lunes, 1 de abril de 2013

Neuquén volvió a decir "Nunca más"

Más de 10 mil neuquinos se convocaron ayer en el centro de la ciudad a 37 años del inicio de la dictadura cívico militar y para recordar a los 30 mil desaparecidos que dejó el accionar represivo.

Neuquén > La capital de los derechos humanos volvió a salir a la calle otro 24 de marzo, con sus banderas en alto, sus manifestaciones artísticas y sus Madres de Plazo de Mayo encabezando una multitud.
Más de diez mil personas se movilizaron por Neuquén para gritar “¡Nunca más!”, la clásica consigna en repudio de la dictadura cívico-militar que comenzó el 24 de marzo de 1976. Atravesada por la coyuntura nacional, que dividió en tres a la columna de manifestantes, los discursos de los oradores sobre el Monumento a San Martín hicieron eje en exigir la aparición con vida de los desaparecidos en democracia, en repudiar el “Proyecto X” de inteligencia del gobierno nacional, reclamar el fin de la criminalización de la protesta y el rechazo a la sentencia del juicio La Escuelita II.

La concentración comenzó a las 20, donde Madres de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle encabezaron la columna por la avenida Argentina, acompañada por organismos de derechos humanos. Luego, una vez comenzada la movilización, se sumaron distintas columnas que se dividieron en dos, las peronistas y las de izquierda.

La organización de la marcha había dispuesto que la movilización no pase frente al Comando de la VI Brigada de Montaña y montó un pequeño operativo de seguridad sobre la calle Teniente Ibañez para que la columna gire en la esquina anterior del edificio. El Comando estaba vallado alrededor de toda su manzana y, detrás del cerco, había una veintena de policías y bomberos. Para obligar a que las columnas doblen por Ibañez y vuelvan hacia el Monumento, la organización colocó un cordón humano en la esquina que sostenía una pancarta con la consigna: “Cárcel común, perpetua y efectiva”.

Oscar Ragni, de la Corriente por los Derechos Humanos, fue el primero en hablarle a la multitud. “Somos más”, repitió emocionado. Criticó el “Proyecto X” porque, según dijo, le da “impunidad a los buchones”. Además, resaltó que la Legislatura neuquina no aprobó una comunicación al gobierno nacional para saber “quién nos persigue, a quiénes, por qué y a pedido de quién”.

Luego, Zainuco, organización de abogados por los Derechos Humanos en las cárceles neuquinas, reiteró su pedido para evitar la criminalización de la pobreza. “La dictadura sigue actuando en las cárceles a través de la represión policial”, dijo su orador.
Desde HIJOS se pidió el fin del gatillo fácil policial, al cual le adujeron más de 3 mil casos, y 300 muertos en represiones abiertas. Además, dijeron que el juicio de La Escuelita II fue un “castigo falaz, un circo judicial y una farsa de justicia”.

Fuente: La Mañana

martes, 6 de noviembre de 2012

Escuelita II : un fallo que premia la impunidad

Indignación entre familiares generó el veredicto que se conoció este martes (06/11/12) en el segundo tramo del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en el centro clandestino de detención conocido como La Escuelita. Seis de los 21 acusados recibieron condenas severas -de entre 19 y 23 años de prisión- mientras que siete recibieron penas más bajas de lo esperado por la querella. En tanto, ocho fueron absueltos, entre ellos los policías rionegrinos:

1. José Ricardo Luera: condenado a 23 años de prisión

2. Oscar Lorenzo Reinhold: condenado a 21 años de prisión

3. Enrique Braulio Olea: condenado a 22 años de prisión

4. Francisco Julio Oviedo: condenado a 4 años de prisión

5. Enrique Casagrnade: condenado a 8 años de prisión

6. Máximo Hubaldo Maldonado: condenado a 7 años de prisión

7. Osvaldo Antonio Laurella Crippa: condenado a 23 años de prisión

8. Sergio Adolfo San Martín: condenado a 19 años de prisión

9. Jorge Eduardo Molina Ezcurra: condenado a 19 años de prisión

10. Raúl Antonio Guglielminetti: condenado a 12 años de prisión

11. Antonio Alberto Camarelli: 10 años de prisión

12. Gustavo Vittón: condenado a 8 años de prisión

13. Miguel Ángel Quiñones: condenado a 6 años de prisión

14. Saturnino Martínez: absuelto

15. Jorge Osvaldo Gaetani: absuelto

16. Serapio del Carmen Barros: absuelto

17. Emilio Jorge Sacchitella: absuelto

18. Gerónimo Emilio Huircaín: absuelto

19. Oscar Ignacio del Magro: absuelto

20. Julio Héctor Villalobos: absuelto

21. Desiderio Penchulef: absuelto

El veredicto generó bronca entre las víctimas y los organismos de derechos humanos que llegaron hasta el lugar. Las querellas de la APDH, la secretaría de Derechos Humanos y el CEPRODH consideraron que hubo penas "muy bajas" y absoluciones no esperadas (ver nota).

Por su parte el fiscal Marcelo Grosso declaró a la prensa, en medio de los cuestionamientos de los allegados a las víctimas, que no le conformó el veredicto y que buscarán apelar. "Vamos a evaluar la posibilidad de ir en casación por algunas absoluciones", señaló el funcionario judicial quien dejó en claro que "no cubrió las expectativas de la fiscalía. Pretendíamos otras penas y otras condenas".

En tanto los abogados Rodolfo Ponce de León y Paola Rubianes, únicos representantes de la defensa que estuvieron presentantes, se mostraron conformes con el veredicto. "No hay que agarrárselas ni con los defensores ni con los jueces. Hay que agarrárselas con los que tenían el trabajo de acusar y no acusaron", lanzó Ponce de León (ver nota).

Tras la lectura del veredicto, militantes, organizaciones sociales, partidos y sindicatos se movilizaban desde el salón de Amuc hasta los tribunales federales ubicados en el centro de la ciudad de Neuquén para manifestar su descontento.

Los jueces Orlando Coscia, Mariano Lozano y Eugenio Krom leyeron el veredicto a los 21 acusados por delitos de lesa humanidad, por 39 denuncias de detenidos - desaparecidos en la última dictadura en Neuquén y Río Negro. Ninguno de los imputados estuvo presente durante la audiencia final.

La lectura comenzó a las 7:30 en el salón Verde de Amuc, el lugar donde se han desarrollado las audiencias desde abril, cuando comenzaron los testimonios de los sobrevivientes que padecieron tormentos durante el golpe de Estado. En la voz de Coscia el veredicto culminó antes de las 8.30 e hizo estallar el murmullo y las críticas de los presentes en la sala.

Además de las condenas y las absoluciones, en un veredicto de más de 30 puntos, también se estableció la separación de declaraciones por distintos pedidos. Entre lo concedido existe un planteo del defensor Ponce De León para revisar la Instrucción de la causa. También se resolvió por presuntos falsos testimonios.

De las 39 desapariciones que se trataron en las audiencias, seis corresponden a militantes barriales y políticos de los que nunca se supo su destino.

En el juicio la Apdh pidió que las desapariciones forzadas fueran contempladas como homicidio, y este planteo fue derivado por el tribunal a la instrucción, por lo que, a diferencia de lo que ocurrió en juicios como el de Bahía, la figura de homicidio no fue parte de las condenas.

Tras conocerse el veredicto varios de los referentes que siguieron las instancias, que investigaron a los responsables por los delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino la Escuelita, expresaron su bronca y el compromiso de continuar con la lucha por la verdad y la memoria.

"Vamos a seguir luchando", sintetizó Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo, quien agregó que "no nos sentimos derrotadas porque la sangre de nuestros hijos no tiene precio, no se vende a ningún gobierno a ningún fiscal ni abogados".

Para Sergio Méndez Saavedra, detenido de Cutral Co, cuestionó la actitud del abogado Rodolfo Ponce de León y la otra defensora presente, Paola Rubianes, al decir "la pena vergonzosa que dan estos abogados". Agregó que los jueces del TOF dictaron "un fallo de impunidad".

"No es una burla, es realmente un acto criminal que ha cometido por este tribunal y la justicia Federal", sintetizó Eduardo París, quien fue víctima de la última dictadura militar.

Otro de los referentes que se expresó fue Oscar Ragni quien dijo lo siguiente: "Es una actitud de venganza de él (por Olea) por lo que está padeciendo. Porque ellos saben que secuestraron, torturaron, mataron, robaron y desaparecieron, pero a los compañeros no les ganaron. Los compañeros donde estén están libres y ellos (por los imputados) están aquí y ahora y tendrán que cumplir, no importa que sea un año, cinco, diez o cincuenta, pero tendrán que avenirse a lo que diga la Justicia. Los compañeros y las compañeras desaparecidas les han ganado".

jueves, 1 de noviembre de 2012

A poco de la sentencia en el juicio "Escuelita II"

LOS JUZGA UN TRIBUNAL…

Como lo hemos sostenido desde el principio, estos juicios tardíos no son una concesión graciosa de ningún poder político para saciar la sed de venganza de un sector particular, sino que constituyen el fruto de más de 36 años de lucha inclaudicable por el Juicio y Castigo a los Genocidas.
Lamentablemente, las secuelas de tantos años de impunidad se han plasmado en la manera en que se llevan a cabo, de forma parcializada y sin un criterio en común para dar respuesta a la elección discrecional de algunas “victimas” por sobre otras. No es necesario ser muy perspicaz para entender que el desguace de la causa tuvo entre sus objetivos, desvirtuar la verdad histórica de lo ocurrido en nuestra región y en el país en general. Además de garantizar la impunidad a muchos de los imputados que serán juzgados en varios tramos por uno o dos casos, buscando obtener penas menores que disminuyan su responsabilidad en el Plan Genocida.


Es así, que a 7 meses de iniciado el Juicio “Escuelita 2”, en que se juzga solo a 22 Genocidas de Rio Negro y Neuquén, es necesario reafirmar algunas denuncias y apreciaciones que hemos hecho públicas en el transcurso del mismo. Estas evidencian cual ha sido el rol asumido por la “Justicia”, representada por el Tribunal Oral Federal de Neuquén, conformado por Orlando Coscia, Eugenio Krom y Mariano Lozano y por la Fiscalía Federal.
En principio, continua siendo una aberración moral que, quienes son juzgados por los crímenes más atroces que se pueden cometer contra la humanidad, cuenten con innumerables beneficios. Mediante ellos, se busca equiparar simbólicamente a las víctimas directas con los victimarios, y generar situaciones de peligro y vulnerabilidad para quienes tienen el peso de dar su testimonio como única prueba fehaciente de imputar responsabilidades a los acusados. Todos ellos, pertenecientes a las Fuerzas Represivas han mantenido y seguirán manteniendo, un “pacto de silencio”; además de haber eliminado y ocultado las pruebas materiales que los incriminan. Sirviéndose para ello de acuerdos espurios con el poder político de los sucesivos gobiernos constitucionales, y consolidando así, las garantías de impunidad brindadas por el Estado y que todo proceso genocida exige.


Ante esta realidad notoria, los jueces anteriormente mencionados, han optado por proteger y beneficiar sistemáticamente a los genocidas. Permitiendo abiertamente el maltrato y hostigamiento a las víctimas-testigos y sus familiares. Incluso reprimiéndonos como al comienzo del Juicio, cuando de una de las camionetas en que se transportaba a los imputados, se dispararon tres granadas de gas pimienta que lesionaron a una compañera en su rostro y ocasionaron problemas respiratorios a muchos de los presentes. Asimismo, este tribunal admitió como “testigos” a varios genocidas que reconocieron en sus declaraciones su participación activa en el plan y que han sido identificados por las propias víctimas, como el ex comisario de la Policía de la Provincia de Neuquén, Alejandro Rojas y el oficial de inteligencia de la Policía de la Provincia de Rio Negro Jorge Galera, entre muchos otros.

En contraposición a los numerosos beneficios que se brindó a los genocidas, como no asistir a la mayor parte de las audiencias, permisos de viajar a visitar a sus familias, excarcelaciones y prisiones domiciliarias para la mayoría de ellos, e incluso permitir que amedrenten e insulten en medio de su testimonio a una víctima; Este tribunal no dudo en amenazar con echar de la audiencia a las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén y Alto Valle, y en expulsar de la misma a una hija de desaparecidos y a una víctima por romper el silencio ante tamañas injusticias sufridas en el proceso judicial.
Este mismo tribunal, que alegó ser el responsable principal de la seguridad y de garantizar los buenos modales en las audiencias, permitió en incontables oportunidades que los abogados defensores atacaran ferozmente a las víctimas, tildándolas de fabuladoras, mentirosas, delincuentes, entre otros adjetivos peyorativos.
Asimismo, censuró el reclamo mayoritario de la sociedad, expresada a través de organizaciones, victimas, sobrevivientes y familiares, de que se respete la verdad histórica de lo sucedido y se condene por genocidio a los responsables, al negarse a recibir el petitorio elaborado al respecto y rechazando exclusivamente a las testigos de concepto ofrecidas por el CeProDH, quienes debían exponer sobre el tema, después de haber aceptado la totalidad de testigos de concepto ofrecidos por el resto de las partes.

Por su parte, la Fiscalía solicitó penas irrisorias que van de 24 a 5 años de prisión. Alega que es un atenuante para la totalidad de los imputados gozar del concepto de ser “buenos vecinos”. PARA LA FISCALÍA LOS EJECUTORES DE ESTE PLAN GENOCIDA QUE SECUESTRARON, TORTURARON Y DESAPARECIERON A NUESTROS COMPAÑEROS DEBEN SER CONSIDERADOS COMO BUENOS VECINOS Y POR ENDE GOZAR DE PARTE DE LOS ATENUANTES QUE PERMITE UTILIZAR EL CODIGO PENAL.
LOS CONDENAMOS TODO@S!!

Desde el inicio en la Causa “Escuelita II”, decidimos participar activamente de todas las instancias del juicio para acompañar a los testigos-víctimas y a sus familias, para reivindicar la ideología y la militancia política de los compañeros/as desaparecidos/as y para denunciar las arbitrariedades del tribunal, de las defensas y de las querellas que representaron la versión oficial. Participamos de este momento histórico para ser testigos presenciales de la resolución de los juicios a los genocidas que intentó desde el inicio ponerle ”punto final” a más de 36 años de lucha del pueblo trabajador. Militamos contra la impunidad, para que no quede asentada en este tramo del juicio, ni en los venideros, la “historia oficial” que se ha construido desde el poder y se ha legitimado en este tribunal. En las calles esperamos el primer día de Audiencia a los Genocidas para manifestar nuestro repudio y condena social. Trabajamos junto a compañeros y familiares para realizar un homenaje al compañero desaparecido Celestino Aigo, vecino del barrio Villa Florencia y militante por los derechos de los pueblos originarios. Junto a su familia plantamos un árbol, pintamos un mural y fuimos parte de un conmovedor acto en su memoria. También, invitamos a Daniel Eduardo Feierstein, especialista en genocidio, para continuar con los debates y argumentos políticos y jurídicos que reafirman que se puede y debe juzgar bajo esta figura a los imputados de la Causa Escuelita II.
Nos nucleamos en la “Multisectorial contra el genocidio” para organizar acciones conjuntas con otros sectores sociales, sindicales, de derechos humanos, políticos, estudiantiles, victimas, testigos y familiares, para exigir: la condena por genocidio en cárcel común, perpetua y efectiva para todos los culpables, para que los policías que fueron llamados a declarar como testigos sean imputados por su participación indispensable en el plan genocida, para que no se desacreditara la declaración de los testigos-victimas, etc. La primera expresión conjunta de la multisectorial, fue un petitorio que expresaba con cientos de firmas, la exigencia del respeto a la verdad histórica y la condena por Genocidio a los 22 Imputados.

Continuamos en la calles y junto a la Multisectorial señalizamos la Comisaría 4º de Cipolletti, como Centro Clandestino de Detención y Torturas, en el que accionaron los acusados: Enerio Gerónimo Huircaín, Antonio Camarelli, Saturnino Martinez, Oscar Ignacio Del Magro, Julio Hector Villalobos, Desiderio Penchulef y Miguel Ángel Quiñones. Allí se informó a los vecinos que durante la dictadura cívico-militar la policía de Río Negro tuvo un rol activo en la represión ilegal tal como lo declararon decenas de testigos y familiares víctimas del terror organizado. En esa actividad se dejó asentado que el plan genocida no podría haberse ejecutado sin el accionar conjunto de las fuerzas armadas y las fuerzas policiales provinciales que integran hasta hoy un aparato represivo que el propio estado no ha querido desmantelar.

Consideramos que la única forma de lograr el respeto por la verdad histórica y concretar el Juicio y Castigo, es y será la movilización del pueblo trabajador.

Es por ello que este Viernes 2 de Noviembre llamamos a movilizarnos a las puertas del Tribunal para exigir una vez más que el Estado, a través de sus sentencias, reconozca que en Argentina, y en nuestra región, se planificó y ejecutó un GENOCIDIO y condene a los 22 imputados a Cárcel común, perpetua y efectiva.
Porque la verdad es revolucionaria seguimos en la lucha sin dar “ni un paso atrás”.

ACTIVAR, 1 DE OCTUBRE DE 2012

domingo, 28 de octubre de 2012

Multisectorial contra el genocidio


 27 de octubre de 2012
Comunicado de Prensa

La Multisectorial contra el Genocidio informa a los medios de comunicación y por su intermedio a la comunidad de Neuquén y Río Negro que el domingo 28 de octubre a las 18 hs, frente a la Comisaría 4º de Cipolletti realizaremos la SEÑALIZACIÓN de ese lugar que en la época de la dictadura funcionó como centro clandestino de secuestro y tortura. La actividad consiste en señalar Públicamente el lugar, informar a los vecinos e indicar que por allí pasaron compañeros que fueron sometidos a tremendos tormentos. Habrá radio abierta, discursos políticos y expresiones artísticas. 

LA POLICIA DE RIO NEGRO Y LA COMISARIA DE CIPOLLETTI.
Durante la dictadura cívico-militar la Policía de Río Negro tuvo un rol sumamente activo en la represión ilegal. Decenas de testimonios de Víctimas secuestradas y torturadas por esta Fuerza, familiares, testigos y múltiples documentaciones militares y policiales de la época dan cuenta de su accionar conjunto en el Plan Genocida. LA COMISARIA DEL CENTRO DE CIPOLLETTI no solo fue un lugar de detención y traslados de las víctimas secuestradas, sino que fue UN CENTRO CLANDESTINO DE SECUESTROS Y TORTURAS. Según consta de las investigaciones judiciales y denuncias, mas de 25 vecinos/as fueron secuestrados y torturados en esta Comisaría, de los cuales muchos aún continúan desaparecidos.

ALGUNOS POLICIAS DE RIO NEGRO QUE ACTUARON EN ESTA COMISARÍA CONVENCIDOS DE LLEVAR ADELANTE EL PLAN GENOCIDA

Antonio Camarelli Comisario retirado de la Policía de Río Negro. En el año 1976 se desempañaba como Jefe de “operaciones especiales” en la zona que abarca Catriel hasta Allen. 
Miguel Angel Quiñones: Comisario Retirado de la Policía de Río Negro. En los años de la Dictadura era Oficial de Inteligencia. Actuaba y dirigía los grupos de tareas que realizaban los secuestros y torturas en la Comisaría 4º. –
Julio Héctor Villalobos: Ex Oficial de la Policía de la Policía de Río Negro. Actuaba en los secuestros y torturas en la Comisaría 4º. 
Oscar Ignacio del Magro: Sub Comisario retirado de la Policía de Río Negro. Durante la dictadura se desempeñaba de civil y pelo largo para poder  accionar como “buchón” de la comisaría 4º de Cipolletti. Participó del grupo de tareas que secuestró, interrogó y torturó a Raúl Sotto entre otros. 
Enerio Gerónimo Huircaín: Comisario Retirado de la Policía de Río Negro. Era Oficial encargado del área Inteligencia. Actuó en operativos de secuestros y torturas en la Comisaría 4º de Cipolletti. Fue denunciado por varios vecinos de esta ciudad como su captor o torturador. También realizaba tareas de inteligencia en los Sindicatos. 
Saturnino Martinez: Se desempeñaba como Sub-Oficial de la Policía de Río Negro. Es denunciado como uno de los encargados de aplicar el “Submarino” y otras Torturas en la Comisaría 4º. 
Desiderio Penchulef: Ex Comisario Principal de la Policía de Río Negro, Jefe de la Comisaría de Cinco Saltos durante la dictadura. Participó de los secuestros de Roberto Liberatore y Pedro Justo Rodríguez entre otros. 
Jorge Alberto Galera: Ex Oficial de Inteligencia de la Policía de Río Negro –actuó en la comisaría de Cinco Saltos – Estuvo imputado en el primer Triple Crimen (1997). Fue uno de los que estuvo a cargo del secuestro de Roberto Liberatore.
EL GENOCIDIO DE AYER Y LA IMPUNIDAD DE HOY.
El plan Genocida no podría haberse ejecutado sin el accionar conjunto de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas policiales federales y provinciales que integran hasta el día de hoy un Aparato Represivo que el propio estado no ha querido desmantelar. No solo cientos de represores continúan en funciones sino que se mantienen prácticas de persecuciones, inteligencia, torturas, desapariciones y muertes. 
La propia institución policial de Río Negro es una de las actoras principales de estas prácticas. El primer Triple Crimen, la Trata de Mujeres, los crímenes a los Jóvenes de Bariloche, la desaparición de Solano en Valle Medio son solo algunos ejemplos de Impunidad que sigue gozando esta Fuerza.
Es por ello que convocamos a la comunidad a sumarse al reclamo por justicia verdadera, y la condena por Genocidio en cárcel común, perpetua y efectiva a todos los responsables.
LOS JUZGA UN TRIBUNAL. 
LOS CONDENAMOS TODOS Y TODAS!!
MULTISECTORIAL CONTRA EL GENOCIDIO
 NEUQUÉN Y RIO NEGRO

jueves, 4 de octubre de 2012

"Casagrande era Pedro", el interrogador


NEUQUÉN (AN).- El patrocinante de Rubén Ríos, Marcelo Hertzriken Velasco, aseguró ayer que el suboficial Enrique Charles Casagrande era "Pedro", el que torturó al gremialista roquense cuando permaneció detenido-desaparecido en "La Escuelita" en 1976. El suboficial Enrique Charles Casagrande y el general Enrique Braulio Olea

El abogado pidió para todos los responsables del secuestro y torturas de Ríos "prisión perpetua" en adhesión al pedido de condena por el delito de genocidio que hizo el Ceprodh. Aclaró que si el tribunal no acordaba con esta calificación para las penas, "subsidiariamente" a Casagrande se lo condenara a 25 años de cárcel por los delitos de secuestro, tortura y asociación ilícita, y para los otros responsables del secuestro y tortura de Ríos solicitó 15 años. Explicó que era el máximo establecido (en el tiempo de ocurridos los hechos) por el secuestro ilegal, con tormentos agravados por ser perseguido político. Al término del alegato, les dijo a los que "protagonizaron el calvario de Ríos", que pese al daño producido a su familia y a su persona que "sigue empeñado en sus convicciones e incólume en su pensamiento". Pidió los 15 años para el jefe del Batallón, Enrique Braulio Olea; al jefe de inteligencia del Comando, Oscar Reinhold; al médico militar Hilarión Sosa; a los militares de inteligencia Jorge Molina Ezcurra y Sergio San Martín; lo mismo para el civil de inteligencia Serapio Barros -a quien responsabilizó por el traslado al centro clandestino- y 25 para Casagrande.

Casagrande "fue la persona que le infligió la mayor parte de los tormentos a Ríos, él habló de dos personas más, pero uno lo tenemos, es Pedro", sostuvo ayer el abogado quien al ser consultado si este mismo apodo no lo usaba más de un torturador en el centro clandestino, "pude ser que se haya denominado Pedro a varios interrogadores, pero el Pedro que le infligió la mayoría de los tormentos viajaba a Tucumán, según le dijo al mismo Ríos en esta suerte de relación que se generó allí, y de todas las personas que prestaban servicios en el destacamento de inteligencia, el único que fue al Operativo Independencia fue él", dijo Hertzriken Velasco en función de la investigación del juez Guillermo Labate y Silvina Domínguez, lo que ponderó por haberlo hallado "por vía indiciaria".

Aclaró que cuando el imputado declaró sobre sus datos personales al inicio de las audiencias, reconoció su permanencia en Tucumán.

miércoles, 3 de octubre de 2012

Causa "La Escuelita II" pedido de condena por Genocidio


El Ceprodh reclamó que se condene por genocidio

"Que la pena coincida con la verdad histórica". Pidió 12 perpetuas y diez de 30 años de cárcel.

NEUQUÉN (AN).- La querella del Centro de profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) reclamó ayer que el Tribunal Oral Federal condene a los 22 imputados "por genocidio", para que la pena judicial "coincida con la verdad histórica" de lo que ocurrió en el país a partir del 24 de marzo. Con ese enfoque pidieron penas perpetuas y a 30 años de cárcel.

"En Argentina tuvo lugar un genocidio, cometido por genocidas que cometieron actos genocidas; el genocidio no es un marco, como se ha consignado en algunas condenas en juicios similares en otros puntos del país- sino un delito", subrayaron las querellantes Ivana Dal Bianco y Natalia Hormazábal.

En una extensa explicación indicaron que no aceptan el argumento de la falta de tipicidad legal para no condenar por este delito, porque entienden que existe el encuadramiento en el artículo 55, que habla de "concurso de delitos" y porque la Convención Internacional para la prevención y sanción del delito de genocidio, caracteriza lo ocurrido en Argentina "en los apartados a, b y c del artículo 2".

Sostuvieron que genocidio es "un crimen de crímenes" que se produjo en medio de un ataque desmedido en contra de la militancia, cuando fueron secuestrados, torturados, desaparecidos "por su pertenencia a un grupo nacional", a una parte del país que buscaba "pelear por un país sin explotadores ni explotados".

Detallaron que el señalamiento de este grupo nacional fue hecho "por el mismo represor" que buscó en el "aniquilamiento" de este sector su herramienta para transformar lo que requería, la imposición de un modelo económico.

Con un paralelismo sobre cómo en la región se aplicaron los mismos mecanismos del "plan genocida" que operó en el resto del país, argumentaron que los jueces deben condenar por genocidio para que "la verdad histórica coincida con la verdad judicial".

Consideraron probado el ataque a la militancia en la región, tanto la gremial, como la estudiantil y la política.

"En nombre de los desaparecidos, de Jorge Julio López, de los trabajadores y el pueblo pobre", pidieron las siguiente penas: para Oscar Reinhold, Hilarión Sosa, Enrique Olea, José Luera, Gustavo Vitón, Jorge Molina Ezcurra, Sergio San Martín, Julio Oviedo, Enrique Casagrande, Raúl Guglielminetti, Alberto Camarelli y Antonio Laurella Crippa, cadena perpetua.

Para Jorge Gaetani, Máximo Maldonado, Serapio Barro, Emilio Sacchitella, Miguel Quiñones, Gerónimo Huircaín, Oscar Del Magro, Saturnino Martínez y Desiderio Penchulef, 30 años de cárcel.
El público colmó la sala de audiencias

La sala de audiencias volvió a estar colmada de público como en los primeros días de juicio, cuando se escucharon los relatos de los sobrevivientes de la dictadura militar.

Los 22 acusados ingresaron al salón bajo los cánticos de "asesinos", "a donde vayan los iremos a buscar", y bastó una sola advertencia del presidente del tribunal, Orlando Coscia, de que ordenaría el desalojo si persistían en esa actitud, para que no se repitiera la escena.

Sí hubo aplausos, en dos oportunidades, ante las afirmaciones de las querellantes durante su interpretación de la prueba: una de ellas fue cuando plantearon que los imputados no habían dicho la verdad cuando se declararon inocentes.

Las abogadas pusieron especial énfasis en sostener su planteo de rechazar la figura de homicidio para los desaparecidos, seis entre las víctimas de este proceso. Destacaron que alegaban por 38 víctimas, ya que encuadraron el caso de José Luis Cáceres (fallecido, que llevado a la tortura en "La Escuelita" por una interna parapolicial con Raúl Guglielminetti) como parte del aparato de represión paraestatal que especulaba con la preparación del golpe, debido a que integraba la triple A antes de ser encarcelado.

martes, 18 de septiembre de 2012

"Los señores de la vida y de la muerte eran 50 tipos"

NEUQUÉN (AN).- "No detuve ni torturé a una persona y tampoco hubiera permitido que torturan", dijo ayer el oficial retirado Gustavo Vitón, quien estuvo a cargo del comando del Ejército que intervino la comisaría de Cipolletti el 24 de marzo del 76.

Cargó contra el juez Guillermo Labate, al cuestionar que no haya dirigido la investigación como a su parecer correspondía, ordenando allanamientos en dependencias militares para recuperar documentación.

Apuntó a desincriminarse de una de las acusaciones por la que llegó al juicio, que es la de integrar una asociación ilícita. En ese sentido dijo que los que realmente comandaron el proceso fue un reducido grupo de militares, de mucho más jerarquía.

"Los señores de la vida y de la muerte eran 50 tipos", remarcó para delimitar responsabilidades.

Agregó: "nosotros tuvimos dos de esos en Río Negro. Uno era (Acdel) Vilas (por ese entonces comandante del Quinto Cuerpo del Ejército) y otro (Néstor Rubén) Castelli", interventor militar en la provincia.

En la misma línea señaló que "los ideólogos de esa asociación ilícita y el golpe fueron -entre otros- los generales Osiris Villegas, (Benjamín) Rattembach. Rattembach fue el que tras el derrocamiento de Perón prohibió que se publicara el nombre de Perón y que en su lugar se usara 'el tirano'".

Vitón reivindicó su pertenencia al grupo de los "33 Orientales", el grupo de militares que se opuso al golpe del 76. "Oponerse al golpe era jugarse la vida", dijo.

En cuanto a quienes lo acusan dijo que no los reconocía y aún cuando de algunos no cuestionaba que lo que dijeron fuera verdad, señaló. "Niego haber tenido alguna participación (en detenciones y torturas) en la comisaría de Cipolletti".

"Me dijo que conocía 'La Escuelita'"

NEUQUÉN (AN).- La dirigente de la APDH neuquina, Noemí Labrune sostuvo que Vitón "a mí, me dijo que él conocía la existencia de La Escuelita", pero que luego se desdijo cuando debió declarar en 1987 cuando se iniciaba la causa conocida como los Juicios por la Verdad, en la Cámara Federal de Bahía Blanca.

Replicó que "si quería colaborar con la verdad, hizo todo lo contrario" antes de estar imputado.

Explicó que cuando no estaba acusado por los delitos que se investigaban en esta causa, el militar dado de baja en 1980 se ofreció ante la APDH para testimoniar, pero cuando lo hizo, "se sentó con otros militares ese día, y había una especie de director de orquesta, que era un auditor militar que estaba de civil y todos dijeron lo mismo".

Añadió que "las declaraciones están en la causa y es como si hubiesen conocido de memoria el libreto: nadie conocía ese lugar en el fondo del batallón, que estaba deshabitado".

Labrune sostuvo que en esa ocasión Vitón "hizo un falso testimonio", porque juró decir la verdad ante los jueces bahienses.

"No soy el personaje que construyó Labate"

NEUQUÉN (AN).- El comisario rionegrino retirado Oscar Del Magro volvió a responsabilizar de su situación procesal al juez de instrucción Guillermo Labate y negó los secuestros ilegales y torturas de los que está acusado. Planteó que "no fui un represor ni un genocida".

Debido a que la víctima Raúl Sotto lo involucró en los hechos que se le imputan replicó gran parte de su testimonio y sostuvo que cuando le endilga "perseguir a los compañeros" en 1973, él estaba en la escuela de cadetes. Dijo que no estuvo uniformado porque desde octubre del 75 a octubre del 76 pertenecía a la brigada de investigaciones para dedicarse a "hechos contra la propiedad". Insistió en que "niego la detención ilegal, no podía detener sin orden oficial.

Del Magro, que fue candidato a intendente en Valle Medio por el PJ, dijo que Sotto no tenía militancia política en la época del golpe y que conocía el interior de la comisaría de Cipolletti porque había sido detenido en 1974 por robo.

Para respaldar sus dichos ejemplificó que en los tiempos en los que se perseguía a la ciudadanía por lo que pensaban, "ayudé a quemar libros" al hermano del abogado Segovia, de los derechos humanos. "Suponiendo que quería un ascenso, hubiera denunciado la tenencia de esa bibliografía", dijo. "Qué relación pude tener con los militares", se quejó. Sostuvo que sufrió represalias al negarse a participar con el Ejército y la gendarmería en los operativos en los que se perseguía a indocumentados chilenos en la zona.

"A Joubert lo denunció su concubina"

NEUQUÉN (AN).- El gendarme Emilio Sacchitella utilizó la mayor parte de los veinticinco minutos de su declaración que realizó a desacreditar las imputaciones que le hizo Ernesto Joubert, caso por el cual está acusado. En particular que todo su accionar en la detención del citado se rigió con el más estricto respeto por la ley.

"Joubert fue detenido porque lo denunció su concubina y así se hizo porque era lo que correspondía, no hacerlo hubiera significado incumplimiento de funcionario público", dijo en el inicio de su declaración, que leyó en su totalidad. Previamente informó que no respondería preguntas.

"No fue detenido frente a la escuela -como dijo en alguna declaración la víctima-, sino en su casa, porque lo denunció su concubina Olga Bustos, y él mismo lo reconoce", sostuvo el imputado para marcar una de las que a su juicios son contrariedades de Joubert.

También señaló como falaz la declaración del denunciante respecto de las armas que portaban los gendarmes.

"Dijo que Sacchitella lo trataba como un prisionero. Eso no es veraz. Se lo interrogó por escrito y declaró que pidió leer su declaración y no lo dejaron. En las normativas de Gendarmería se le pregunta si la quiere leer y si dice que no se le lee en voz alta ", remarcó.

En rechazo de las acusaciones indicó que lejos de violentar las normativas la cumplió a rajatabla y en cuanto a manejarse en la ilegalidad también replicó con firmeza. "El mismo dijo que lo llevaron al hospital, pero que no estaba enfermo", comentó Sacchitella en un intento por desvirtuar la denuncia de Joubert.