domingo, 21 de agosto de 2016

Las Madres de Plaza de Mayo de Neuquén cuestionaron los dichos de Macri sobre los de desaparecidos

COMUNICADO DE PRENSA

“El Sr. Mauricio Macri, en una entrevista publicada el 10 de agosto, tuvo expresiones: peligrosas, inadmisibles, inaceptables; que ofenden, humillan y duelen; propias de quienes se beneficiaron en la dictadura. Es imposible desconocer o dudar de ese “número”; el Terrorismo de Estado, aniquiló a una generación entera. Ellos son los 30000, a los que no solamente les arrancaron la vida, a hombres, mujeres, niñas y niños, jóvenes que les quitaron también aquello que la vida podía haberles brindado, los sueños que no concretaron, las alegrías que no compartieron, el amor que no gozaron”. Así comienza el comunicado que firmaron las Madres Lolín Rigoni e Inés Ragni. A continuación, el  texto completo.

“Las palabras no son inocentes, máxime cuando son pronunciadas por un presidente”

El Sr. Mauricio Macri, en una entrevista publicada el 10 de agosto, tuvo expresiones: peligrosas, inadmisibles, inaceptables; que ofenden, humillan y duelen; propias de quienes se beneficiaron en la dictadura. Es imposible desconocer o dudar de ese “número”; el Terrorismo de Estado, aniquiló a una generación entera. Ellos son los 30000, a los que no solamente les arrancaron la vida, a hombres, mujeres, niñas y niños, jóvenes que les quitaron también aquello que la vida podía haberles brindado, los sueños que no concretaron, las alegrías que no compartieron, el amor que no gozaron

Pero peor aún que no aceptar ese número; es afirmar que hubo una guerra, fue un plan sistemático de exterminio y desaparición forzada de personas para imponer un plan económico de exclusión a los más empobrecidos.

La Comunidad del Comahue, ha podido concretar, con lucha, convicción y fortaleza cuatro juicios a los genocidas, pedacitos de justicia, justicia que seguiremos exigiendo, para que uniéndolos a otros, podamos llegar a saber qué fue de todos ellos.

¡ESTA LUCHA NO TIENE FIN!
¡JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES!


Neuquen, 20 de agosto de 2016

Lolin Rigoni - Inés Ragni
Grupo por la Memoria y el Compromiso con las Madres y los 30000  

miércoles, 29 de junio de 2016

Oscar Ragni: “Los archivos existen, el reclamo de apertura es legítimo”

Entrevistamos a Oscar Ragni, militante de la Corriente Militante por los Derechos Humanos, padre de Oscar Ragni – hijo – quien permanece desaparecido.
Marina López Dorigoni

Oscar Ragni es militante de Derechos Humanos desde el año 76`, cuando desapareció su hijo Oscar. Es fundador de la APDH de Neuquén, participante de la primera delegación de la Asamblea por los Derechos Humanos de Buenos Aires, la primera delegación en Neuquén. Posteriormente fundador, con otros compañeros, de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos. En el marco del juicio “La Escuelita IV” desde La Izquierda Diario dialogamos con él sobre su visión de los juicios a los genocidas, que en la región comenzaron en el 2008.

¿Qué opinas de este "desmembramiento" del juicio, por tramos, por partes?

No sé de quién es la estrategia, pero esto tiene “olor” a intención de prolongar el juicio, buscando que muchos queden sin ser condenados. Porque el tiempo pasa, las edades de ellos van avanzando como la de cualquier otro ser humano y llega un momento que, como sucedió ahora por ejemplo con Farías Barrera y Olea que por insanidad no los pueden seguir juzgando. Con ellos estaría solucionado el tema porque ya han sido condenados y esa condena no se la van a sacar, si bien no pueden participar y si bien hay que reconocer que esto lo permite la justicia, por el derecho a su defensa, por las garantías constitucionales. Cosas que se las niego rotundamente, no les reconozco ningún derecho y no quisiera darles ningún tipo de garantías, no quiero ponerlos en el paredón a ninguno, pero si quiero verlos a todos juzgados. Ya que ninguno de ellos, hasta ahora ha asumido la responsabilidad de decir la verdad y responder la pregunta de estos últimos 40 años de qué hicieron con los compañeros desaparecidos y dónde están y quiénes fueron los responsables y autores de todo lo que hicieron. Ese es único objetivo, si no se logra, es lo mismo que los condenen a 10, a 20 o a 50 años.
Este es un pensamiento personal, por supuesto, aquí lo que se busca es la verdad. La trilogía de “memoria, verdad y justicia” será muy interesante. La memoria está, está flotando desde los cuatro puntos cardinales. Pero justicia sin verdad no es justicia y para que se haga justicia tenemos que saber la verdad.

¿Cómo ves a la comunidad en relación a los juicios, al terrorismo de estado?

La sociedad ha sido víctima como todos, yo creo que está un poco desgastada, no te olvides que llevamos 40 años atrás de esto. Los primeros tiempos hubo mucha ansiedad, por supuesto, pero después – evidentemente hay que reconocerlo – la gente que no tuvo participación directa, salvo raras excepciones, terminó no por desinteresarse del tema, sino por no preocuparse más.

Y en cuanto a los jóvenes, que tanto esperamos de ellos, es cierto que hay grupos de jóvenes se han encaminado bien, siguiendo caminos que no se desviaron en momentos de definición. ¿Esto por qué lo digo? Porque hay mucho interés en quienes han participado, en quienes hemos participado en todo esto, de que se vaya sabiendo la verdad y que la juventud que no recibe los datos precisos a través de los medios, por ejemplo un análisis completo en todos los niveles de estudio, primario, secundario. Ha habido tantos desvíos en estos años de lo que fue el Terrorismo de Estado. Las consecuencias que produjo y cuando se llega al punto de quiénes tuvieron participación, ahí es donde empieza a cambiarse un poco la historia de aquéllos que quieren contar la historia a su manera.

Hay influencias que son muy pesadas, que siempre están en manos del poder. Los organismos de Derechos Humanos que hemos sido históricamente los que hemos llevado a todos los ámbitos posibles la información que íbamos obteniendo a través de la militancia, la participación y de la actividad que tuvimos, empujados también muchos por la necesidad propia que teníamos de saber la verdad, eso se ha ido perdiendo, porque lo han ido ganando organizaciones que empezaron a quedarse dentro de los ámbitos de poder político, para llevar el mensaje que a cada sector le beneficiaba. Lo usaban como una forma de tergiversar la realidad de los hechos para no llegar en profundidad a la verdad.

Acá en Neuquén la marcha del 24 de marzo es multitudinaria, es un hecho muy importante y significativo

Sí, claro. Desde que estamos en esta lucha, Neuquén ha sido el punto destacado dentro del país. No en vano Neuquén en momentos álgidos de la pelea, digamos, fue declarada la “capital de los Derechos Humanos”. No porque se hayan respetado los Derechos Humanos, ni aún en plena democracia, sino por la militancia, por la participación, también los 24 de marzo. Eso es un ejemplo concreto. También sabemos cómo es Neuquén en cuanto a su participación, a la militancia de distintas organizaciones de distintos organismos, muchos de los cuales tienen su orientación política diferente, pero el 24 de marzo nos juntamos todos, ahí se ve realmente desde dónde nace la militancia. No va sólo convocada para reivindicar su espacio político, concurre para reivindicar a los compañeros que faltan, a los que fueron víctimas, a los que fueron torturados y masacrados y al volver tuvieron el coraje de contarlo, para que de alguna manera se pueda, sobre una base firme, hacer los juicios que se están llevando a cabo.

Esto es muy destacado, porque personalmente uno tiene discusiones con muchos de los compañeros que nos abrazamos el 24 de marzo. Es decir, la sociedad en Neuquén, la militancia en la región sin distinción, ha entendido que el 24 de marzo es un símbolo que no se debe abandonar, que no se debe cambiar, que no se vende, que no se entrega. Esto no tiene precio.

Lamentablemente hemos visto en el resto del país, fundamentalmente desde el poder político, espacialmente en ésta “década ganada” cómo el poder político, que sintió que con los juicios le estaba tocando el agua en los talones, empezó a manipular a los organismos para cooptarlos y no dejarlos mover libremente para que no sigan actuando. Está bien, si entre dos hay un acuerdo es porque ambos participan, hay responsabilidades y aceptación. No nos olvidemos que quienes han querido cambiar la historia, nunca quisieron explicar lo que tienen que explicar con respecto a lo que precedió al Golpe de Estado de 76`, que es el accionar de la Triple A. Y la Triple tenía signo político.

¿Qué opinas de la exigencia al Estado de la apertura de los archivos?

No te olvides que hace un par de años, durante la primera parte del gobierno de Cristina Fernández, hubo una apertura de archivos, que se hizo con muchos bombos y platillos, y se encontró – o al menos eso se dio a conocer – todo lo que se sabía. No fue ninguna apertura de archivo, fue como darnos la razón a aquellos que veníamos contando todo desde el 76. Pero no condujeron a nada. Ahora, esos archivos existen, las Fuerzas Armadas se han cuidado mucho de guardar esos archivos. Porque ególatras y soberbios como son, porque creyeron que en algún momento iban a poder tapar sus culpas con eso. De todo lo que hicieron no puede reivindicarse nada. Es necesario saber la verdad. Yo creo que el poder político de todos estos años, sabe muy bien dónde están esos archivos, saben que están guardados. Entonces el reclamo que abran los archivos es legítimo, a cualquier signo político que esté gobernando.

Hace unos días, o semanas, el presidente Macri anuló un decreto que creo que era del tiempo del Alfonsinismo por el cual los traslados – siempre hablando de las jerarquías superiores de las FFAA – y los nombramientos de los comandantes de las tres fuerzas, pasaban por el Poder Ejecutivo, se presentaban pliegos y el Ejecutivo los analizaba. Con esto les dio amplia libertad para que hagan lo que quieran. Parecería algo sin importancia, pero no es así. Dejar eso en sus manos es un peligro para la sociedad.

¿Cuál es tu opinión sobre acusar y pedir las condenas por homicidio y no por desaparición forzada?

Cuando cae un avión o se hunde un barco, hay heridos, muertos y desaparecidos. Y estos siguen siendo desaparecidos aunque sabemos que han ido al fondo del mar porque el barco se hundió, que han explotado contra una montaña porque el avión se estrelló, pero la justicia los considera desaparecidos porque sus cadáveres no se encuentran.

Cuando empezamos a hablar con ciertos sectores del tema, el objetivo era lograr una mayor condena al ser homicidio. Ya a esa altura de los acontecimientos hace un par de años atrás, ya no me interesaba – nunca me interesó – 5, 10, 50 años, porque además sabíamos que iban a ser condenados en distintas etapas. En unas causas a 10, en otras a 15, ya todos están sumando 80 o 90 años de condena.

El tema es que ni un juez tiene autoridad para decretar una muerte. Yo entiendo que hay familiares, que por muchas razones, quisieran que esto termine o necesitan que esto termine. ¿Cómo termina esto? Con esa condena por homicidio.

Quien lo haga, es su responsabilidad, su conciencia, su necesidad que lo impulsa a hacerlo. Pero que de una acusación que lleva años, tomando Neuquén, que desde la militancia, se ha estado hablando siempre de los desaparecidos y pidiendo respuesta por las desapariciones, no creo que se pueda cambiar de un día para el otro. Aquí hay algo más profundo que ha hecho cambiar a algunos sectores, personas con las que hemos compartido estos 40 años de militancia y hemos compartido también, el concepto de desaparecido.

Aquí hubo un solo homicidio, comprobado y fue condenada la persona responsable, es el caso de Albanessi, el compañero que era cooperativista en Cipolletti. Está también el pedido que hizo una persona, de ausencia con presunción de fallecimiento para poder salir del país. Es una señora que fueron secuestrados los dos, ella volvió, su esposo no. Era muy asediada y quería irse de Argentina y llevar consigo a su hija. Dando por fallecido el padre, podía sacar la niña del país. Bueno ese es un caso conocido…

Con Inés (NdR: Inés Rigo de Ragni, su esposa y Madre de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle), cuando hubo un pedido concreto en juicio de condenas por homicidio, hicimos una presentación mediante una carta al Tribunal que titulamos “No maten a los desaparecidos” y manifestando nuestra opinión y por qué no acordamos. En nuestro caso – de Oscarcito – fueron condenados por desaparición forzada y hay muchas condenas por lo mismo. El tema es los compañeros que quedan ¿por qué los vamos a dar por muertos? ¿Porque no se buscan los medios para saber qué hicieron con los desaparecidos? Ninguno ha dicho “si, yo maté 10 desaparecidos”

Es cierto que en el código no estaba la figura de desaparición forzada, pero fue incluida y es válida para juzgarlos. Si fue necesario crear una nueva figura para poder juzgarlos, por qué ahora vamos a desechar eso, para darles mayor condena o, como creo yo, para terminar con los juicios.
(laizquierdadiario.com)

martes, 9 de febrero de 2016

Juicio Escuelita IV: Gremialistas de Bariloche relataron sus secuestros

NEUQUÉN (AN).- La persecusión política y gremial en la zona cordillerana abrió las audiencias del juicio por los delitos cometidos durante la dictadura en la región, con los testimonios de dos secuestros relatados por los sobrevivientes de Bariloche.

"Por las noches venía alguien, se ponía al lado de uno y gatillaba lo que parecía ser un fusil", describió Iván Molina de su permanencia con los ojos vendados en lo que fue la cancha de pelota-paleta, lindera al cuartel militar, descripto cerca de la escuela militar de instrucción andina, en inmediaciones de la Compañía de Ingenieros de Montaña.

Molina era asesor gremial de delegados de los Gastronómicos en 1976 cuando fue secuestrado de las afueras del Centro Cívico.

También expuso su secuestro el secretario general de los municipales de Bariloche en 1976, Germán González
Hoy se esperan testimonios de la desaparición y tortura de Luis Levita, secuestrado en El Bolsón.



domingo, 27 de abril de 2014

Escuelita III: el miércoles se definirá cuándo será la fecha de la sentencia

 “Necesitamos saber qué pasó con nuestros hijos. Les estamos pidiendo verdad y justicia. Si no hay verdad no habrá justicia”, les dijo Inés Ragni, Madre de Plaza de Mayo filial Neuquén, a los jueces del Tribunal Oral Federal ayer, cuando terminó la audiencia del tercer juicio a cinco represores por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar en la región.

Parada con su pañuelo blanco en su cabeza, Ragni se dirigió a los jueces que escucharon las defensas representadas por Pablo Matkovic y Laura Giuliani. La mujer pidió que “no pasen cinco o diez años más sin saber qué es lo que pasó en este país con nuestros hijos". Y agregó: “Hay que decirles (por los jueces), hay que pedirles porque son ellos a los que tenemos que reclamarles justicia y no a estos miserables que están ahí sentados, por eso siempre seguiremos estando y reclamando".

Matkovic y Giuliani volvieron a rechazar el pedido de cárcel común y afirmaron que no hay ninguna relación entre sus defendidos y los hechos que se están juzgando.
El Tribunal informó que el martes a las 9 será el turno de las últimas palabras de los imputados Jorge Di Pasquale -ex agente de Inteligencia- y Mario Alberto Gómez Arenas -quien estaba a cargo del Destacamento de Inteligencia 182-. Un día más tarde le llegará la hora al ex segundo jefe de la Delegación Neuquén de la Policía Federal, Jorge Alberto Soza. En tanto, Luis Alberto Farías Barrera -ex jefe del personal del Comando de la Sexta Brigada de Infantería de Montaña- e Hilarión de la Paz Sosa -jefe de Sanidad de esa unidad militar- no harán uso de la palabra.
Se estima que el miércoles el Tribunal informe sobre la fecha de la lectura de la sentencia.

miércoles, 19 de febrero de 2014

Requieren en Neuquén la indagatoria de nueve ex magistrados por crímenes de la dictadura

Lo solicitó el fiscal Adrián García Lois. Los imputados cumplían funciones en Neuquén y en el Alto Valle de Río Negro en la justicia ordinaria y en la federal y están sospechados de actuar "en complicidad con las Fuerzas Armadas". El fiscal solicitó que se les prohíba la salida del país y que eventualmente se los detenga.

El fiscal federal subrogante e integrante de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, jurisdicción Neuquén, Adrián García Lois, requirió en diciembre pasado que nueve ex magistrados judiciales de Neuquén y del Alto Valle de Río Negro, tanto de la órbita federal como provincial, sean convocados a prestar declaración indagatoria.

"Están sospechados de haber actuado –cuanto menos- en complicidad con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, nacionales y locales, para la comisión de crímenes de lesa humanidad", le dijo a Fiscales García Lois, quien en su presentación también requirió que se decrete la prohibición de salida del país y la eventual detención de los acusados. El fiscal formuló el pedido con la colaboración del secretario de la Unidad, Mariano Mannará.

El requerimiento fue formulado al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de esa ciudad, a cargo de Luis Villanueva, quien hasta ahora sólo dispuso medidas probatorias y aún no ha convocado a declarar a los imputados.

Los ex magistrados imputados por la fiscalía son el ex juez federal de Neuquén, Pedro Laurentino Duarte; el ex fiscal federal de Neuquén, Víctor Marcelo Ortiz; el ex juez federal subrogante de Neuquén y ex Juez Federal de General Roca, Rodolfo Ramón López Marquet; la ex defensora federal de Pobres, Incapaces y Ausentes y ex jueza federal subrogante de Neuquén, María Ester Borghelli de Poma; a la ex jueza de General Roca, Mirta Ebe Fava; el ex juez de General Roca, Cecilio Alfredo Pagano; el ex fiscal de General Roca, Hernán Etcheverry; al ex Juez de San Carlos de Bariloche, Dardo Ismael Sosa, y el ex Fiscal de la misma localidad, Leopoldo Fuentes.

Sobre la base de prueba recogida en el expediente de la causa caratulada “Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/ delitos contra la libertad y otros”, García Lois consideró que había razones suficientes para estimar que durante la última dictadura cívico militar esos magistrados habrían prestado una colaboración indispensable al personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, para la perpetración de delitos de lesa humanidad. En la región, la represión ilegal fue conducida por la Jefatura de la Subzona de Seguridad 52 a cargo del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI, con sede en Neuquén capital

Al fundamentar la requisitoria el fiscal destacó que los imputados, pese haber estado a su tiempo "llamados a intervenir para poner fin a los flagelos infligidos en el área local por la dictadura y hacer valer las garantías constitucionales de los ciudadanos, optaron por desamparar a las víctimas del terrorismo de Estado prestando al aparato represivo estatal instalado en la zona" neuquina y del Alto Valle de Río Negro, "al servicio de un gobierno sedicioso", una adecuada cobertura judicial y garantía de impunidad.

El fiscal explicó que los imputados prestaron ese "servicio" interviniendo en las causas donde se ordenaron las detenciones de las víctimas aunque desoyendo sus denuncias de haber sido "interrogadas bajo la imposición de tormentos por parte de las autoridades que ejercían el poder de hecho sobre ellas, y/o al haber rechazado los habeas corpus y amparos" -algunos de manera sistemática con costas para los familiares de las víctimas como un modo de desalentarlos en la búsqueda del paradero de ellas- o bien imprimiéndoles un trámite simplemente formal, y/o al haber archivado -por falta de compromiso y ausencia de actividad investigativa- las denuncias "instauradas por las víctimas o sus familiares en orden a los ilícitos penales de los cuales habían resultado damnificadas".

Además, García Lois solicitó al Juzgado Federal N° 2 de Neuquén el desarrollo de una profunda pesquisa tendiente a establecer si pudo mediar la complicidad de alguno –u otros- de los ex magistrados imputados en relación con otros hechos que victimizaron a más de una treintena de víctimas del terrorismo de Estado en la región de la Provincia de Neuquén y el Alto Valle, cuya actuación, por acción u omisión, pudo haber sido deliberadamente funcional al programa criminal de la última dictadura militar.

Hasta el momento, los ex magistrados no fueron formalmente convocados a declarar por el juez Federal de Neuquén Luis Villanueva, quien dispuso diversas medidas probatorias.

En este contexto, el imputado Duarte se presentó al proceso para solicitar que se quite su nombre de la carátula del expediente, pedido que fue rechazado. Duarte llegó al Poder Judicial el 8 de julio de 1976, cuando asumió como juez federal de primera instancia de Neuquén. Hasta entonces se había desempeñado, con el grado de mayor, y en la función de auditor, en el Comando de la VI Brigada, "es decir, en el mismo lugar donde ya más de un año antes se venían decidiendo, planificando y ejecutando, este tipo de delitos de lesa humanidad", indicó el fiscal.

Piden perpetua para dos acusados de secuestrar y matar a un soldado en Sarmiento durante la dictadura

Son los exmilitares Teófilo Saa y Carlos Españadero, acusados del secuestro y homicidio del conscripto José Luis Rodríguez Dieguez, ocurrido en el regimiento de esa localidad chubutense el 19 de octubre de 1976.

Rostros de la muerte. Saa y Españadero, dos personajes nefastos de la dictadura que azotó al país entre 1976 y 1983.
La Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia solicitó ante el Tribunal Oral Federal de la ciudad petrolera una pena de prisión perpetua para los militares Teófilo Saa y Carlos Españadero, por el secuestro y homicidio de José Luis Rodríguez Dieguez, un soldado desaparecido cuando cumplía con el Servicio Militar Obligatorio en la localidad de Sarmiento, en el sur de Chubut.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia inició este jueves las audiencias de alegatos en el juicio oralen el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la provincia del Chubut.

Los jueces Pedro José de Diego, Enrique Jorge Guanziroli y Nora María Teresa Cabrera de Monella escucharon la exposición del representante del Ministerio Público Fiscal, que solicitó la pena de prisión perpetua para Saa y Españadero.

Además, pidió que el cumplimiento de las penas sea en prisiones comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal.

En el proceso se investigan los delitos de privación ilegal de libertad agravada por la duración mayor de un mes y por ser funcionario público, en concurso real con homicidio agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más partícipes.

El debate se reanudó este viernes, con los alegatos de las defensas.

El caso

Rodríguez Diéguez fue privado ilegalmente de la libertad el 19 de octubre de 1976, cuando cumplía el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento de Infantería 25 en Colonia Sarmiento.

Militante de la Juventud Peronista, Rodríguez Diéguez vivía con sus padres en la Capital Federal cuando acudió al Distrito Militar Buenos Aires para la revisión médica y la asignación del destino donde realizaría el servicio militar obligatorio.

Se incorporó el 16 de marzo de 1976 al Regimiento de Infantería de Montaña 21 de Las Lajas, provincia de Neuquén, y el 13 de octubre su familia recibió un telegrama del hijo, que decía: "Me trasladan a Colonia Sarmiento Chubut. Estoy bien. José Luis".

Según el testimonio del padre del conscripto recogido en el "Nunca Más", "viajando solo durante cinco días mi hijo llega a su nuevo destino el 17 de octubre de 1976. El día 19, a las 48 horas de haberse presentado en el Regimiento 25 desaparece".

La versión oficial, dada a su familia durante la dictadura, sostenía que Rodríguez Diéguez había desertado a fines de octubre de 1976 pero la investigación que llega a juicio estableció que en realidad había sido secuestrado.

lunes, 2 de diciembre de 2013

CCD y E : Comisaría de Cutral Co : Crudo relato de sobrevivientes de la tortura

Ayer declararon Tomasevich y Méndez Saavedra, quienes cargaron duro contra los acusados.

“Querían hacer de nosotros un trapo de piso”, afirmó Francisco Tomasevich con relación a las torturas físicas y psíquicas sufridas durante su detención ilegal en la Comisaría 14 de Cutral Co y en las cárceles de Neuquén y de Rawson durante la última dictadura militar.
Tomasevich declaró ayer en el tercer juicio oral y público contra cinco represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad en la región, que se lleva a cabo en el Salón Verde de AMUC de esta ciudad.

Frente a Jorge Di Pasquale -ex jefe de Inteligencia del Destacamento 182-, el único de los cinco imputados presente en la sala, relató su detención ocurrida el 15 de junio de 1976 en el marco del Operativo Cutral Co, llevado adelante por fuerzas del Ejército y de la Policía provincial. En ese momento se desempeñaba como obrero de YPF. “Me sacaron de mi casa y me llevaron a la comisaría, donde me vendaron y me dieron picana y golpearon constantemente, sin tener tiempo de preguntar lo que pasaba”, explicó Tomasevich, quien recordó que quienes lo detuvieron “estaban con uniforme policial y de civil”.

Señaló que fue trasladado a la U9 de Neuquén y posteriormente a Rawson, donde reconoció a otros detenidos, entre ellos a Orlando Balbo, Ramón Jure, Carlos Kristensen, Sergio Méndez Saavedra, Guillermo Almarza, Orlando Cancio, Miguel Pincheira y Pedro Maidana. Afirmó que ahí los golpes “fueron terribles, inhumanos”.
Puntualizó que los familiares de los detenidos en la U9 se entrevistaban con el imputado en esta causa, Luis Alberto Farías Barrera, quien era jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada.
Tomasevich, quien en 1979 se exilió en Suecia -donde reside actualmente-, afirmó que “no hay que olvidar a los compañeros que quedaron en el camino, hay que hablar y decir la verdad para que se sepa lo que pasó, porque las dictaduras son crueles”.

Posteriormente, Sergio Méndez Saavedra relató las dos veces que fue detenido en forma ilegal en Cutral Co y sometido a torturas. La primera, el 14 de junio de 1976, fue llevado junto a Carlos Chávez -quien se encuentra desaparecido- a la comisaría de Cutral Co “donde Héctor Mendoza era espectador mientras nos golpeaban y torturaban”. Mendoza era el jefe de la comisaría y estaba imputado en esta causa pero fue separado por razones de salud.
Méndez fue trasladado a la U9, donde reconoció a otros detenidos como Pincheira y Jure. “Muchos han muerto y no pueden venir a hablar como yo”, aseguró.

Comentó que luego de un mes fue liberado pero “todos los días tenía un auto frente a mi casa que me vigilaba”. En la segunda detención, Méndez fue llevado al centro clandestino de detención “La Escuelita”, donde aseguró que estuvo “vendado todo el tiempo pero escuchaba las torturas”. “Durante 20 días fui torturado con picana en el cuerpo, en la garganta y en los testículos”, aseguró. Un mes después lo sacaron en auto y lo llevaron a una chacra en Plottier. “Me hicieron arrodillar, yo esperaba el sonido de la bala, pero me abandonaron allí”, dijo.
Recordó que cuando estuvo detenido en la U9 lo trasladaban al Comando, “donde ahora está Carrefour, ese era el lugar de tortura”.