continuamos en la calles y junto a la Multisectorial señalizamos la Comisaría 4º de Cipolletti, como Centro Clandestino de Detención y Torturas, en el que accionaron los acusados: Enerio Gerónimo Huircaín, Antonio Camarelli, Saturnino Martinez, Oscar Ignacio Del Magro, Julio Hector Villalobos, Desiderio Penchulef y Miguel Ángel Quiñones. Allí se informó a los vecinos que durante la dictadura cívico-militar la policía de Río Negro tuvo un rol activo en la represión ilegal tal como lo declararon decenas de testigos y familiares víctimas del terror organizado. En esa actividad se dejó asentado que el plan genocida no podría haberse ejecutado sin el accionar conjunto de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales provinciales que integran hasta hoy un aparato represivo que el propio estado no ha querido desmantelar.

Consideramos que la única forma de lograr el respeto por la verdad histórica y concretar el Juicio y Castigo, es y será la movilización del pueblo trabajador.

Es por ello que este Viernes 2 de Noviembre llamamos a movilizarnos a las puertas del Tribunal para exigir una vez más que el Estado, a través de sus sentencias, reconozca que en Argentina, y en nuestra región, se planificó y ejecutó un GENOCIDIO y condene a los 22 imputados a Cárcel común, perpetua y efectiva.
Porque la verdad es revolucionaria seguimos en la lucha sin dar “ni un paso atrás”.

ACTIVAR, 1 DE OCTUBRE DE 2012

Multisectorial contra el genocidio

 27 de octubre de 2012

Comunicado de Prensa

La Multisectorial contra el Genocidio informa a los medios de comunicación y por su intermedio a la comunidad de Neuquén y Río Negro que el domingo 28 de octubre a las 18 hs, frente a la Comisaría 4º de Cipolletti realizaremos la SEÑALIZACIÓN de ese lugar que en la época de la dictadura funcionó como centro clandestino de secuestro y tortura. La actividad consiste en señalar Públicamente el lugar, informar a los vecinos e indicar que por allí pasaron compañeros que fueron sometidos a tremendos tormentos. Habrá radio abierta, discursos políticos y expresiones artísticas. 

LA POLICIA DE RIO NEGRO Y LA COMISARIA DE CIPOLLETTI.

Durante la dictadura cívico-militar la Policía de Río Negro tuvo un rol sumamente activo en la represión ilegal. Decenas de testimonios de Víctimas secuestradas y torturadas por esta Fuerza, familiares, testigos y múltiples documentaciones militares y policiales de la época dan cuenta de su accionar conjunto en el Plan Genocida. LA COMISARIA DEL CENTRO DE CIPOLLETTI no solo fue un lugar de detención y traslados de las víctimas secuestradas, sino que fue UN CENTRO CLANDESTINO DE SECUESTROS Y TORTURAS. Según consta de las investigaciones judiciales y denuncias, mas de 25 vecinos/as fueron secuestrados y torturados en esta Comisaría, de los cuales muchos aún continúan desaparecidos.

ALGUNOS POLICIAS DE RIO NEGRO QUE ACTUARON EN ESTA COMISARÍA CONVENCIDOS DE LLEVAR ADELANTE EL PLAN GENOCIDA

Antonio Camarelli Comisario retirado de la Policía de Río Negro. En el año 1976 se desempañaba como Jefe de “operaciones especiales” en la zona que abarca Catriel hasta Allen. 

Miguel Angel Quiñones: Comisario Retirado de la Policía de Río Negro. En los años de la Dictadura era Oficial de Inteligencia. Actuaba y dirigía los grupos de tareas que realizaban los secuestros y torturas en la Comisaría 4º. –

Julio Héctor Villalobos: Ex Oficial de la Policía de la Policía de Río Negro. Actuaba en los secuestros y torturas en la Comisaría 4º. 

Oscar Ignacio del Magro: Sub Comisario retirado de la Policía de Río Negro. Durante la dictadura se desempeñaba de civil y pelo largo para poder  accionar como “buchón” de la comisaría 4º de Cipolletti. Participó del grupo de tareas que secuestró, interrogó y torturó a Raúl Sotto entre otros. 

Enerio Gerónimo Huircaín: Comisario Retirado de la Policía de Río Negro. Era Oficial encargado del área Inteligencia. Actuó en operativos de secuestros y torturas en la Comisaría 4º de Cipolletti. Fue denunciado por varios vecinos de esta ciudad como su captor o torturador. También realizaba tareas de inteligencia en los Sindicatos. 

Saturnino Martinez: Se desempeñaba como Sub-Oficial de la Policía de Río Negro. Es denunciado como uno de los encargados de aplicar el “Submarino” y otras Torturas en la Comisaría 4º. 

Desiderio Penchulef: Ex Comisario Principal de la Policía de Río Negro, Jefe de la Comisaría de Cinco Saltos durante la dictadura. Participó de los secuestros de Roberto Liberatore y Pedro Justo Rodríguez entre otros. 

Jorge Alberto Galera: Ex Oficial de Inteligencia de la Policía de Río Negro –actuó en la comisaría de Cinco Saltos – Estuvo imputado en el primer Triple Crimen (1997). Fue uno de los que estuvo a cargo del secuestro de Roberto Liberatore.

EL GENOCIDIO DE AYER Y LA IMPUNIDAD DE HOY.

El plan Genocida no podría haberse ejecutado sin el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas policiales federales y provinciales que integran hasta el día de hoy un Aparato Represivo que el propio estado no ha querido desmantelar. No solo cientos de represores continúan en funciones sino que se mantienen prácticas de persecuciones, inteligencia, torturas, desapariciones y muertes. 

La propia institución policial de Río Negro es una de las actoras principales de estas prácticas. El primer Triple Crimen, la Trata de Mujeres, los crímenes a los Jóvenes de Bariloche, la desaparición de Solano en Valle Medio son solo algunos ejemplos de Impunidad que sigue gozando esta Fuerza.

Es por ello que convocamos a la comunidad a sumarse al reclamo por justicia verdadera, y la condena por Genocidio en cárcel común, perpetua y efectiva a todos los responsables.

LOS JUZGA UN TRIBUNAL. 

LOS CONDENAMOS TODOS Y TODAS!!

MULTISECTORIAL CONTRA EL GENOCIDIO

 NEUQUÉN Y RIO NEGRO

"Casagrande era Pedro", el interrogador

NEUQUÉN (AN).- El patrocinante de Rubén Ríos, Marcelo Hertzriken Velasco, aseguró ayer que el suboficial Enrique Charles Casagrande era "Pedro", el que torturó al gremialista roquense cuando permaneció detenido-desaparecido en "La Escuelita" en 1976. El suboficial Enrique Charles Casagrande y el general Enrique Braulio Olea

El abogado pidió para todos los responsables del secuestro y torturas de Ríos "prisión perpetua" en adhesión al pedido de condena por el delito de genocidio que hizo el Ceprodh. Aclaró que si el tribunal no acordaba con esta calificación para las penas, "subsidiariamente" a Casagrande se lo condenara a 25 años de cárcel por los delitos de secuestro, tortura y asociación ilícita, y para los otros responsables del secuestro y tortura de Ríos solicitó 15 años. Explicó que era el máximo establecido (en el tiempo de ocurridos los hechos) por el secuestro ilegal, con tormentos agravados por ser perseguido político. Al término del alegato, les dijo a los que "protagonizaron el calvario de Ríos", que pese al daño producido a su familia y a su persona que "sigue empeñado en sus convicciones e incólume en su pensamiento". Pidió los 15 años para el jefe del Batallón, Enrique Braulio Olea; al jefe de inteligencia del Comando, Oscar Reinhold; al médico militar Hilarión Sosa; a los militares de inteligencia Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín; lo mismo para el civil de inteligencia Serapio Barros -a quien responsabilizó por el traslado al centro clandestino- y 25 para Casagrande.

Casagrande "fue la persona que le infligió la mayor parte de los tormentos a Ríos, él habló de dos personas más, pero uno lo tenemos, es Pedro", sostuvo ayer el abogado quien al ser consultado si este mismo apodo no lo usaba más de un torturador en el centro clandestino, "pude ser que se haya denominado Pedro a varios interrogadores, pero el Pedro que le infligió la mayoría de los tormentos viajaba a Tucumán, según le dijo al mismo Ríos en esta suerte de relación que se generó allí, y de todas las personas que prestaban servicios en el destacamento de inteligencia, el único que fue al Operativo Independencia fue él", dijo Hertzriken Velasco en función de la investigación del juez Guillermo Labate y Silvina Domínguez, lo que ponderó por haberlo hallado "por vía indiciaria".

Aclaró que cuando el imputado declaró sobre sus datos personales al inicio de las audiencias, reconoció su permanencia en Tucumán.

Causa "La Escuelita II" pedido de condena por Genocidio

El Ceprodh reclamó que se condene por genocidio

"Que la pena coincida con la verdad histórica". Pidió 12 perpetuas y diez de 30 años de cárcel.

NEUQUÉN (AN).- La querella del Centro de profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) reclamó ayer que el Tribunal Oral Federal condene a los 22 imputados "por genocidio", para que la pena judicial "coincida con la verdad histórica" de lo que ocurrió en el país a partir del 24 de marzo. Con ese enfoque pidieron penas perpetuas y a 30 años de cárcel.

"En Argentina tuvo lugar un genocidio, cometido por genocidas que cometieron actos genocidas; el genocidio no es un marco, como se ha consignado en algunas condenas en juicios similares en otros puntos del país- sino un delito", subrayaron las querellantes Ivana Dal Bianco y Natalia Hormazábal.

En una extensa explicación indicaron que no aceptan el argumento de la falta de tipicidad legal para no condenar por este delito, porque entienden que existe el encuadramiento en el artículo 55, que habla de "concurso de delitos" y porque la Convención Internacional para la prevención y sanción del delito de genocidio, caracteriza lo ocurrido en Argentina "en los apartados a, b y c del artículo 2".

Sostuvieron que genocidio es "un crimen de crímenes" que se produjo en medio de un ataque desmedido en contra de la militancia, cuando fueron secuestrados, torturados, desaparecidos "por su pertenencia a un grupo nacional", a una parte del país que buscaba "pelear por un país sin explotadores ni explotados".

Detallaron que el señalamiento de este grupo nacional fue hecho "por el mismo represor" que buscó en el "aniquilamiento" de este sector su herramienta para transformar lo que requería, la imposición de un modelo económico.

Con un paralelismo sobre cómo en la región se aplicaron los mismos mecanismos del "plan genocida" que operó en el resto del país, argumentaron que los jueces deben condenar por genocidio para que "la verdad histórica coincida con la verdad judicial".

Consideraron probado el ataque a la militancia en la región, tanto la gremial, como la estudiantil y la política.

"En nombre de los desaparecidos, de Jorge Julio López, de los trabajadores y el pueblo pobre", pidieron las siguiente penas: para Oscar Reinhold, Hilarión Sosa, Enrique Olea, José Luera, Gustavo Vitón, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín, Julio Oviedo, Enrique Casagrande, Raúl Guglielminetti, Alberto Camarelli y Antonio Laurella Crippa, cadena perpetua.

Para Jorge Gaetani, Máximo Maldonado, Serapio Barro, Emilio Sacchitella, Miguel Quiñones, Gerónimo Huircaín, Oscar Del Magro, Saturnino Martínez y Desiderio Penchulef, 30 años de cárcel.

El público colmó la sala de audiencias

La sala de audiencias volvió a estar colmada de público como en los primeros días de juicio, cuando se escucharon los relatos de los sobrevivientes de la dictadura militar.

Los 22 acusados ingresaron al salón bajo los cánticos de "asesinos", "a donde vayan los iremos a buscar", y bastó una sola advertencia del presidente del tribunal, Orlando Coscia, de que ordenaría el desalojo si persistían en esa actitud, para que no se repitiera la escena.

Sí hubo aplausos, en dos oportunidades, ante las afirmaciones de las querellantes durante su interpretación de la prueba: una de ellas fue cuando plantearon que los imputados no habían dicho la verdad cuando se declararon inocentes.

Las abogadas pusieron especial énfasis en sostener su planteo de rechazar la figura de homicidio para los desaparecidos, seis entre las víctimas de este proceso. Destacaron que alegaban por 38 víctimas, ya que encuadraron el caso de José Luis Cáceres (fallecido, que llevado a la tortura en "La Escuelita" por una interna parapolicial con Raúl Guglielminetti) como parte del aparato de represión paraestatal que especulaba con la preparación del golpe, debido a que integraba la triple A antes de ser encarcelado.

"Los señores de la vida y de la muerte eran 50 tipos"

NEUQUÉN (AN).- "No detuve ni torturé a una persona y tampoco hubiera permitido que torturan", dijo ayer el oficial retirado Gustavo Vitón, quien estuvo a cargo del comando del Ejército que intervino la comisaría de Cipolletti el 24 de marzo del 76.

Cargó contra el juez Guillermo Labate, al cuestionar que no haya dirigido la investigación como a su parecer correspondía, ordenando allanamientos en dependencias militares para recuperar documentación.

Apuntó a desincriminarse de una de las acusaciones por la que llegó al juicio, que es la de integrar una asociación ilícita. En ese sentido dijo que los que realmente comandaron el proceso fue un reducido grupo de militares, de mucho más jerarquía.

"Los señores de la vida y de la muerte eran 50 tipos", remarcó para delimitar responsabilidades.

Agregó: "nosotros tuvimos dos de esos en Río Negro. Uno era (Acdel) Vilas (por ese entonces comandante del Quinto Cuerpo del Ejército) y otro (Néstor Rubén) Castelli", interventor militar en la provincia.

En la misma línea señaló que "los ideólogos de esa asociación ilícita y el golpe fueron -entre otros- los generales Osiris Villegas, (Benjamín) Rattembach. Rattembach fue el que tras el derrocamiento de Perón prohibió que se publicara el nombre de Perón y que en su lugar se usara 'el tirano'".

Vitón reivindicó su pertenencia al grupo de los "33 Orientales", el grupo de militares que se opuso al golpe del 76. "Oponerse al golpe era jugarse la vida", dijo.

En cuanto a quienes lo acusan dijo que no los reconocía y aún cuando de algunos no cuestionaba que lo que dijeron fuera verdad, señaló. "Niego haber tenido alguna participación (en detenciones y torturas) en la comisaría de Cipolletti".

"Me dijo que conocía 'La Escuelita'"

NEUQUÉN (AN).- La dirigente de la APDH neuquina, Noemí Labrune sostuvo que Vitón "a mí, me dijo que él conocía la existencia de La Escuelita", pero que luego se desdijo cuando debió declarar en 1987 cuando se iniciaba la causa conocida como los Juicios por la Verdad, en la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Replicó que "si quería colaborar con la verdad, hizo todo lo contrario" antes de estar imputado.

Explicó que cuando no estaba acusado por los delitos que se investigaban en esta causa, el militar dado de baja en 1980 se ofreció ante la APDH para testimoniar, pero cuando lo hizo, "se sentó con otros militares ese día, y había una especie de director de orquesta, que era un auditor militar que estaba de civil y todos dijeron lo mismo".

Añadió que "las declaraciones están en la causa y es como si hubiesen conocido de memoria el libreto: nadie conocía ese lugar en el fondo del batallón, que estaba deshabitado".

Labrune sostuvo que en esa ocasión Vitón "hizo un falso testimonio", porque juró decir la verdad ante los jueces bahienses.

"No soy el personaje que construyó Labate"

NEUQUÉN (AN).- El comisario rionegrino retirado Oscar Del Magro volvió a responsabilizar de su situación procesal al juez de instrucción Guillermo Labate y negó los secuestros ilegales y torturas de los que está acusado. Planteó que "no fui un represor ni un genocida".

Debido a que la víctima Raúl Sotto lo involucró en los hechos que se le imputan replicó gran parte de su testimonio y sostuvo que cuando le endilga "perseguir a los compañeros" en 1973, él estaba en la escuela de cadetes. Dijo que no estuvo uniformado porque desde octubre del 75 a octubre del 76 pertenecía a la brigada de investigaciones para dedicarse a "hechos contra la propiedad". Insistió en que "niego la detención ilegal, no podía detener sin orden oficial.

Del Magro, que fue candidato a intendente en Valle Medio por el PJ, dijo que Sotto no tenía militancia política en la época del golpe y que conocía el interior de la comisaría de Cipolletti porque había sido detenido en 1974 por robo.

Para respaldar sus dichos ejemplificó que en los tiempos en los que se perseguía a la ciudadanía por lo que pensaban, "ayudé a quemar libros" al hermano del abogado Segovia, de los derechos humanos. "Suponiendo que quería un ascenso, hubiera denunciado la tenencia de esa bibliografía", dijo. "Qué relación pude tener con los militares", se quejó. Sostuvo que sufrió represalias al negarse a participar con el Ejército y la gendarmería en los operativos en los que se perseguía a indocumentados chilenos en la zona.

"A Joubert lo denunció su concubina"

NEUQUÉN (AN).- El gendarme Emilio Sacchitella utilizó la mayor parte de los veinticinco minutos de su declaración que realizó a desacreditar las imputaciones que le hizo Ernesto Joubert, caso por el cual está acusado. En particular que todo su accionar en la detención del citado se rigió con el más estricto respeto por la ley.

"Joubert fue detenido porque lo denunció su concubina y así se hizo porque era lo que correspondía, no hacerlo hubiera significado incumplimiento de funcionario público", dijo en el inicio de su declaración, que leyó en su totalidad. Previamente informó que no respondería preguntas.

"No fue detenido frente a la escuela -como dijo en alguna declaración la víctima-, sino en su casa, porque lo denunció su concubina Olga Bustos, y él mismo lo reconoce", sostuvo el imputado para marcar una de las que a su juicios son contrariedades de Joubert.

También señaló como falaz la declaración del denunciante respecto de las armas que portaban los gendarmes.

"Dijo que Sacchitella lo trataba como un prisionero. Eso no es veraz. Se lo interrogó por escrito y declaró que pidió leer su declaración y no lo dejaron. En las normativas de Gendarmería se le pregunta si la quiere leer y si dice que no se le lee en voz alta ", remarcó.

En rechazo de las acusaciones indicó que lejos de violentar las normativas la cumplió a rajatabla y en cuanto a manejarse en la ilegalidad también replicó con firmeza. "El mismo dijo que lo llevaron al hospital, pero que no estaba enfermo", comentó Sacchitella en un intento por desvirtuar la denuncia de Joubert.

Causa "Escuelita II" : durante el juicio surgieron nuevas denuncias

Las hicieron víctimas de tormentos en el período de facto

NEUQUÉN (AN).- Desde que comenzó el segundo juicio por delitos cometidos durante la dictadura se recibió casi una denuncia por mes en la fiscalía federal y el juzgado de instrucción por parte de personas que sufrieron tormentos durante el período de facto.

Según datos de la fiscalía, se radicó una denuncia en marzo, otra en abril, en mayo recibieron el testimonio de una víctima (que ya integraba la causa) que dio a conocer el nombre de otra persona con la que padeció el cautiverio y que no figuraba en la investigación, una nueva denuncia se recepcionó en junio y dos más en agosto de 2012. En el juzgado también atendieron el mes pasado a una víctima que fue a pedir que se instruyera su caso.

La fiscal Cristina Beute se reservó los nombres de las víctimas que denunciaron los hechos, aunque aclaró que fueron detenciones ilegales producidas durante a fines de 1976 y desde 1977 en adelante, tanto en la región como en la zona andina inclusive hasta fines de 1977, dijo.

A diferencia de los tramos que se ventilaron hasta ahora en los juicios en los cuales se abundó sobre las torturas padecidas en "La Escuelita", en la sede de la federal y comisarías de Neuquén y Río Negro a partir del golpe militar del 24 de marzo de 1976; estos casos "fueron detenciones que no se produjeron por grupos de tarea, sino uniformados en vehículos oficiales que detenían a las víctimas en la calle o en lugares de trabajo y los interrogaban con aplicación de tormentos en las mismas dependencias a las que eran llevados", dijo Beute.

Los interrogatorios "tenían que ver con la persecución ideológica", en tanto destacó que se observó la intervención de profesionales que presenciaban los interrogatorios bajo tormentos o que los encubrían, indicó.

Ejemplificó con el caso de un médico que ante la presencia de una víctima "severamente torturada, con dedos rotos inclusive", extendía un certificado de la inexistencia de lesiones.

"No sé si es por el juicio, pero coincide en el tiempo. Se trata de personas –que no tienen relación entre sí– que vinieron espontáneamente a la fiscalía o al juzgado, son de Roca, de Neuquén, también recibimos de la zona de Junín de los Andes e inclusive la presentación de una familia que hizo sobre lo ocurrido con su familiar durante la dictadura a pesar de que ya falleció", dijo.

La fiscal Beute precisó que en todos las presentaciones, a partir de la denuncia, se inició el trabajo fiscal de la recolección de pruebas, por lo que aún no hay imputación de responsables por estas denuncias.

Explicó que se realizó una primera evaluación para conocer si los hechos denunciados se encuadraban dentro de la causa por delitos de lesa humanidad y cuando correspondió, se dio intervención al centro de atención a la víctima en el caso de aquellos denunciantes en los que se observó alguna fragilidad de ánimo antes de iniciar el relato pormenorizado de los hechos por los cuales se presentaba como denunciante.

Beute detalló que "fueron denuncias larguísimas porque había mucho detalle para preguntar, muchas cosas que a las víctimas no les parecía importante y sí, lo eran, por lo que pedíamos un esfuerzo en el relato y aprovechamos el momento para agotar todo la prueba que se pudiera recabar en una sola sesión para no volverlos a citar.

A partir de allí comenzaron las medidas de investigación", dijo Beute.

Concluye ronda de testigos en el juicio "La Escuelita" II

Los testimonios de la última jornada apuntaron a destacar y defender la trayectoria militar del imputado Gustavo Vitón, a quien se lo acusa de delitos de lesa humanidad cometidos en la comisaría de Cipolletti.

Aníbal Vitón declaró ante el Tribunal Oral Federal (foto Leo Petricio). 

Concluye hoy la ronda de testigos en el juicio a 23 personas acusadas de violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en la región.

Los testimonios de la última jornada apuntaron a destacar y defender la trayectoria militar del imputado Gustavo Vitón, a quien se lo acusa de delitos de lesa humanidad cometidos en la comisaría de Cipolletti (Río Negro) cuando fue designado a cargo de esa unidad policial en marzo de 1976.

Aníbal Vitón, hermano del acusado destacó que "era bueno, saludable, la realización de este juicio donde se respeta el debido proceso".

Confió en que el Tribunal "castigará a quien tenga que castigar y absolverá a quien tenga que absolver".

El testigo fue militante de la Juventud Peronista y perteneció a "La Tendencia" en la década del `70 y fue detenido en septiembre de 1975 hasta diciembre de 1980.

Explicó las coincidencias que mantenía con su hermano militar quien adhería al denominado grupo de los "33 Orientales" enfrentados a la conducción del Ejército que encabezaba el gobierno de facto de entonces.

En el mismo sentido se expresaron al declarar por videoconferencia los militares retirados José Luis Fernández Valoni y Guillermo Cogorno.

Ambos reivindicaron su pertenencia al peronismo y a la corriente de pensamiento militar que planteaba un "Ejército nacional, popular", que también integraba el imputado Vitón, en oposición al "tradicional Ejército liberal, burgués".

En tanto, el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén fijó el calendario de audiencias en la etapa final del juicio: el lunes y martes próximos serán para ampliación de declaración indagatoria de los acusados; del 1 al 4 de octubre los alegatos de las acusaciones; del 22 al 26 de ese mes alegatos de las defensas y del 29 al 31 de octubre, réplicas, dúplicas y palabras finales de los imputados.

Los juicios construyen una "memoria pública"

Entrevista a Elizabeth Jelin, socióloga e investigadora.

NEUQUÉN/CENTENARIO (AN/ACE).- La socióloga, investigadora del Conicet y especialista en el abordaje de las memorias de la represión política, Elizabeth Jelin, sostuvo que los juicios por delitos de lesa humanidad que se sustancian en la Argentina por los crímenes de la dictadura "dan pie a memorias o son soportes de memoria".

Jelin fue invitada a la región por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación y en el marco del desarrollo del segundo juicio por "La Escuelita"

En un encuentro con periodistas que trabajan en la cobertura de las audiencias por el juicio contra los 22 acusados de secuestros, torturas y desapariciones en la región durante la última dictadura, recordó que en estos procesos "todos los testimonios de las víctimas, de los sobrevivientes están basados en memorias".

Estimó que el resultado del proceso penal y de la sentencia del juicio "son elementos para una política de memoria pública".

Ejemplificó que independientemente de la polémica posterior del informe Conadep (sobre el prólogo o el eje de la teoría de los dos demonios) "fue la constatación oficial del Estado Argentino de que existieron los centros clandestinos, existieron los listados, las denuncias fueron tomadas y hasta testimonios de violencia sexual están allí, que en ese momento no fueron interpretados como un crimen específico diferente a la tortura, como ahora los estamos separando", describió.

Esbozó su hipótesis de que tanto los informes de las comisiones como los juicios "tienen un nivel de legitimidad que superan cualquier otro de los instrumentos de transmisión de la memoria social (como puede ser una marca simbólica, conmemoración de fechas y lugares); con una idea de verdad, de que es una verdad probada y que está reconocida; ese el lugar del juicio en esta historia de memoria", sostuvo. Aclaró que independientemente de que los juicios en los que se conocen los crímenes de la dictadura sean un "legado para la memoria", en primer término "es un acto de justicia. Cuáles son las consecuencias, las tendremos que estudiar después; estamos en contra de la impunidad, es importante hacer los juicios con todos los elementos de la justicia para dirimir las responsabilidades. Estos crímenes que se están juzgando son de lesa humanidad, horrendos, dejan marcas sociales tan profundas que en el derecho internacional se han decidido que no prescriben: en muchos casos el crimen continua, como los chicos secuestrados que siguen viviendo el secuestro hasta que se aclara su situación, pero aún en aquellos casos en que el asesinato o la desaparición ocurrió hace 35 años, fueron parte de planes de exterminio que es bueno que se puedan juzgar", determinó.

Causa "La Escuelita" II: Fallido testimonio de dos expolicías neuquinos

Se desempeñaban en Cutral Co y Huincul en los 70.
Pero uno dijo que no recordaba y el otro no declaró.

NEUQUÉN (AN).- "No recuerdo ningún operativo militar, excepto los controles de ruta", dijo ayer el comisario retirado Miguel Ángel Balmaceda, que entre 1976 y 1978 era oficial de guardia en la comisaría de Huincul y que fue citado como testigo en el juicio en el que se busca establecer las responsabilidades de los imputados durante el operativo que en junio de 1976 marcó a la comarca petrolera.

Juan Domingo Vizcarra, otro comisario retirado de Neuquén, del que se tenían expectativas sobre lo que podía decir ante los jueces porque estaba en la comisaría de Cutral Co durante el operativo militar a la comarca petrolera, no declaró.

Balmaceda sólo recordó un episodio, supuestamente a mediados de 1976, cuando un jefe policial -del que no recordó el nombre- le ordenó por teléfono a la comisaría sexta de Huincul (donde cumplía guardia) que "no intervinieran" porque esa noche iba a haber un "operativo importante del Ejército en el campamento a YPF".

Aseguró que luego hubo denuncia de un familiar en la comisaría porque se habrían llevado a una persona y que "todo quedó asentado en el parte diario". No recordó tampoco a la familia denunciante.

El policía retirado no dio mayores precisiones, dijo desconocer el operativo militar en Cutral Co y tampoco recordó haberse enterado después por versiones de lo que había ocurrido en la comunidad contigua.

Cuando la fiscalía le preguntó por esos operativos que recordaba sobre la ruta, durante la dictadura militar, dijo que "eran idénticos a los de ahora, se pedía la documentación personal y no era tan preventivos; eran más extensivos a las personas".

Según revelaron abundantemente los testigos durante el juicio, fue notoria la presencia militar en los días en los que se le pedía precisión, con soldados en las calles, allanamientos, móviles militares y hasta hubo agentes policiales que hablaron de partícipes de otras fuerzas, que en un accionar conjunto recalaron en la comarca al menos por tres días de junio de 1976 cuando se llevaron a la capital neuquina a una decena de militantes y adolescentes de la comarca, con secuestros que incluyeron la inmovilización de estudiantes en tres escuelas diferentes, tanto de Cutral Co como de Huincul.

Las audiencias del juicio por los delitos cometidos durante la dictadura se reanudaron con una gran cantidad de testigos que fueron desestimados -más de una docena- supuestamente porque no aportarían más pruebas a los hechos que ya se conocen.

Sólo el imputado Osvaldo Laurella Crippa -interventor militar de la policía neuquina en 1976- siguió la continuidad del juicio desde Bahía Blanca, por videoteleconferencia.

Para el cronograma de los próximos días sólo quedaron habilitados para declarar cinco personas, por lo que se analizaba una nueva reestructuración del orden de citación.

Antes de Balmaceda, el militar Miguel Ángel Acuña y el policía Vizcarra se vieron sorprendidos con la novedad de que no declararían ante los jueces. Con evidente alivio, los testigos se retiraron de la sala sin hablar.

Vizcarra había sido solicitado por el defensor Hernán Corigliano. En las audiencias de mayo, el policía neuquino fue señalado por Octavio Méndez, estudiante en 1976, como el que lideraba la comisión que lo retiró por la fuerza de la escuela para llevarlo a la comisaría de Cutral Co, donde fue golpeado al igual que todos los que iban llegando detenidos.

Recordó que afuera, en el perímetro de la escuela y en los patios inclusive del establecimiento, habían soldados armados para evitar que los alumnos que se buscaban, pudieran escaparse del procedimiento.

Guglielminetti era buscado por narcotráfico en el 70

Se lo consideraba un delincuente peligroso y tenía pedida captura.
Testimonió un excorresponsal de "Río Negro" en Neuquén. 

El jefe de la corresponsalía Neuquén del diario Río Negro en 1976, Carlos Galván, aseguró que lo primero que supo de Raúl Guglielminetti fue que era un "peligroso delincuente" y que así se publicó en 1970. Después del golpe militar, el agente civil de inteligencia -uno de los imputados en este juicio- se jactaba de ser parte de la "comunidad informativa", una reunión de "espías" que planificaba la captura de quienes estuvieran en contra de la dictadura.

Galván declaró en el juicio por delitos de lesa humanidad porque el 17 de agosto de 1976, en la madrugada, fue testigo directo de cómo el dirigente de Agua y Energía de Roca, Rubén Ríos, escapó del grupo de tareas que lo había secuestrado en su casa. Ríos logró salir del baúl del auto en el que era llevado a "La Escuelita" y fue visto por Galván cuando corría en ropa interior por el puente carretero Neuquén-Cipolletti.

Luego el sindicalista volvió a ser atrapado por quienes después lo torturaron.

El periodista se exilió en Brasil luego de que, por su actividad y la exposición de su esposa, María Cristina De Cano, en la búsqueda de tres cipoleños desaparecidos (Luis Genga y las hermanas María Cristina y Silvia Botinelli) sus hijos fueron amenazados de muerte. Tras el ultimátum Galván consultó al segundo jefe de la regional neuquina, Antonio Casal, por la entidad de esa advertencia, quien le advirtió que el matrimonio se tenía que ir "ese mismo día". Consultado sobre Guglielminetti dijo que "en 1970 el subcomisario de la federal Gustavo Sommer me dijo que habían capturado a un peligroso delincuente que tenía pedido de captura nacional e internacional, por contrabando de armas, estupefacientes y de un incendio en Iquitos (Brasil), y que se llamaba Raúl Guglielminetti".

Dos años después de aparecer en las páginas policiales Guglielminetti volvió a la zona, se empleó en 1972 en el diario Sur Argentino de la familia Sapag; estuvo en el informativo de LU5 y en 1976 se jactaba, entre otras cosas, de integrar la "comunidad informativa", una organización secreta de "espías". "Todos los espías formaban parte de la comunidad informativa, él decía que participaba y lo había hecho en dos oportunidades; nosotros no sabíamos quiénes la integraban porque era secreto, el único bocón era él" describió.

Casal, en su turno como testigo de este juicio, describió cómo Guglielminetti formó parte del grupo que iba a actuar en la región como integrante de la "triple A" (Alianza Anticomunista Argentina) que el ex interventor de la Universidad del Comahue, Dionisio Remus Tetu, intentó comandar a fines de 1975. Los vinculó -a Tetu y a Guglielminetti- con los tres atentados que hubo ese año: en el juzgado Federal, la librería Libracos y la agencia del diario Río Negro.

Galván aseguró que cuando se produjo el golpe militar y los dueños de los diarios fueron citados en el Comando, el general Horacio Tomás Liendo les presentó al mayor Oscar Reinhold, de Inteligencia, como el "nexo" entre los periodistas y el comandante.

En su labor, recurrió a Reinhold para chequear situaciones de desaparecidos, como el caso de Ríos o el de Cecilia Vecchi, y siempre tuvo respuestas como "si quería publicar, lo publicara y que me atuviera a las consecuencias", recordó. Cuando decidió irse de la región tras la advertencia telefónica de que iban a "estampar" a sus hijos contra la pared como mariposas, Galván conocía la desaparición de "Luis Genga, las hermanas Bottinelli, Ramón Jure, Carlos Kristensen, el grupo de teatro Génesis, Alicia Villaverde y Darío Altomaro que fueron secuestrados, llevados a Bahía Blanca y abandonados con señales de tortura".

Galván señaló a Miguel Ángel Quiñones -policía rionegrino imputado en esta causa- como quien dio el dato a una tercera persona de la liberación de Genga "en un espacio entre Centenario y Arroyito", y ante una consulta puntual, aclaró haber conocido a Quiñones cuando ambos vivían y trabajaban -cada uno en su labor- en Cinco Saltos, en 1968. Recordó que el 24 de marzo de 1976 el general Liendo le exigió a los directores de los diarios regionales la censura y "autocensura" para que se abstuvieran de publicar "nada que afecte el proceso en marcha".

Ex enfermero complicó a Guglielminetti y dos represores a otro juicio

NEUQUÉN (AN).- Un enfermero que se desempeñó en la U9 los meses posteriores al 24 de marzo de 1976, aseguró que Raúl Guglielminetti sacaba a "presos políticos" de la cárcel durante la noche y los regresaba con evidentes signos de tortura.

Federico Blonski (76 años) llegó a la zona como sargento primero en la década del '60 y fue dado de baja por inconducta militar. Para 1976 ejercía como enfermero en el Castro Rendón y de allí fue declarado "prescindible"; con posterioridad continuó con la labor profesional en la U9 hasta que lo obligaron a renunciar, y se fue a Sierra Grande porque en Neuquén no conseguía trabajo y "tenía miedo".

El enfermero sostuvo haber estado el 25 de marzo en la U9 durante la noche, y que en el sector de calabozos, "estaba lleno de jóvenes (hombres y mujeres) que habían sido detenidos" por razones políticas, entre los que recordó a Jorge Jure.

Aseguró que Guglielminetti, a quien dijo haber conocido antes cuando se presentaba como periodista del Diario "Sur Argentino", se hacía llamar "mayor Guastavino, venía con un oficial del Ejército y con soldados; traía prisioneros y se los llevaba; los traía luego en muy malas condiciones".

Describió que cuando regresaban esos detenidos "venían con los oídos reventados, y a otros se les notaba que les habían aplicado la picana eléctrica". Aseguró que no los trató él sino que lo supo en el penal, porque fueron colocados "en un ala de la unidad donde no los veía", y que tampoco se le ordenó asistirlos médicamente.

Los defensores cuestionaron al testigo porque se enteró de los hechos a través de otros penitenciarios, a quienes no identificó.

Dos para el otro juicio
NEUQUÉN (AN).- El jefe del destacamento de Inteligencia 182 en Neuquén, Mario Gómez Arenas, y el encargado de atender a los familiares y responsable del traslado de las víctimas, Luis Farías Barrera, irán a juicio junto con el excomisario de Cutral Co en 1976, Héctor Mendoza.

Así lo dieron a conocer los jueces Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano. Su situación "se acumula" a la causa 808/12, de Mendoza, para lo cual ya se designó el mismo tribunal de enjuiciamiento, se indicó ayer extraoficialmente.

Mendoza fue elevado a juicio y esta acusado por todos los casos de víctimas del operativo Cutral Co, que fueron ventilados los primeros meses de este juicio. El comisario neuquino no integró la actual lista de imputados en este proceso porque permaneció prófugo en Paraguay, de donde fue extraditado en 2010.

Gómez Arenas y Farías Barrera presentaron problemas de salud en la apertura de las audiencias, y el juicio estaba suspendido para ellos. Los militares están acusados de la mayoría de los casos de secuestros y torturas por su rol protagónico en las definiciones de quiénes debían ser detenidos y cuál era su destino final.

Farías Barrera tiene detención domiciliaria en Alta Barda. Trasladó a cuatro de los seis desaparecidos de este juicio y nunca más se los vio.

Reconstruyeron el secuestro de Chávez en Cutral Co

Los autores destruyeron la casa de sus padres.

Su esposa nunca supo por qué, ni lo volvió a ver.

NEUQUÉN (AN).- "Nunca se pudo saber nada, para nosotros se lo tragó la tierra", graficó ayer la esposa de Carlos Chávez, desaparecido de Cutral Co en junio de 1976 sin que aún se conozca su destino.

Testimonios de sobrevivientes dieron cuenta de que luego de que fue secuestrado de su casa en Cutral Co, se lo escuchó en el centro clandestino de Bahía Blanca, donde está radicada la investigación de su caso.

La reapertura del juicio por delitos de lesa humanidad en Neuquén se llevó a cabo ayer en el salón de audiencias de Amuc.

Gladis Durán de Chávez fue la testigo propuesta por la fiscalía para "complementar todo el operativo Cutral Co", especificó ayer el fiscal José María Darquier.

La mujer dijo ante los jueces que Chávez fue secuestrado violentamente de la vivienda de sus padres por un grupo de personas "que destruyeron la casa", "no dieron explicaciones" y "entraron como si fueran ladrones" la madrugada del 14 de junio de 1976.

Describió que el grupo actuó con los rostros tapados "pero llevaban armas largas, y borceguíes, botas como de policía y el pantalón y bombachas verdes", describió.

Detalló que llegaron al domicilio amenazando a un conocido para que les indicara dónde vivía Carlos Chávez, agregó que una vez que lo apresaron, lo envolvieron en una frazada, y en el mantel de la cocina se llevaron "todo lo que pudieron" de la heladera.

Nunca más lo volvió a ver ni supo de él. Indicó que cuando algunos de los secuestrados "comenzaron a aparecer, surgió que alguno lo vio". Le indicaron que lo habían observado en un auto de la policía el día de la detención masiva en Cutral Co y Huincul, pero "cuando fuimos a la comisaría, el comisario (por Héctor Mendoza) le dijo que "ahí no había pasado nada". Sostuvo que tampoco logró respuestas en el Comando, por parte del mayor Oscar Reinhold.

Carlos Chávez trabajaba en YPF, y la defensa de los militares insistió en conocer si tenía alguna militancia. "Si mi marido tuvo alguna vinculación con los grupos de ese momento, se ocupó mucho de que nosotros no lo supiéramos; no lo pude saber posteriormente, nunca nadie me dijo que estaba en otro lugar que no fuera en las cosas de la Iglesia, o del gremio. Nunca se me hubiera pasado por la cabeza semejante tragedia", dijo la mujer luego en rueda de prensa, en tanto ante los jueces exigió Justicia "por el terrible daño" que acarreó la dictadura. "Nunca entendí qué fue lo que pasó, fue tan terrible y desagradable, que aguardo que alguna vez se haga justicia", finalizó.

Durán se posicionó a favor de peticionar la figura de homicidio para los desaparecidos.

Se reanudan las audiencias por "La Escuelita" II

A partir de las 14 declararán testigos del operativo Cutral Co.
Falta el testimonio de más de 80 personas de aquí a septiembre.

NEUQUÉN (AN).- Con un cronograma que prevé la presentación de casi 80 testigos de prueba hasta septiembre próximo, comenzará hoy la última etapa del juicio por los delitos cometidos durante la dictadura militar en el Alto Valle.

El debate se reabrirá a partir de las 14 en el salón Verde de Amuc, con los testimonios de familiares de detenidos - desaparecidos durante el operativo "Cutral Co", y de agentes penitenciarios y policías federales solicitados por las defensas.

El cronograma de audiencias fijó la continuidad del proceso de prueba hasta la primera semana de septiembre con más de 72 personas que deberán comparecer ante los jueces, aunque a este listado se sumarían al menos una decena de citaciones. Los jueces deben aún decidir sobre más de 15 testigos que en la etapa anterior fueron postergados porque en el momento de la convocatoria no se los halló, o pidieron un aplazamiento de la fecha.

Entre ellos se encuentra el caso de los tres hermanos Pailos, que fueron propuestos como testigos por las víctimas que acusan a los policías rionegrinos imputados en esta causa por las detenciones ilegales y las torturas en la comisaría de Cipolletti.

Como se recordará, los jueces Orlando Coscia, Mariano Lozano y Eugenio Krom consideraron que los Pailos no estaban en condiciones de atestiguar porque se sentían amenazados, y acordaron analizar su posible presentación en una etapa posterior.

En estas semanas se espera conocer la resolución de los jueces sobre la salud de los imputados Mario Alberto Gómez Arenas (jefe del destacamento de Inteligencia 182) y Luis Alberto Farías Barrera (Jefe de Personal del Comando, encargado de atender a los familiares y responsable del traslado de los detenidos) y si el juicio continuará suspendido para ellos.

Tras el receso judicial, el listado de testigos contiene en su mayoría a retirados de las fuerzas policiales, militares y federales que fueron propuestos por las defensas. También incluye en los últimos días, a los testigos de concepto solicitados por querellantes y defensores.

La primera audiencia comenzará a las 14, y habrá continuidad de testimonios mañana y el miércoles durante toda la jornada. "Arrancan en esta etapa las testimoniales de diferentes fuerzas represivas que fueron convocados por las defensas, incluidos los del servicio penitenciario, y que nosotros planteamos que van a aportar la participación de estas fuerzas en el plan sistemático porque desde la U5, o la U9 o la U6 se llevaban a la gente para torturar: si bien no están imputados, reflejará el rol que esta fuerza aportó a lo que fue la dictadura"; dijo la querellante Ivana Dal Bianco.

Aseguró que varios de los comparecientes de este mes "más que testigos, deberían ser imputados porque tuvieron un rol activo en los operativos de secuestro".

“La Policía Federal fue una pieza clave de la represión en Neuquén”

 Así lo manifestaron los querellantes en el juicio por delitos de lesa humanidad.
Esa dependencia fue un centro ilegal de detención y torturas antes de ponerse en funcionamiento “La Escuelita”.
Por Georgina Gonzales y Pablo Montanaro
Ramón González, alias “Perro” (fallecido en octubre de 1988), y Raúl Guglielminetti eran quienes realizaban los interrogatorios. 

 
Neuquén- Algunos de los testimonios brindados por víctimas y testigos durante las audiencias de la primera parte del juicio contra 23 imputados por delitos de lesa humanidad cometidos en la región durante la última dictadura militar, que se está desarrollando en esta ciudad y que retomará el próximo lunes 6 de agosto, confirmaron el rol significativo que desempeñó la Policía Federal en Neuquén en el marco de la alegada lucha contra la subversión.

A esto se le ha sumado la detención a mediados de julio en la Unidad Nº9 del Servicio Penitenciario Federal de Jorge Alberto Soza, quien se desempeñara como segundo jefe de la Policía Federal de Neuquén desde septiembre de 1975 y enero de 1977, período en el que se registró la mayor cantidad de detenciones y secuestros en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén.

El texto del procesamiento con prisión preventiva dictado por el Juzgado Federal Nº2 contra Soza señala “el rol de la Policía Federal Argentina en la alegada lucha subversiva en cuyo marco fueron cometidos los hechos aquí investigados fue preponderante, no sólo en cuanto a la experiencia que el personal policial tenía para su formación en cuanto a la práctica de llevar a cabo allanamientos, detenciones, labrar actuaciones sumariales, etcétera, como a la vez por las tareas de inteligencia que desarrollaba personal de su repartición”.

En ese tiempo la delegación de la Policía Federal en Neuquén estaba a cargo del comisario Jorge Ramón González, alias “Perro” (fallecido en octubre de 1988), quien junto al agente civil de inteligencia Raúl Guglielminetti, imputado en esta causa, realizaban los interrogatorios.

Según consta en la instancia de instrucción, esa dependencia “recibía en horario diurno detenidos provenientes de otras unidades de detención que eran interrogados bajo la aplicación de tormentos y luego devueltos por la noche a su lugar de origen.

En la ejecución de las actividades ilegales se encuentra acreditada la participación de personal de Policía Federal y personal civil de Inteligencia militar”. Cuando Soza fue indagado luego de su detención, el ex policía afirmó que nunca vio detenidos en la delegación de la Policía Federal y negó que el lugar haya sido utilizado para interrogatorios y aplicación de torturas a detenidos.

Para Ivana Dal Bianco, abogada querellante por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), la Policía Federal “fue una de las fuerzas fundamentales en el genocidio de Estado que se desató a partir del 24 de marzo de 1976”. Es que la delegación de la Policía Federal, ubicada en la calle Santiago del Estero 130 de esta ciudad, fue utilizada como centro de interrogatorios y torturas mucho antes de junio de 1976 cuando comenzó a funcionar “La Escuelita”.

Prueba
Para Dal Bianco, la prueba más clara del rol de la Policía Federal durante los años de la dictadura está en que allí “llevaban a los detenidos hasta que se puso en funcionamiento La Escuelita, era el lugar de secuestro y era una comunidad entre todas las fuerzas, decidían a quién secuestraban, había una conexión y un aporte fundamental, no sólo de la fuerza sino de las instalaciones”.

Por su parte, el abogado querellante por la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), Juan Cruz Goñi, señaló que en la sede de la Policía Federal “se instituyó un verdadero centro de detención, donde se mantuvieron detenidas a las víctimas ilegalmente en condiciones inhumanas y donde muchas de ellas fueron cruelmente interrogadas y torturadas, lo que quedó demostrado en los casos, entre otros, de Orlando Balbo y Carlos Kristensen pero también por una serie de casos que serán tratados en el tercer tramo del juicio contra los represores en el que muchas víctimas relatarán lo sucedido en ese lugar”.

Indicó que en el marco del esquema represivo la conexión de la delegación de la Policía Federal de Neuquén con Capital Federal era manifiesta “en razón de que es posible afirmar que nuestra región se comportó como una zona de recolección de víctimas que luego eran enviadas a Coordinación Federal.

Ello quedó comprobado en el caso Susana Mordasini e inclusive se verá reforzado en el tercer tramo del juicio”. Mordasini tenía 16 años cuando en 1977 fue secuestrada de la casa de sus abuelos en Neuquén donde vino a pasar sus vacaciones (el mismo día en que en Buenos Aires detenían a su hermana) y llevada al Batallón, luego a la U9 y de ahí a la Alcaidía y posteriormente trasladada a la Capital Federal donde fue alojada en el tercer piso de Superintendencia de Coordinación Federal, junto con otros presos políticos.

Cutral Co
La Policía Federal fue clave en el Operativo Cutral Co porque los interrogatorios a las personas detenidas durante los días 14 y 15 de junio en la Comarca se hicieron en la delegación de la calle Santiago del Estero.

Dal Bianco aportó que no sólo la Policía Federal participó de los secuestros de esos dos días sino antes, “el 9 de junio con la detención de Alicia Pifarré, Susana Mujica, Arlene Seguel y Argentina Seguel”. “Participaron de secuestros de personas que aún están desaparecidas”, agregó.

Escuelita II: "Hay una clara intencionalidad de salvar a la policía de Rio Negro"

(AW) La abogada querellante del Ceprodh, Ivana Dal Bianco, expresó que quienes buscan desacreditar a los testigos, víctimas de torturas de una comisaría de Cipolletti, en realidad actúan para defender a la policía de esa provincia.
Lo dijo la abogada querellante del Ceprodh, Ivana Dal Bianco, en relación a quienes desacreditan a los testigos que fueron interrogados y torturados en la comisaría de Cipolletti. También hizo una evaluación del primer tramo del segundo juicio contra represores, que se reanudará el lunes 6 de agosto.

Dal Bianco consideró que durante el debate oral y público "hubo testimonios impresionantes, que no solamente contaron las cosas tremendas, terribles que les hicieron vivir, sino también que reivindicaron su militancia política, su militancia revolucionaria en algunos casos, su militancia estudiantil, su origen político".

A su entender quedó demostrado, en el trascurso de las audiencias, que funcionó en la zona un circuito represivo del que participaron todas las fuerzas.

La abogada hizo especial hincapié en que Dora Seguel, víctima del Operativo Cutral Co, cuya hermana, Arlene Seguel permanece desaparecida, no pudo explayarse en su declaración pues su caso quedó excluido de la causa. "No son casos aislados", destacó. Y agregó que cada testimonio es fundamental a la hora de reconstruir el plan sistemático de exterminio.

"Tienen un enorme y profundo sentido estos juicios si nosotros los usamos para discutir cuál fue la verdad histórica de lo que pasó en Argentina, cuales son las conclusiones que hay que sacar de los años `70 para que sirvan para el día de hoy, el rol de las fuerzas represivas, demostrar la impunidad de cada una de las fuerzas", aseguró.

Además señaló que aportan "en la subjetividad de cada uno de los compañeros que tuvo que declarar" para quienes resulta en muchas casos "liberador".

Afirmó que en comparación al primer debate que se desarrolló en la región en 2008, éste involucra a figuras como la del ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti "que representa en sí mismo la triple A".

En cuanto a las perspectivas para la segunda parte del debate, en que las defensas intentarán mellar el relato de las víctimas, especialmente las que apuntaron al personal que prestó servicios durante la última dictadura cívico militar en la comisaría de Cipolletti, Dal Bianco dijo que "va a ser discutida, muy discutida".

"Ahí vamos a tener que ser también muchos denunciando que hay una clara intencionalidad de salvar a la policía de Rio Negro, porque es la fuerza que hoy utiliza el gobierno de Rio Negro para sus intereses, es la policía que asesinó en Bariloche a Bonefoi, Cárdenas y Carrasco", manifestó.

Respecto a testigos como Alejandro Rojas, policía neuquino retirado que fue identificado por Nelly Curiman como "el terror de la militancia", la abogada explicó que los juicios alcanzan a "personajes emblemáticos" y a quienes "estaban en las primeras líneas de cada una de las fuerzas represivas y no llegar al fondo de la cuestión"