miércoles, 19 de febrero de 2014

Requieren en Neuquén la indagatoria de nueve ex magistrados por crímenes de la dictadura

Lo solicitó el fiscal Adrián García Lois. Los imputados cumplían funciones en Neuquén y en el Alto Valle de Río Negro en la justicia ordinaria y en la federal y están sospechados de actuar "en complicidad con las Fuerzas Armadas". El fiscal solicitó que se les prohíba la salida del país y que eventualmente se los detenga.

El fiscal federal subrogante e integrante de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, jurisdicción Neuquén, Adrián García Lois, requirió en diciembre pasado que nueve ex magistrados judiciales de Neuquén y del Alto Valle de Río Negro, tanto de la órbita federal como provincial, sean convocados a prestar declaración indagatoria.

"Están sospechados de haber actuado –cuanto menos- en complicidad con las Fuerzas Armadas y de Seguridad, nacionales y locales, para la comisión de crímenes de lesa humanidad", le dijo a Fiscales García Lois, quien en su presentación también requirió que se decrete la prohibición de salida del país y la eventual detención de los acusados. El fiscal formuló el pedido con la colaboración del secretario de la Unidad, Mariano Mannará.

El requerimiento fue formulado al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de esa ciudad, a cargo de Luis Villanueva, quien hasta ahora sólo dispuso medidas probatorias y aún no ha convocado a declarar a los imputados.

Los ex magistrados imputados por la fiscalía son el ex juez federal de Neuquén, Pedro Laurentino Duarte; el ex fiscal federal de Neuquén, Víctor Marcelo Ortiz; el ex juez federal subrogante de Neuquén y ex Juez Federal de General Roca, Rodolfo Ramón López Marquet; la ex defensora federal de Pobres, Incapaces y Ausentes y ex jueza federal subrogante de Neuquén, María Ester Borghelli de Poma; a la ex jueza de General Roca, Mirta Ebe Fava; el ex juez de General Roca, Cecilio Alfredo Pagano; el ex fiscal de General Roca, Hernán Etcheverry; al ex Juez de San Carlos de Bariloche, Dardo Ismael Sosa, y el ex Fiscal de la misma localidad, Leopoldo Fuentes.

Sobre la base de prueba recogida en el expediente de la causa caratulada “Reinhold, Oscar Lorenzo y otros s/ delitos contra la libertad y otros”, García Lois consideró que había razones suficientes para estimar que durante la última dictadura cívico militar esos magistrados habrían prestado una colaboración indispensable al personal de las Fuerzas Armadas y de seguridad, para la perpetración de delitos de lesa humanidad. En la región, la represión ilegal fue conducida por la Jefatura de la Subzona de Seguridad 52 a cargo del Comando de la Brigada de Infantería de Montaña VI, con sede en Neuquén capital

Al fundamentar la requisitoria el fiscal destacó que los imputados, pese haber estado a su tiempo "llamados a intervenir para poner fin a los flagelos infligidos en el área local por la dictadura y hacer valer las garantías constitucionales de los ciudadanos, optaron por desamparar a las víctimas del terrorismo de Estado prestando al aparato represivo estatal instalado en la zona" neuquina y del Alto Valle de Río Negro, "al servicio de un gobierno sedicioso", una adecuada cobertura judicial y garantía de impunidad.

El fiscal explicó que los imputados prestaron ese "servicio" interviniendo en las causas donde se ordenaron las detenciones de las víctimas aunque desoyendo sus denuncias de haber sido "interrogadas bajo la imposición de tormentos por parte de las autoridades que ejercían el poder de hecho sobre ellas, y/o al haber rechazado los habeas corpus y amparos" -algunos de manera sistemática con costas para los familiares de las víctimas como un modo de desalentarlos en la búsqueda del paradero de ellas- o bien imprimiéndoles un trámite simplemente formal, y/o al haber archivado -por falta de compromiso y ausencia de actividad investigativa- las denuncias "instauradas por las víctimas o sus familiares en orden a los ilícitos penales de los cuales habían resultado damnificadas".

Además, García Lois solicitó al Juzgado Federal N° 2 de Neuquén el desarrollo de una profunda pesquisa tendiente a establecer si pudo mediar la complicidad de alguno –u otros- de los ex magistrados imputados en relación con otros hechos que victimizaron a más de una treintena de víctimas del terrorismo de Estado en la región de la Provincia de Neuquén y el Alto Valle, cuya actuación, por acción u omisión, pudo haber sido deliberadamente funcional al programa criminal de la última dictadura militar.

Hasta el momento, los ex magistrados no fueron formalmente convocados a declarar por el juez Federal de Neuquén Luis Villanueva, quien dispuso diversas medidas probatorias.

En este contexto, el imputado Duarte se presentó al proceso para solicitar que se quite su nombre de la carátula del expediente, pedido que fue rechazado. Duarte llegó al Poder Judicial el 8 de julio de 1976, cuando asumió como juez federal de primera instancia de Neuquén. Hasta entonces se había desempeñado, con el grado de mayor, y en la función de auditor, en el Comando de la VI Brigada, "es decir, en el mismo lugar donde ya más de un año antes se venían decidiendo, planificando y ejecutando, este tipo de delitos de lesa humanidad", indicó el fiscal.

Piden perpetua para dos acusados de secuestrar y matar a un soldado en Sarmiento durante la dictadura

Son los exmilitares Teófilo Saa y Carlos Españadero, acusados del secuestro y homicidio del conscripto José Luis Rodríguez Dieguez, ocurrido en el regimiento de esa localidad chubutense el 19 de octubre de 1976.

Rostros de la muerte. Saa y Españadero, dos personajes nefastos de la dictadura que azotó al país entre 1976 y 1983.
La Fiscalía Federal de Comodoro Rivadavia solicitó ante el Tribunal Oral Federal de la ciudad petrolera una pena de prisión perpetua para los militares Teófilo Saa y Carlos Españadero, por el secuestro y homicidio de José Luis Rodríguez Dieguez, un soldado desaparecido cuando cumplía con el Servicio Militar Obligatorio en la localidad de Sarmiento, en el sur de Chubut.

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Comodoro Rivadavia inició este jueves las audiencias de alegatos en el juicio oralen el juicio oral por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en la provincia del Chubut.

Los jueces Pedro José de Diego, Enrique Jorge Guanziroli y Nora María Teresa Cabrera de Monella escucharon la exposición del representante del Ministerio Público Fiscal, que solicitó la pena de prisión perpetua para Saa y Españadero.

Además, pidió que el cumplimiento de las penas sea en prisiones comunes bajo la jurisdicción del Servicio Penitenciario Federal.

En el proceso se investigan los delitos de privación ilegal de libertad agravada por la duración mayor de un mes y por ser funcionario público, en concurso real con homicidio agravado por alevosía y por concurso premeditado de dos o más partícipes.

El debate se reanudó este viernes, con los alegatos de las defensas.

El caso

Rodríguez Diéguez fue privado ilegalmente de la libertad el 19 de octubre de 1976, cuando cumplía el Servicio Militar Obligatorio en el Regimiento de Infantería 25 en Colonia Sarmiento.

Militante de la Juventud Peronista, Rodríguez Diéguez vivía con sus padres en la Capital Federal cuando acudió al Distrito Militar Buenos Aires para la revisión médica y la asignación del destino donde realizaría el servicio militar obligatorio.

Se incorporó el 16 de marzo de 1976 al Regimiento de Infantería de Montaña 21 de Las Lajas, provincia de Neuquén, y el 13 de octubre su familia recibió un telegrama del hijo, que decía: "Me trasladan a Colonia Sarmiento Chubut. Estoy bien. José Luis".

Según el testimonio del padre del conscripto recogido en el "Nunca Más", "viajando solo durante cinco días mi hijo llega a su nuevo destino el 17 de octubre de 1976. El día 19, a las 48 horas de haberse presentado en el Regimiento 25 desaparece".

La versión oficial, dada a su familia durante la dictadura, sostenía que Rodríguez Diéguez había desertado a fines de octubre de 1976 pero la investigación que llega a juicio estableció que en realidad había sido secuestrado.

lunes, 2 de diciembre de 2013

CCD y E : Comisaría de Cutral Co : Crudo relato de sobrevivientes de la tortura

Ayer declararon Tomasevich y Méndez Saavedra, quienes cargaron duro contra los acusados.

“Querían hacer de nosotros un trapo de piso”, afirmó Francisco Tomasevich con relación a las torturas físicas y psíquicas sufridas durante su detención ilegal en la Comisaría 14 de Cutral Co y en las cárceles de Neuquén y de Rawson durante la última dictadura militar.
Tomasevich declaró ayer en el tercer juicio oral y público contra cinco represores acusados de cometer delitos de lesa humanidad en la región, que se lleva a cabo en el Salón Verde de AMUC de esta ciudad.

Frente a Jorge Di Pasquale -ex jefe de Inteligencia del Destacamento 182-, el único de los cinco imputados presente en la sala, relató su detención ocurrida el 15 de junio de 1976 en el marco del Operativo Cutral Co, llevado adelante por fuerzas del Ejército y de la Policía provincial. En ese momento se desempeñaba como obrero de YPF. “Me sacaron de mi casa y me llevaron a la comisaría, donde me vendaron y me dieron picana y golpearon constantemente, sin tener tiempo de preguntar lo que pasaba”, explicó Tomasevich, quien recordó que quienes lo detuvieron “estaban con uniforme policial y de civil”.

Señaló que fue trasladado a la U9 de Neuquén y posteriormente a Rawson, donde reconoció a otros detenidos, entre ellos a Orlando Balbo, Ramón Jure, Carlos Kristensen, Sergio Méndez Saavedra, Guillermo Almarza, Orlando Cancio, Miguel Pincheira y Pedro Maidana. Afirmó que ahí los golpes “fueron terribles, inhumanos”.
Puntualizó que los familiares de los detenidos en la U9 se entrevistaban con el imputado en esta causa, Luis Alberto Farías Barrera, quien era jefe de Personal del Comando de la Sexta Brigada.
Tomasevich, quien en 1979 se exilió en Suecia -donde reside actualmente-, afirmó que “no hay que olvidar a los compañeros que quedaron en el camino, hay que hablar y decir la verdad para que se sepa lo que pasó, porque las dictaduras son crueles”.

Posteriormente, Sergio Méndez Saavedra relató las dos veces que fue detenido en forma ilegal en Cutral Co y sometido a torturas. La primera, el 14 de junio de 1976, fue llevado junto a Carlos Chávez -quien se encuentra desaparecido- a la comisaría de Cutral Co “donde Héctor Mendoza era espectador mientras nos golpeaban y torturaban”. Mendoza era el jefe de la comisaría y estaba imputado en esta causa pero fue separado por razones de salud.
Méndez fue trasladado a la U9, donde reconoció a otros detenidos como Pincheira y Jure. “Muchos han muerto y no pueden venir a hablar como yo”, aseguró.

Comentó que luego de un mes fue liberado pero “todos los días tenía un auto frente a mi casa que me vigilaba”. En la segunda detención, Méndez fue llevado al centro clandestino de detención “La Escuelita”, donde aseguró que estuvo “vendado todo el tiempo pero escuchaba las torturas”. “Durante 20 días fui torturado con picana en el cuerpo, en la garganta y en los testículos”, aseguró. Un mes después lo sacaron en auto y lo llevaron a una chacra en Plottier. “Me hicieron arrodillar, yo esperaba el sonido de la bala, pero me abandonaron allí”, dijo.
Recordó que cuando estuvo detenido en la U9 lo trasladaban al Comando, “donde ahora está Carrefour, ese era el lugar de tortura”.

La Escuelita III : Octavio Méndez responsabilizó represores porla desaparición de José Delineo

"Farías dijo que liberó a mi hermano, pero hace 37 años que no aparece"
Detalló el accionar conjunto de las fuerzas del Ejército, Policía provincial y Federal durante los secuestros del Operativo Cutral Co en junio de 1976.

 Dos sobrevivientes del Operativo Cutral Co brindaron detalles ayer ante el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén sobre el accionar de las fuerzas del Ejército, Policía provincial y Federal en esa localidad en junio de 1976.
En primer lugar declaró Octavio Méndez, quien tenía 15 años el 14 de junio de ese año, cuando fue detenido en la escuela secundaria donde estudiaba. Nombró al oficial Juan Vizcarra -también mencionadao el miércoles por Dora Seguel- como la persona que se presentó en la escuela para llevárselo hasta la Comisaría 14 donde estuvo detenido varias horas y fue torturado.
Méndez comentó que durante los interrogatorios a los que era sometido se le preguntaba por su hermano, José Delineo, quien estaba haciendo el servicio militar en el Regimiento de Junín de los Andes y que fue secuestrado ese mismo día y trasladado al Batallón de Ingenieros 181 de Neuquén.
Méndez recordó que, horas antes de su detención, la casa de sus padres había sido allanada. Al otro día, Octavio fue liberado en la comisaría de Plaza Huincul.
En relación con la detención de su hermano, señaló que en julio de 1976 el imputado Luis Alberto Farías Barrera, quien era jefe de personal del Comando de la Sexta Brigada, autorizó a la familia a visitarlo. "Mi hermano le dijo a mis padres que había sido torturado, sobre todo el 22 de junio, que era su cumpleaños", subrayó.
Luego de pasar por la U9, José Delineo fue trasladado al penal de Rawson. "Farías fue quien le informó  a mi madre que a mi hermano se lo había puesto en libertad y que él personalmente lo había llevado a Bahía Blanca junto a otros detenidos (Miguel Angel Pincheira, Javier Seminario y Orlando Cancio), todos continúan desaparecidos", relató.
"En ningún momento mi hermano estuvo en libertad. Incluso Farías Barrera le dio a mi madre un documento con membrete del Ejército que decía que a mi hermano lo habían dejado en libertad. Era mentira", relató. "Pasaron 37 años y todavía no llega. Uno termina pensando que está muerto, pero siempre espera que vaya a llegar", agregó.
A su turno, Pedro Maidana, también detenido el 14 de junio de 1976 en la ENET 1 de Plaza Huincul, declaró que  fue llevado a la comisaría 14 de Cutral Co donde fue golpeado y torturado con picana eléctrica y, luego, trasladado  junto a Dora Seguel, Miguel Pincheira, Luis Almarza, Sergio Méndez, entre otros, al Comando de la Sexta Brigada. Maidana tenía 19 años en el momento de los hechos, y estuvo secuestrado en los centros clandestinos de detención "La Escuelita" de Bahía Blanca y de Neuquén. Permaneció en varias cárceles del país (Rawson, Caseros y La Plata), hasta que en 1981 se le otorgó la "libertad vigilada".

"Estaban en estado deprimente"
Juan Uribe -quien era chofer de la Policía provincial a cargo de transportar a los detenidos en el Operativo Cutral Co hasta la U9- aseguró que algunos estaban “en un estado deprimente y golpeados". Uribe dijo que el vehículo era un Mercedes Benz 911 con 14 calabozos con cerrojos.
Recordó que se hizo presente en el Comando y desde allí partió una comitiva con vehículos del Ejército hacia Cutral Co, donde ermaneció cuatro horas en la puerta de la Comisaría 14 y se encargó de subir al celular a catorce detenidos. Aseguró que todos estaban con los ojos vendados, algunos golpeados y otros no.
Afirmó que era el único que tenía responsabilidad sobre lo que pasaba en el camión y que ningún otro oficial pudo ingresar a ese vehículo. Indicó que “no” había mujeres detenidas esa noche y, luego, a pregunta de los querellantes de la APDH, recordó que “habría unas tres”. Precisamente en la audiencia del miércoles, Dora Seguel dijo que fue secuestrada durante ese operativo y violada esa noche.

Pidieron archivos
El Tribunal solicitará al Ministerio de Defensa copias de los archivos de la dictadura hallados recientemente en el edificio Cóndor para ser incorporados a este juicio.
Piden no enjuiciar a Gómez Arenas

El defensor Pablo Matkovich solicitó al Tribunal que se lleve adelante una nueva junta médica para evaluar la capacidad de estar en el juicio del imputado Mario Gómez Arenas, ya que aseguró que su salud es “desfavorable”.
Indicó que su defendido no está bien de salud y que, cuando le habla, él mismo no lo entiende.
Los querellantes de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH) se opusieron a este pedido por calificar de "subjetiva" la apreciación del defensor de quien fuera jefe de Inteligencia del Destacamento 182. Las demás querellas requirieron ver los estudios realizados a Gómez Arenas.
El presidente del Tribunal, Leónidas Moldes, aclaró que, como esos estudios están en la Cámara de Casación, recién a su regreso podrá pasarles vistas.

domingo, 1 de diciembre de 2013

LA ESCUELITA III - Juicio Demorado :Víctimas de Operativo CUTRAL CO

Espera incansable
 
Neuquén > “Quiero decirles que si hoy estoy en este juicio es para honrar la desaparición de mi esposo, Miguel Ángel, y de los demás desaparecidos”, inició ayer su declaración Juana Aranda, la esposa de Miguel Ángel Pincheira, secuestrado durante el Operativo Cutral Co el 14 de junio de 1976.

Al describir el momento del secuestro, Aranda recordó que esa noche golpearon en su casa e ingresaron oficiales de las “Fuerzas Armadas con ametralladoras”, acompañados por un vecino que pedía disculpas. “Mi marido estaba con nuestro hijo y me pedía que me tranquilizara, me aseguraba que no iba a pasar nada”, describió.

En la comisaría de Cutral Co le dijeron que lo habían trasladado a Neuquén. “Fue Farías Barrera quien me dijo que lo podía ver en la U9; lo vi dos sábados seguidos y el tercero ya no estaba”, aseguró.

La testigo confirmó que Farías Barrera la recibió en varias oportunidades y que le expresó que su marido “era un pobre perejil, que tenía que saber dónde estaba Oscar Hodola”, otro de los secuestrados en el operativo. Luego le indicaron que lo habían trasladado al penal de Rawson, donde el 16 de octubre de 1976 lo vio por última vez.

“Farías me presentó un papel donde decía que mi marido había quedado en libertad y que me quedara tranquila que ya iba a llegar”, contó.
Más tarde fue a buscar al mayor Oscar Reinhold a su casa de Bahía Blanca, quien le confirmó que “había estado a cargo de él y que le había dado la libertad. Le expliqué que nunca había llegado a casa y me contestó ‘se habrá ido con otra mujer’”.

viernes, 29 de noviembre de 2013

Testigo que no había declarado por dudas que los represores cumplan las condenas

El testigo Norberto Blanco dijo hoy que se decidió a declarar en el tercer juicio en Neuquén por crímenes de lesa humanidad porque "lo merecen" los asesinados y quienes lucharon "por los derechos humanos durante estos 37 años".

Sobreviviente del centro clandestino de detención "La Escuelita", Blanco no había declarado en los dos juicios anteriores debido a una salud quebrantada y también, explicó, por dudas sobre que los "represores cumplan con la condena que les impongan".

En su exposición ante el Tribunal Oral Federal 1, recordó que tras ser detenido en agosto de 1976 permaneció vendado y encadenado a una cama por unos diez días, en los que fue interrogado bajo torturas con picana eléctrica y golpes.

"Después de la picana sentía en la boca, la lengua y el paladar una especie de pasta que me impedía hablar", declaró en el juicio contra cinco represores imputados por delitos de lesa humanidad.

En diálogo con la prensa, Blanco señaló que "tuve mis dudas para presentarme a declarar porque tengo dudas de que estos represores cumplan con la condena que les impongan si cambian en un plazo determinado las condiciones políticas".

"Lo hice porque se lo merecen los compañeros que han militado conmigo (integraba en 1976 la juventud del Partido Comunista) y fueron asesinados y que ya no están, más allá de lo que me pasó a mí, y también por la gente que ha luchado por los derechos humanos durante estos 37 años", añadió.

Blanco consideró que que "estos procesos para la Argentina son muy positivos pero en la sociedad no han tenido la repercusión que se merecen".

El testigo expresó además que "esto puede volver a repetirse porque subsisten aún los factores de poder y las causas económicas que generaron la matanza de los años de la dictadura".

"Quienes manejaron siempre el país, la oligarquía, las corporaciones mantienen su poder económico y cuando se quiso aplicar las retenciones, la Sociedad Rural salió a cortar rutas y a mostrar su poder y consiguieron los jueces necesarios para impedir su aplicación y también lo hicieron con la ley de medios".

Blanco estimó que "esto pasa más allá de que tengamos un gobierno que quiere hacer algunas reformas que posibiliten una mejor distribución de la riqueza, un mejor acceso de las clases populares a la educación o a la vivienda".

En esta audiencia dio además su testimonio Edgardo Kristensen, quien también fue detenido en 1976 y estuvo secuestrado en "La Escuelita".

En su exposición, relató que su hermano Carlos permaneció detenido en la cárcel de Rawson y en 1979 tuvo la opción del exilio en Dinamarca, donde falleció en 1996.

Carlos Kristensen se destacó como un hombre de la cultura y las letras y por esa razón se incorporó como prueba documental en el juicio uno de sus libros, titulado "Salmos del Exilio", donde refleja en poesías la crudeza de la represión y del exilio sufrido junto a su familia.

viernes, 15 de noviembre de 2013

Testimonios de víctimas con contundentes datos y pruebas contra los represores

Testigo afirmó que “en la Policía Federal se hacían los interrogatorios"

"Los gritos de los torturados eran como de animales desesperados”, sostuvo Orlando Balbo al declarar en la causa de los prófugos por delitos de lesa humanidad.
Neuquén > Con la presencia en la sala del Tribunal Oral Federal de Neuquén de Jorge Di Pasquale, uno de los cinco imputados de este tercer juicio por delitos de lesa humanidad, declararon ayer por la mañana Orlando Balbo y Silvia Barco de Blanco.

Balbo comenzó su declaración señalando que tuvo que ir a notificarse a la Policía Federal de concurrir a la audiencia que se realizó ayer, precisamente a escasos metros de la habitación en la que sufrió torturas luego de ser detenido de su casa el 24 de marzo de 1976  por un grupo de civiles armados encabezados por el agente de Inteligencia Raúl Guglielminetti. “Entré por la misma puerta donde fui torturado”, dijo el ex dirigente de ATEN.
Relató que se sorprendió por el despliegue “inusitado” que había en la cuadra de su casa durante su detención, “civiles con armas y escopetas parapetados detrás de árboles y autos”, describió.
Precisó que fue trasladado a la delegación de la Policía Federal, ubicada en la calle Santiago del Estero, donde fue golpeado y torturado con picana eléctrica, ahogamiento con una bolsa de nylon, golpes en los oídos que lo dejaron sordo, sesiones encabezadas por Guglielminetti y en las que también estuvo el “Perro” González, director de la delegación. “Nadie que haya estado en la Policía Federal podía ignorar lo que pasaba ahí porque los gritos de los torturados eran como de animales desesperados”, enfatizó.
Además señaló que fue llevado a la Unidad Penitenciaria 9 donde estuvo unos diez días hasta que nuevamente Guglielminetti se lo llevó a la Policía Federal. Balbo afirmó que “tenía terror que me dejaran en la Policía Federal porque ahí las torturas eran terribles, en la U9 estaba a salvo”.
 
"De gusto"
Luego de una de las sesiones de tortura, Balbo quedó en una sala donde, según su testimonio, había una persona de civil comiendo pollo con puré, que le dice “te estás haciendo pegar de gusto”.
  Ante las preguntas del Tribunal y de las querellas, Balbo no pudo precisar si esa persona era Jorge Alberto Soza, segundo jefe de la delegación, imputado en la causa. “Cuando vi sus fotos en los diarios pensé que podía tratarse de él, pero no puedo asegurarlo”, sostuvo y recordó que “se hacía el bueno, pero no era un subordinado, un subordinado no come delante de un secuestrado”.
Balbo también mencionó a otro de los imputados, Luis Alberto Farias Barrera, jefe de Personal del Comando de la VI Brigada, quien estaba presente cuando fue trasladado en avión junto a otros detenidos a la cárcel de Rawson. Además aseguró que Farías Barrera atendía a sus padres que iban a buscar información sobre su hijo. “Siempre les daba una versión diferente y los hacía ir a todos lados”.
Luego Balbo pudo exiliarse en Italia, donde vivió seis años. “Las marcas que yo tengo en el cuerpo por las torturas son marcas que le dejaron a la sociedad”, finalizó. 
Denuncian violaciones en cautiverio
 

Neuquén > Dora Seguel, secuestrada durante el Operativo Cutral Co, relató los golpes y amenazas que sufrió en la Comisaría 14 de esa localidad. Además, identificó a la Policía Federal como la fuerza que se llevó ilegalmente de su casa a su hermana Arlene, quien sigue desaparecida, y desde la casa de un familiar a su hermana Argentina.
A Seguel la secuestraron en el CEM 6 cuando tenía 16 años. En el celular que la transportó identificó al represor Oscar Reinhold.

Aseguró que fue violada por uno de los tres oficiales que estaba en la comisaría durante los interrogatorios. “Estaba el comisario (Héctor) Mendoza, un militar, y otra persona que estaba vestida de civil y él fue quien me violó", confirmó.

Le preguntaban por las amistades de su hermana Arlene e intentaban que admitiera que tenían armas. Le hicieron firmar un documento donde se la pasaba a disposición de la U9. Atada de manos y con los ojos vendados, pasó la noche en un camión policial con pequeños calabozos, donde identificó a las víctimas Miguel Ángel Pincheira y Carlos Chávez.
En la U9 se encontró con su hermana Argentina y ambas fueron trasladas en avión junto a otros detenidos a Bahía Blanca. "En un momento durante los interrogatorios sentí que Argentina gritaba mucho, pienso que ahí fue cuando la violaron, además por las groserías que se escuchaban", recordó la mujer, quien denunció que durante un nuevo traslado volvió a ser violada por otro hombre. Ya en el centro clandestino de detención La Escuelita de Bahía Blanca, Dora escuchó por última vez la voz de su hermana Arlene.

También declaró Juan Carlos Maidana, quien fue detenido en su vivienda en el mismo operativo por personal del Ejército.
Al final de la audiencia, el tribunal informó que admitieron el pedido de la querella del Ceprodh de incluir en el proceso el informe del Ministerio de Defensa Nacional sobre los documentos recientemente encontrados de la última dictadura militar.