lunes, 14 de noviembre de 2011

De prófugo a teatrero... revocan arresto domiciliario a represor

Revocan arresto domiciliario de ex policía acusado por delitos de lesa humanidad
Se trata de Héctor Mendoza. La medida fue dispuesta por la Cámara Federal de General Roca. El tribunal señaló que la conducta observada por el imputado permite presumir que “se dará a la fuga en la primera oportunidad que se le presente”

La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca revocó el beneficio de prisión domiciliaria concedido al ex policía Héctor Mendoza, en el marco de una causa por delitos de lesa humanidad cometidos durante el último gobierno militar.

En su fallo, el tribunal aseguró que el imputado “jamás tuvo la menor intención de someterse a las consecuencias jurídicas derivadas del proceso penal”.

En tanto, afirmó que “la ausencia de todo control sobre su encierro cautelar permite presumir, acabadamente y sin que abrigue en esta conclusión ninguna clase de duda, que se dará a la fuga en la primera oportunidad que se le presente propicia para ello”.

lunes, 24 de octubre de 2011

Postergan hasta marzo inicio juicio represores : unos cuantos meses más de impunidad


Postergaron el juicio de "La Escuelita II" a marzo de 2012
La falta del cuarto juez impide el inicio de las audiencias previstas para el próximo lunes.
El Tribunal Oral Federal de Neuquén resolvió fijar nueva fecha para el 7 de marzo del próximo año.
 
 El segundo juicio que juzgará a los represores que actuaron en el centro clandestino de detención La Escuelita durante la última dictadura militar, que iba a empezar el lunes 2 de noviembre, se postergó hasta el 7 de marzo del próximo año.
La resolución del Tribunal Oral Federal de Neuquén explica que el proceso judicial se postergó por “la falta de designación a la fecha del cuarto juez para integrar el Tribunal, que impone obligatoriamente el Código Procesal Penal de la Nación para juicios cuya duración se estima superior a diez días”.
Además, los jueces dejaron asentando que los trabajos de remodelación de la nueva sala de audiencias que iba a funcionar en el salón de AMUC tampoco se encuentran concluidos.
Si bien el Tribunal ya contaba con su conformación de tres jueces -Orlando Coscia, Norberto Ferrando y Eugenio Krom-, ante cualquier inconveniente de los mismos el Código define que se requiere un cuarto integrante que presencie todas las audiencias.
Este segundo tramo del juicio a los represores que actuaron en la región son 25 los imputados, entre los que se encuentra el ex agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti y el ex coronel Oscar Lorenzo Reinhold.
El primer tramo de este juicio en Neuquén se realizó en 2008 y tuvo como procesados a ocho de los represores que intervinieron en la última dictadura militar.
Esta segunda etapa ya había sufrido demoras porque las defensas de los imputados por delitos de lesa humanidad habían presentado una serie de planteos y pedidos de nulidades que lograron dilatar la realización del juicio oral y público. Entre la serie de planteos se incluyó la impugnación a organismos de derechos humanos como querellantes de la causa, que finalmente no fueron aceptados por la Cámara Nacional de Casación Penal.
 
Desazón
Algunas de las víctimas de la represión en la región, hasta ayer a la tarde no sabían de la resolución del Tribunal que posterga cinco meses más el inicio de los juicios por delitos de lesa humanidad.
"Esta nueva postergación es un golpe durísimo", sostuvo Dora Seguel, quien tenía 16 años cuando fue secuestrada durante el "Operativo Cutral Co" en junio de 1976 y es hermana de Arlene y Argentina, ambas desaparecidas. “No tienen idea del daño que provocan. Te avisan que vas a ser testigo, recordás cada detalle y no podés evitar el dolor”, expresó Seguel.
Pedro Maidana, quien está incluido en este tramo del juicio como víctima, comentó que se preveía que podía llegar a suspenderse por la ausencia del cuarto juez.
Noemí Labrune, de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) consideró que esta situación "se veía venir" y que es el resultado "de la impericia o error de cálculo del Poder Ejecutivo, que no elevó a tiempo los pliegos de los jueces federales sabiendo la falta de jueces que hay en el país".

jueves, 23 de junio de 2011

Primera audiencia contra siete procesados por delitos de lesa humanidad

TODOS LOS IMPUTADOS SE ENCUENTRAN EXIMIDOS DE PRISIÓN 
Extrema seguridad de fuerzas provinciales y federales.
En un contexto de extrema seguridad se realizó la primera audiencia en el juicio por la violación de derechos humanos y delitos de lesa humanidad en la dictadura militar de 1976 en Viedma.

Hay siete personas procesadas entre las cuales cinco integraron la Policía de Río Negro y dos las fuerzas militares. Las víctimas de esa situación fueron dos gremialistas de Sierra Grande. La causa está caratulada como ‘privación ilegítima de la libertad, secuestro y tortura hacia esas dos personas‘.

Con todo el edificio de la Justicia Federal custodiado por la policía rionegrina en su parte externa y extremas medidas de seguridad llevadas adelante por la Policía Federal en su interior, se llevó a cabo la primera audiencia.

Los jueces pertenecen al Tribunal Oral Federal de General Roca y Neuquén y el recinto donde se concretó la audiencia tenía capacidad para 36 personas y 8 periodistas.

Los procesados son: Manuel Lobos, Rubén Alcides Colina, Sixto Navarrete, Elfio Navarrete, Alberto Marasco, quienes prestaban servicios en la policía rionegrina, Rubén Castelli, interventor militar en la provincia de Río Negro y el coronel Raúl Pedernera.

Ni bien comenzó la audiencia, el abogado de uno de los imputados dijo que no se podía hacer ninguna manifestación política, por lo que le pidió a una madre de Plaza de Mayo que estaba en Viedma que se quite el pañuelo, por lo que el tribunal pidió un cuarto intermedio para decidir sobre ese pedido que finalmente fue rechazado.

Reanudado el cuarto intermedio se hizo la lectura de la acusación contra los imputados y abogados de los mismos solicitaron la nulidad del juicio porque entienden que los crímenes que se juzgan no están tipificados como crímenes de lesa humanidad.

Las víctimas de esa ocasión fueron Daniel Avalos y Carlos Lima, quien falleció el año pasado.
ío Negro: un sobreviviente relató las torturas a las que fue sometido en el juicio por delitos de lesa Humanidad

Daniel Ávalos, único sobreviviente en esta causa, recordó en detalle lo sucedido a principios de abril de 1976 en Sierra Grande, localidad en la que conducía el gremio de la construcción UOCRA, junto con su compañero Carlos Lima, cuando se construía el poderoso complejo minero Hipasam.

Ávalos recordó que fue detenido en Sierra Grande junto a otros compañeros, y relató las torturas a los que fue sometido después de haber sido trasladado a Viedma para ser interrogado.

Señaló al ex policía Elfio Navarrete como quien golpeaba y humillaba a los detenidos en Sierra Grande y en el trayecto a Viedma, ciudad en la que conoció el cautiverio y la tortura.

Este es el primer juicio de estas características que se realiza en la capital rionegrina, y en la causa en la que resultaron víctimas esos dos ex dirigentes del gremio de la UOCRA.

Lima, por su parte, falleció el año pasado en Plottier, Neuquén.

Entre el público se observó la presencia de funcionarios de Derechos Humanos, víctimas de detenciones ilegales y torturas que esperan juicio, así como el coordinador del Programa Verdad y Justicia del ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Guillermo Valera junto con la abogada del organismo Claudia Lencina.

El Tribunal integrado por los camaristas federales de Roca, Armando Márquez, Orlando Coscia y Norberto Ferrando, dispuso en más de una oportunidad pasar a un cuarto intermedio y rechazó planteos de las defensas vinculados a la inconstitucionalidad de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Ante la negativa a declarar en indagatoria de los imputados, remitiéndose todos a lo señalado durante la instrucción, los jueces dispusieron comenzar con la lista de testigos que estaba prevista para hoy. Fue entonces convocado Daniel Ávalos, quien declaró durante más de tres horas.

En su extenso testimonio, Ávalos sostuvo que con la policía de Sierra Grande trabajó en aquel tiempo en varias oportunidades, en cuestiones sociales que se producían en una ciudad que ofrecía trabajo a mineros y que llegó a contar con 20.000 habitantes, de los cuales 15.000 eran hombres.

“Si alguien no creía que caería preso era yo”, dijo, al asegurar que no había motivos para su detención. "No era subversivo, y si lo hubiera sido no merecía ese sufrimiento, sino la oportunidad de justicia que ellos tienen ahora”, dijo el testigo.

Recordó que al llegar a la Comisaría Primera de Viedma escuchó los alaridos de dolor de Lima por las torturas a las que era sometido, al igual que otros trabajadores y jóvenes cautivos.

Con los ojos vendados y las manos atadas Ávalos dijo haber sido trasladado en más de una oportunidad a un lugar alejado, donde se lo sometió a simulacros de fusilamiento. Luego, dijo, estuvo detenido en un sótano de la escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro hasta recuperar la libertad, recordó.

Por la tarde el Tribunal y las partes se trasladaron a la Comisaría Primera y la Escuela de Policía para realizar una inspección ocular de ambas dependencias.

Esta causa se inició hace 26 años y llegó a la etapa de juicio con imputados que ya superan los 70 años.

Entre ellos se encuentran los policías rionegrinos retirados Víctor Manuel Lobos, de 75 años y de Villa Regina, entonces jefe de la comisaría de Sierra Grande; Rubén Alcides Codina, de 71, de Luis Beltrán, segundo jefe de esa dependencia en aquel momento; Sixto Navarrete, de 82 años, suboficial del cuerpo de Infantería; y Alberto Mario Marasco, de 75 años, policía retirado de Viedma que en el momento de los hechos estuvo a cargo de la Escuela de Cadetes de la Policía de Río Negro en esta capital.

jueves, 28 de abril de 2011

Revés judicial para los represores

La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó las recusaciones contra los jueces presentadas por los defensores de los militares acusados de delitos de lesa humanidad producidos en Neuquén.

En la primera parte del juicio fueron condenados ocho represores que actuaron en La Escuelita.

Ahora el Tribunal Oral Federal de Neuquén deberá establecer la fecha de inicio del segundo tramo del juicio oral y público.
 
La Cámara Nacional de Casación Penal rechazó las recusaciones presentadas por los abogados defensores de los militares acusados de delitos de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura militar en Neuquén.
La Cámara debía resolver el apartamiento o no de los jueces del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Ricardo Krom y Orlando Coscia requerida por los abogados Eduardo Peralta, Héctor Corigliano, María Oviedo y Guillermo Álvarez quienes consideraron que no estaba garantizado el derecho a juicio de sus defendidos porque ambos magistrados los habían juzgado y condenado en el primer tramo del juicio que en diciembre de 2008 condenó a ocho de los principales ex jefes militares con penas efectivas desde 7 a 25 años de prisión.
Ahora el Tribunal Oral Federal de Neuquén deberá establecer la fecha de inicio del segundo tramo del juicio oral y público por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención La Escuelita que funcionó en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 181 del Ejército de esta ciudad.
 
En esta parte del juicio son 25 los imputados, entre procesados e indagados pertenecientes al Ejército, Gendarmería, Policía Federal, policías de Río Negro y Neuquén, y de servicios de inteligencia, 39 víctimas, 6 desaparecidos (dos de Cutral Co y cuatro de Neuquén).
En esta segunda parte del juicio también están procesados los ocho ex militares condenados en 2008: el ex jefe del Batallón, general Enrique Braulio Olea; los ex jefes de inteligencia de esa unidad, Mario Alberto Gómez Arenas y del comando de la Sexta Brigada, Oscar Reinhold (25 años de prisión), ex jefe del Personal del Comando, Luis Alberto Farías Barrera (22 años), ex miembros de Inteligencia del Ejército, Jorge Molina Ezcurra y Adolfo San Martín (21 años), ex médico militar Hilarión de la Pas Sosa (20 años) y ex suboficial de Inteligencia, Francisco Oviedo (7 años).
 
“Tendremos juicio”
Beatriz Gentile, delegada en Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, informó a este diario que ayer recibieron las cédulas de notificación enviadas por la Cámara Nacional de Casación que establecía los rechazos del recurso de casación interpuesto por las defensas de los militares acusados por delitos de lesa humanidad: Sergio Adolfo San Martín, Jorge Eduardo Molina Ezcurra, Hilarión de la Pas Sosa, Enrique Braulio Olea, Héctor Gagliardi, Francisco Julio Oviedo, Oscar Lorenzo Reinhold, Mario Alberto Gómez Arenas y Luis Alberto Farias Barrera.
 
“Con esta resolución de la Cámara Nacional de Casación está libre el camino para iniciar la segunda parte del juicio a los represores y ahora restaría que el Tribunal Federal de Neuquén fije una fecha para su comienzo”, expresó Gentile, quien estimó que el juicio podría empezar en el mes de agosto o septiembre.
Señaló que había una “enorme expectativa” por lo que resolviera la Cámara de Casación “ya que en el caso de que se hubieran aceptado las recusaciones el comienzo del juicio se postergaría por mucho más tiempo debido a “que se debía conformar un nuevo tribunal, designar nuevos jueces”.
Respecto a la presentación de recusación que hicieran los abogados defensores de los militares que actuaron en la región durante la última dictadura militar, la delegada en Neuquén de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, precisó que “intentaron dilatar a través de cualquier forma la sustanciación de los juicios porque es abrumadora la cantidad de prueba documental y testimonial que certifica el plan genocida y criminal que instalaron en Argentina”.